La democracia española está siendo sometida a una dura y terrible prueba. Si la supera, tendremos democracia para cien años. Si fracasa, el desastre autoritario puede extenderse por toda la UE. La situación es dramática. Pero nada está perdido todavía para la sociedad civil española más desarrollada desde el punto vista moral y democrático. Dicho en corto y por derecho, las movilizaciones ciudadanas de esa sociedad civil en defensa de la democracia nos han enseñado algo relevante en la conciencia social europea. Ha enseñado a los españoles y europeos quién es el principal responsable de la posible desaparición de la democracia. Nadie en España y en Europa duda de quién sería el principal culpable de la muerte de la democracia en España. He ahí el principal patrimonio de los defensores de la democracia. Eso no sólo lo saben los partidos democráticos y más de noventa (90) organizaciones sociales, que se oponen frontalmente al cambalache antidemocrático de Sánchez con veintidós (22) partidos políticos radicales y extremistas, o sea que desprecian la nación democrática, sino la mayor parte de la sociedad civil española. El mundo entero sabe que socialistas, comunistas y secesionistas sólo creen en el sistema democrático nada más que para liquidarlo.
Y es que la democracia, jamás se olvide esta sutileza política, siempre camina con su contrario bárbaro: el totalitarismo. O vence una o nos mata el otro. Democracia y totalitarismo son dos caras de una misma moneda. La democracia es un complejo y frágil sistema político que separa radicalmente la esfera del poder del ámbito de actuación del conocimiento y, por supuesto, no quiere interferir en el mundo del derecho, mientras que el totalitarismo es un régimen que confunde permanentemente el poder con el "conocimiento" y la "ley", es decir, el poder determina el "pensamiento" para convertirlo en ideología y transforma la justicia en general, y la ley en particular, en el derecho del más fuerte. El control absoluto del "pensamiento" y la "ley" es el objetivo último del totalitarismo en general, y el del autoritarismo de Sánchez en particular. Los objetivos está claramente trazados por los socialistas, los comunistas y los secesionistas, pero están lejos de haberlos conseguidos todos. Aún hay grandes grupos humanos dispuestos a no dejarse arrebatar su capacidad crítica de pensar y otros a defender que el derecho es de todos y no del más fuerte. Aún hay instituciones democráticas dispuestas a defender el Estado de derecho y a pasar de una democracia defensiva a otra más amplia e integradora. Aún hay fuerzas democráticas en el seno de la sociedad española.
El debate de la investidura de Sánchez ha demostrado algo que sospechaba el mundo entero, después de las últimas tropelías cometidas por un Gobierno en funciones, cuya expresión más deplorable es, sin duda alguna, hacer exactamente lo contrario de lo que le exige la Constitución: la defensa y ampliación de la democracia. No se trata sólo de que el PSOE, el principal partido en el Gobierno de España, no cumpla lo prometido en la campaña electoral, a saber, que jamás pactaría con los delincuentes y fugados catalanes de la justicia española, sino de algo mucho más grave y por lo que Sánchez podría ser llevado a los tribunales superiores de justicia de la UE: alta traición al Estado democrático español. El PSOE, o mejor dicho, el Gobierno de España, llevaba negociando con un fugado de la justicia desde marzo de 2023 al margen de todos los canales del Estado de derecho y la democracia. El gobierno de Sánchez, sí, ha estado traicionando, de entrada, su función más sagrada: la defensa de la democracia. No tiene otra función superior la institución del Gobierno. La renuncia a ejercerla, o peor, el pretender engañar a la ciudadanía con negociaciones secretas con los enemigos de la democracia, y con subterfugios de corte aritmético, como la "dictadura del número o los votos", o con mentiras flagrantes, expresadas en la chabacana frase "o gobierno yo o el caos", y cosas de ese tenor totalitario, entre las que destaca, el arrogarse una superioridad moral de la que carece, nos conduce a un gobierno de carácter autoritario. Una dictadura.
