
Lo más preocupante de la reciente andanada socialista en España contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y la separación de poderes es que no es un fenómeno aislado dentro del panorama internacional. Pedro Sánchez no es más que uno de tantos dignatarios de izquierda y de derecha que tratan de tapar la boca a los críticos. Sin embargo, es tal el prestigio del concepto liberal del derecho de decir y escribir lo que uno considera justo y correcto, así como de criticar a los que ejercen el poder, que los socialistas, de Joe Biden a Maduro, de los sátrapas cubanos a los tiranazuelos nicaragüenses, no se atreven a hacerlo directamente, como hacían Lenin y Fidel Castro, sino que tienen que inventarse fórmulas subrepticias para legitimar la liquidación del espíritu recogido en la Primera enmienda a la Constitución norteamericana que siempre es bueno recordar, pero todavía más en un momento en el que un expresidente español, que se autodenomina "progresista", ejerce de asesor áulico de un dictador hispanoamericano, al que venden como "popular":
El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.
Pues nada menos que en Estados Unidos es donde se está librando la gran batalla por la libertad de expresión y de prensa por un grupo de aguerridos académicos liberales contra los autodenominados "progresistas" que pretenden imponer un clima de censura e intimidación. Los intelectuales liberales se agrupan alrededor simbólicamente de la Universidad de Chicago, el gran bastión élfico de la libertad académica contra los ataques de los orcos canceladores. Su Declaración de compromiso con la libertad de expresión debería ser asumida por cualquier universidad que se precie de ser eso, una universidad, y no un nido de sectarios, una atalaya de dogmáticos, una trinchera de siervos. En el otro campo, el de los amigos de la censura políticamente correcta se encuentra, por ejemplo, el candidato a la vicepresidencia del bando de Kamala Harris, Tim Walz, que se ha declarado subrepticiamente enemigo de la libertad de expresión:
No se garantiza la libertad de expresión sobre la desinformación o la incitación al odio.
Observen la trampa retórica y política de Walz, porque ¿quién establece qué es desinformación e incitación al odio? Evidentemente, políticos como Walz y jueces nombrados por Walz. "Quis custodiet ipsos custodes?", susurra en nuestros oídos una vez más el romano Juvenal. ¿Quién vigila a los que se erigen en vigilantes al estilo de Walz, López Obrador, la Comisión Europea o Maduro?
Mientras Pedro Sánchez copia lo peor de la Segunda República introduciendo la posibilidad de la censura y el ahogamiento económico de los medios que no sean afines, se prepara imitar la conversión de México en un Estado sin separación de poderes, ya que López Obrador va a hacer que los jueces sean elegidos por voto popular. Lo que es muy democrático si consideramos que la sentencia a muerte de Sócrates por un jurado popular es la encarnación del principio de que el poder tiene que ejercerlo directamente el pueblo. Este populismo judicial no es más que el último eslabón del populismo político, con el que el Ejecutivo trata de controlar torticeramente al Legislativo, y el populismo mediático, para tener el monopolio de la desinformación y la propaganda. La amnistía a los golpistas, las denuncias de un presunto "lawfare" de los jueces contra el sanchismo, el desembarco en los medios públicos de periodistas títeres de Ferraz y, ahora, una ley contra los desafectos en los medios de comunicación respecto al régimen sanchista, establecen el marco de las directrices emanadas del Grupo de Puebla, un foro en el que políticos e intelectuales de izquierda diseñan y preparan el enésimo asalto a las democracias liberales. Ya no con el terrorismo (tipo Baader-Meinhof o Brigadas Rojas) o la revolución (véase Cuba o Nicaragua), sino mediante la parasitación desde las propias instituciones liberales, a las que van carcomiendo, pudriendo y destruyendo desde dentro (al estilo de la dupla Maduro-Zapatero de la que Sánchez es mera excrecencia). Fundada en 2019, los integrantes de Puebla se autodenominan como "progresistas" para tratar de ocultar que son legatarios de la izquierda violenta, por un lado, así como sus vínculos actuales con las dictaduras que sobreviven a la debacle comunista de finales del siglo XX. Pero se declaran progresistas como se postulan de madridistas los integrantes de Ultrasur, cuya única vinculación con la entidad deportiva es para conseguir una vía de escape a su afán destructivo, nihilista y mercenario.