La reducción de las sutilezas complejas de un sistema democrático a una mera suma de votos de ideologías y acciones políticas sin otra homogeneidad que el odio, el resentimiento al partido ganador, termina con las claves de la democracia, o sea, con los procesos de deliberación y ejercicio de la opinión pública-política, la división de poderes, la autonomía del poder judicial, los sistemas de autolimitación en el ejercicio del poder, etcétera, etcétera. La suma de votos de fuerzas políticas diferentes, aunque el objetivo fundamental de la mayoría de ellas sea la destrucción de la unidad nacional, termina con la democracia. Por todo eso, la investidura de Sánchez, lejos de defender y expandir la democracia, implica un paso decisivo hacia un golpe de Estado institucional para acabar con ella. Bildu, Junts y ERC, por un lado, quieren destruir la unidad nacional y el PSOE y los comunistas, por otro, pretende salvarse con esas ayudas. Un imposible. Pero, si alguien necesitase una prueba evidente del ataque de Sánchez al sistema democrático, vea la propuesta (han evitado el término proyecto por sus consecuencias jurídicas) de ley para amnistiar a los delincuentes del proceso separatista catalán de 2017.
Ese bodrio jurídico y político pretende amnistiar a quienes querían y, lo que es peor, aún persisten en acabar con el régimen democrático español. Junts lo ha dejado claro en la sesión de investidura del día 15 de noviembre: o independencia de Cataluña o desaparece el gobierno de Sánchez, o sea, o muere el sistema democrático de la nación española o nada. Bildu tampoco se ha quedado atrás en las amenazas: la representante del brazo político de ETA, tirando de su larga experiencia amenazadora en la banda criminal, le ha dicho a Sánchez que o cumple lo pactado en secreto con ellos o lo dejarán caer… Y qué decir de ERC, lo de siempre, quiere destruir también la unidad de la nación, es decir, la democracia. Sí, el asunto es claro. El gobierno de Sánchez, que debiera defender la democracia de grupos extremistas, de individuos y agrupaciones que quieren terminar con el régimen democrático y, naturalmente, con la monarquía parlamentaria, acuerda y pacta con ellos, a veces de modo público y otras en secreto, la formación de un gobierno para derribarla.
El camino recorrido y por recorrer de Sánchez tiene diferentes nombres. El fenómeno puede estudiarse bajo diversos epígrafes en los manuales de teoría política y derecho constitucional, pero ninguno de ellos excluiría su vínculo con la lección principal del temario: "Golpes de Estado. Historia y tipología". El gobierno de Sánchez estaría llevando a cabo una demolición sistemática de la democracia, especialmente con la presentación en las Cortes nacionales de una ley de amnistía que, según han analizado ilustres juristas, historiadores, politólogos, periodistas y otro ciento de actores y agentes intelectuales, no sólo es absolutamente inconstitucional, sino que constituye un ataque frontal a la democracia. Esta futura ley no solo borraría todos los delitos de los secesionistas catalanes, desde el año 2012 hasta 2023, sino también perseguiría a quienes los juzgaron de acuerdo a la leyes vigentes de nuestro Estado de derecho. Jueces y fiscales que juzgaron a los delincuentes podrían ser perseguidos. En realidad, todas las instituciones que defendieron la democracia pasarían a ser perseguidas. El monarca con su discurso a favor de la democracia, que paró la locura de 2017, y todos los españoles que salimos a la calle a defender la Nación podríamos ser perseguidos por el gobierno de Sánchez que acepta todas las demandas secesionistas.
El comportamiento del gobierno en funciones de Sánchez con su negociación y entrega a los grupos extremistas y secesionistas ha puesto en alerta no sólo a las grandes instituciones del Estado español, especialmente a las que también tienen por función más sagrada, como la institución del Gobierno, la defensa del Estado derecho y el sistema democrático, sino también a los organismos de la Unión Europea que tienen por objetivo fundamental defender el régimen democrático. No es de extrañar que el Consejo General del Poder Judicial, por un lado, haya advertido del riesgo de inconstitucionalidad y deriva totalitaria de la democracia española si saliese adelante la ley de amnistía; y, por otro lado, parece normal que el Parlamento de la UE debata el próximo miércoles la situación del Estado de derecho en España. ¿Cómo la propia UE puede soportar algo que sabe el mundo entero gracias a las grandes movilizaciones populares contra los cambalaches sanchistas? ¿cómo encajar en el seno de la UE que su actual presidente (sic) estaría dando un golpe de Estado institucional en su Nación, España?
En este contexto, resulta normal que estén en estado de alarma todas las instituciones españolas y europeas defensoras de la democracia. Necedad sería decir lo contrario. La situación política española es trágica, porque la pieza clave del Estado de derecho, el Gobierno de la Nación, que debería defender la democracia, está comportándose como todos los grupos radicales (poco importa que ahora le llamemos neocomunistas, secesionistas, nacionalistas y bildu-terroristas), a saber, apela a la libertad de la democracia sólo de modo estratégico con la única finalidad de convertirlo en un régimen autoritario o totalitario. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, llevaba negociando con el grupo golpista de Puigdemont, desde marzo de 2023, según sus propias declaraciones, para cambiar amnistía por una investidura. La noticia es terrible, pero sitúa al PSOE al margen de las instituciones democráticas. A Sánchez y Cerdán se les podría juzgar por alta traición a su nación por estar negociando con prófugos y huidos de la justicia antes, mucho antes de las elecciones, la caída y derrocamiento del régimen democrático de 1978.
La radicalización del PSOE conduce a este partido al precipicio totalitario: confunde su poder con el derecho y, además, quiere que el "conocimiento", la "sabiduría", legitime la identificación totalitaria de poder y "derecho". No quiere reconocer la autonomía de la justicia. He ahí la cuestión decisiva: el PSOE, partido en el Gobierno de la nación, se comporta como un grupo radical. Así las cosas, ¿cuáles son las instancias que deciden y, sobre todo, cuáles son los criterios, si se trata de una actitud meramente estratégica y cínica con la democracia, para combatir el comportamiento de Sánchez? Varias son las instancias a las que podemos recurrir y diferentes son también los recursos jurídicos, sociales e intelectuales que nos ofrece aún nuestro régimen democrático. Pongámoslo en funcionamiento. Más aún, me atrevería a lanzar una tesis: si la democracia española le gana a Sánchez y a todos sus compinches, podría ser un modelo ejemplar de régimen democrático en la UE. La salvación no vendrá de la capacidad crítica de la Universidad, absolutamente colonizada por el poder socialista. En esta terrible crisis está comportándose como si no existiese. Solo podemos contar con algunos comunicados crítico de unas pocas Facultades de Derecho. Por el contrario, el mundo de la judicatura y de los altos funcionarios del Estado ha reaccionado con determinación y seriedad contra el proyecto de ley de amnistía. Pero es sobre todo la ciudadanía movilizada, los españoles que quieren más y mejor democracia, en la calle, los millones de personas resistiendo las acciones represivas del gobierno de Sánchez, nuestra mejor esperanza.
El movimiento de protesta pacífica en favor de la democracia es un asunto muy serio. Esto no es una vulgar "bronca". Es un movimiento ciudadano de carácter nacional contra Sánchez, líder de un grupo golpista, por subvertir el orden constitucional. Las cosas son muy claras. Y no me entretendré en explicar lo obvio, como desearían todos aquellos que utilizan el vocablo "bronca" para ocultar la protesta ciudadana que exige la dimisión del Gobierno de Sánchez y nuevas elecciones generales. Quienes utilizan, pues, el término bronca para referirse a la mayor movilización ciudadana en favor del Estado de derecho y la democracia que se ha dado en las últimas décadas en España, deben ser descalificados como aliados de los golpistas. La Vanguardia es uno de los periódicos, entre unos cuantos, más representativo en la utilización perversa de la palabra bronca, o sea, es un paradigma de la actual prensa golpista. El otro es, naturalmente, El País. Ese tipo de prensa no es, sin embargo, la más dañina en estos momentos porque, al fin, cualquier persona ilustrada sabe de la maldad moral congénita que define a esos medios. Los peligros más graves, desde el punto de vista intelectual, vienen de la llamada prensa amiga de la democracia, porque permite, como es su obligación moral, que se expresen todo tipo de opiniones a favor y en contra del gobierno golpista.
Sospecho que en esos rotativos, o digitales, defensores de la democracia aparecerán pocas columnas y tribunas a favor del gobierno de Sánchez, pero habrá muchas de carácter melifluo, escondidas bajo el escudo de la objetividad, que se resistirán a utilizar el lenguaje del sentido común, o sea democrático, y no hablarán de golpe de Estado, ni de subvertir el orden constitucional, ni de que todas las asociaciones de jueces y fiscales han denunciado por inconstitucional el proyecto de ley de amnistía, ni de las mentiras flagrantes de Sánchez y su gobierno, ni de la represión brutal de los pretorianos de Marlaska contra los ciudadanos que protestan en la sede del PSOE por sus acciones golpistas. A partir de ahora, sí, empezarán a brotar por todas partes, repito, melifluos periodistas que no se atreven a decir lo que el sentido común dicta y los demócratas gritan por todas partes: la ley de la amnistía prometida por Sánchez a los golpistas es la canalización fundamental del atentado contra el Estado de derecho y la democracia.