La agenda de Puebla consiste en realidad en tener el poder, por el poder y para el poder. O, dicho de otro modo, tener todo el poder para poder seguir manteniendo todo el poder y, de esta manera, ejercer todo el poder. Es puro decisionismo schmittiano según el cual el poder se legitima únicamente por sí mismo, sin necesidad de verse constreñido por cuestiones políticas como la de justicia o epistemológicas como la de la verdad, mucho menos éticas como la de libertad. Por esto, Sánchez no es que mienta, es que niega la misma distinción entre verdad y falsedad en la que se fundamenta cualquier régimen de libertad.
De México a la Argentina peronista, donde los Kirchner impusieron una "Ley de Democratización de la Justicia" que es el precedente del asalto al independiente sistema judicial por parte de López Obrador en México, pero también de lo que trata de hacer Sánchez con los medios de comunicación, que podría denominarse "Ley de Democratización del Periodismo". Para tenerlo más claro, sustituya "democratización" por "sanchiziación" y verá todo el proyecto perpetrado por los socialistas de Puebla en todo su esplendor tenebroso y pestilente.
Este socialismo del siglo XXI que está arrasando Hispanoamérica se ha adueñado del socialismo español con el triunfo de Zapatero y Sánchez sobre la vía del socialismo ilustrado representado por Borrell o García Page. En América resiste únicamente dentro de la izquierda el presidente de Chile, que ha levantado la voz denunciando a Maduro como dictador mientras que Zapatero sigue aconsejando, y seguramente cobrando, a Maduro sobre la mejor manera, en el sentido de artera, de explotar y aplastar al pueblo venezolano. Zapatero es la consagración de la retórica populista: cuanto más abyecto es su objetivo, más cursi es su discurso y más empalagosa su defensa de valores nobles. El "bobo solemne" que describió Rajoy en su perfil más certero del socialista se ha revelado como un mercenario sin escrúpulos que dijo querer dedicarse a supervisar nubes cuando en realidad aspiraba a ser el planificador del campo de concentración en el que ha convertido a Venezuela mientras van y vienen maletas de Delcy Rodríguez y amenazan de muerte al legítimo presidente de Venezuela, Edmundo González.
Este asalto al poder judicial y al cuarto poder de facto que descansa en los medios de comunicación no es, de todos modos, el último eslabón en el control por parte de la izquierda de todo el poder. Explícitamente en México y subrepticiamente en España queda el más peligroso de todos los controles por parte del Ejecutivo: el de la policía y el Ejército reconvertidos en Fuerzas del Orden Ideológico. En México, López Obrador trata de que toda la seguridad ciudadana recaiga bajo el total control de las fuerzas militares, una organización mucho más supeditada a la obediencia que la propia policía. Pero es que en España estamos viendo cómo las fuerzas de seguridad del Estado, desde la policía a la guardia civil, se erigen cada vez más en guardianes de la ideología "progre" de Sánchez y Marlaska con mensajes moralistas que van mucho más allá de la labor de estricta vigilancia. Se están convertiendo en policías del pensamiento, guardianes de la moral pública y defensores del statu quo político del ministro Marlaska, que parece creerse el Sumo Sacerdote de una cruzada ideológico-policial.
Del mismo modo que López Obrador maniobra para devenir Emperador laico de la república mexicana, una vez destruida la independencia del poder judicial y militarizada la sociedad a través de la figura del todopoderoso Comandante Supremo del Ejército, Pedro Sánchez tiene un plan: no derrocar la Monarquía, siendo la única institución estatal que todavía resiste a su poder omnímodo, sino convertirse él en rey de facto, pero no al modo constitucional, limitado y controlado, de Felipe VI, sino al teocrático y absoluto de su admirado, y diríase que entregado de pies y manos (véase el Sahara), Mohamed VI. En la historia de nuestro país hemos tenido un rey de Castilla llamado Pedro I, de sobrenombre El Cruel. También un Pedro II de Aragón, conocido como El Católico. Podemos ir ensayando propuestas para designar a quien sueña con ser Pedro I de lo que quede de España.