Sánchez ha conseguido, pues, su investidura a costa de la democracia española, o sea, de su pacto contra grupos que sólo pretenden su desaparición. Pero nadie busque soluciones fuera de España. Mientras aquí no haya una seria respuesta a Sánchez, nadie nos hará caso en Europa. Aunque no es baladí cómo responderá Europa al verse chantajeada, amenazada e intimidada por uno de los gobiernos de ese selecto club de países democráticos, que además, se dice pronto, ostenta la presidencia de la Unión Europea. A pesar de todo, hagámonos cargo del suplicio democrático por el que deben estar pasando los ejecutivos de la UE, porque su presidente, el encargado de la gobernanza de la Casa Común Europea, durante medio año y por azar, está dando un golpe de Estado en su país. Aunque quizá todo ese amplio grupo de políticos profesionales, entre los que incluyo comisarios, burócratas, ejecutivos e incluso muchos parlamentarios europeos, no sufra demasiado, porque aún no se han percatado de que la represión bolivariana ejercida por Sánchez en España está siendo trasladada, extendida y y aplicada con delectación y sutileza a la organización que él ahora preside por azar. Si fuera cierto que Europa mira para otro lado, si en verdad la casta política que puebla las instituciones de la UE aún no se ha enterado de que España, el gobierno de Sánchez, es sólo el primer destino del comunismo bolivariano en Europa, entonces sería para dedicarnos a la protección del lince ibérico. Esperemos que Europa no se quede con los brazos cruzados, mientras se fractura España y desaparece su Estado de derecho.
Pero no desesperemos. Persistamos en la denuncia. Denunciemos a grito pelado que el proyecto de ley de amnistía no es sólo una compra de votos de los delincuentes catalanes y los exterroristas de ETA, sino también el intento por instaurar un régimen despótico basado en la venta de impunidad por apoyo político. Es decir, muerte de la política y elevación de la inmoralidad al altar mayor de un reino de taifas sin seso. He ahí la otra columna vertebral del totalitarismo: la imposición de un régimen político sin moralidad alguna. Sigamos denunciando que Sánchez está dando un golpe de Estado valiéndose de todas las instituciones españolas y europeas. Y persistamos sobre todo en la solución: la sociedad civil por un lado, y los partidos políticos de la Oposición por otro, son los principales baluartes de la democracia. La sociedad civil debe seguir movilizada sin descanso y a todas horas en la calle. El PP y VOX deben intensificar su trabajo en el Parlamento y en el Senado, además de coordinar las reivindicaciones de todas las Comunidades Autónomas contra un gobierno sin legitimación que pretenden romper la unidad nacional dividiendo España en tres trozos. Insistamos en las posibilidades de la vía jurídica, especialmente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, para detener la locura secesionista del autoritario Sánchez.
Exhortemos a que los partidos políticos democráticos redoblen sus esfuerzos e inteligencia para enfrentarse no sólo a la dura represión que ha impuesto Sánchez en estos años, sino también a la persecución que ya ha iniciado contra jueces, fiscales, periodistas, profesores y, en fin, contra todo ciudadano de bien que se atreva a llamarle por su nombre: dictador. La demencial represión policial que está llevando a cabo, en los últimos días, contra los manifestantes que protestan en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, nos da una idea de lo que se nos viene encima: sangre, sudor y lágrimas. Y, sin embargo, tengo la sensación de que vamos a ganar, y la democracia, el sistema democrático español, podría ser un modelo para vencer la tentación totalitaria de los socialistas y los secesionistas, dos fuerzas políticas radicales moribundas, que apelan estratégicamente a la libertad de la democracia para instalar un régimen dictatorial. Si la democracia liberal española vence, no lo duden, habrá acabado con dos "muertos vivientes", dos enemigos terribles de la democracia: el socialismo-comunista y el nacionalismo separatista. Y eso, sí, solo se logrará con tesón, inteligencia y resistencia ciudadana.