Contó Francisco Largo Caballero en Mis recuerdos que, tras ser elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid por Chamberí, iba siempre junto a Pablo Iglesias, también edil municipal. Tan así era, y dada la escrupulosidad de su comportamiento, dice, fueron apodados por el alcalde Alberto Aguilera como la "pareja de la Guardia Civil". Curioso es que hasta el Lenin español admitiera cierta ejemplaridad moral en un Cuerpo que se propuso disolver desde 1933.
Desde el XIII Congreso socialista de 1932, tanto Largo Caballero como Indalecio Prieto pretendieron la disolución de la Guardia Civil por considerarla una fuerza antisocialista al servicio de la burguesía. Tras el golpe de julio de 1936, se recogieron estas palabras de Largo Caballero: "Sí, cometimos muchos errores, pero uno de los más graves fue el de la Guardia Civil,.. y eso que ya lo llevábamos en nuestro programa. Porque mientras haya Guardia Civil no habrá socialismo revolucionario... Yo, ahora lo veo claro, hay que suprimir a la Guardia Civil o dominarla".
La izquierda en su conjunto, sobre todo la que durante mucho tiempo se empeñó en una revolución social fuera de la ley y por la violencia, siempre consideró a la Guardia Civil como enemiga de "clase", cuando, en realidad, el Instituto armado siempre fue fiel a la legalidad vigente y a la autoridad competente. Otra cosa son los abusos ordenados y los métodos consentidos por quienes gobernaban o influían en los gobernantes y que popularmente se atribuían siempre a la supuesta "brutalidad" de los guardias civiles.
Desde la famosa expresión despectiva "desertores del arado" (esto es, jornaleros fugados al tricornio de charol de los "pobretones", la expresión es de Emilia Pardo Bazán y la aplicó a la viuda de un guardia civil) a la admiración por los versos con los que Federico García Lorca[i] denunció su actuación represiva en el Jerez de la Frontera de 1923, pasando por los viajeros, sobre todo ingleses (siempre detrás la "vieja raposa de Occidente") que identifican a la Guardia Civil con el paisaje español, la rigidez moral, el franquismo, la dureza de sus procedimientos y la antidemocracia, todos ellos reflejan las emanaciones ideológicas de las izquierdas.
Mucho antes de Franco y de que la Guardia Civil fuera conformada por nuevo régimen victorioso tras la Guerra Civil, en el PSOE y en la izquierda comunista se planteó la disolución de la Guardia Civil. Largo Caballero acusó en repetidas ocasiones al Instituto armado de la persecución de los socialistas a partir de que el centro derecha ganara las elecciones en 1933. Indalecio Prieto propuso la disolución del Ejército y la Guardia Civil para ser sustituidos por milicias "democráticas". Lo mismo pidió después la FAI de Buenaventura Durruti.
El 4 de marzo de 1936 el PCE propuso al PSOE confiscaciones de tierra a gran escala, la nacionalización de las grandes industrias, la banca, los ferrocarriles y el transporte, importantes reformas sociales, la «liberación nacional» de Cataluña, el País Vasco y Galicia, la liberación inmediata y sin restricciones del Protectorado de Marruecos y la disolución del ejército, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto entre otras medidas.
En realidad, la idea de la creación de lo que luego fue la Guardia Civil fue de un liberal, el Duque de Ahumada, padre del inspirador final del Cuerpo, en 1820 que pretendía la defensa eficaz de la vida de las personas y de sus propiedades. Poco después de su fundación en 1844 fue empleada a fondo por los gobiernos contra el carlismo y desde entonces (1854-56, bienio progresista), se ha intentado disolverla aduciendo su obediencia a gobiernos de los partidos adversarios.
Pero su estudio detenido arroja siempre una conclusión: la Guarda Civil es un cuerpo armado de la Seguridad del Estado de carácter militar pero de servicio civil que actúa siempre al dictado de los gobiernos y de la legalidad vigente, salvo cuando se producen divisiones políticas que afectan a toda la nación. La más reciente quiebra nacional tuvo lugar durante la II República y la Guerra Civil.
En otro libro, Escritos de la República : notas históricas de la guerra en España (1917-1940), Largo Caballero añade una impresión sobre el comportamiento de la Guardia Civil ante el hecho consumado de la proclamación de la II República: "Por fin, los miembros del gobierno revolucionario penetraron en el patio del Ministerio; la Guardia Civil formada presentaba armas: la revolución estaba hecha; ya había República." O sea, que comprobó la fidelidad de la Benemérita a la Nación y a su Estado.
El socialista Luis Solana refirió en un artículo de 2011 "No se puede entender la llegada pacífica de la II República si no es porque se analiza la neutralidad activa de la Guardia Civil el 14 de abril de 1931" (mandada por el general Sanjurjo). Lo atribuye a que "la esencia de la Guardia Civil está en la defensa del poder constituido" y añade que "el 18 de julio de 1936 había siete generales en la Benemérita: sólo se sublevó uno". Cierto, y murieron casi tres mil guardias sumados los dos bandos sufriendo más de cuatro mil heridos.
Se dice en la Historia de la Guardia Civil que resume el propio Ministerio del Interior: "En 1936, la Guardia Civil la componen 33.500 hombres, una tercera parte de los efectivos del Ejército. Son profesionales, conocedores del terreno y desplegados en todo el territorio nacional. Por ello es decisiva en el desarrollo de los acontecimientos iniciales, se puede afirmar que la sublevación triunfa donde se sumó la Guardia Civil y fracasa donde ésta permanece fiel a la República." Esto da una idea precisa de su importancia. Tan fue así que Franco barajó durante meses disolverla por ese motivo, aunque desechó finalmente la idea.
Se creía que con la aprobación de la Constitución de 1978, en cuyo artículo 104 se define que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno (entre las que se encuentra la Guardia Civil), "tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana", los prejuicios sobre el Instituto Armado estaban superados.
Y así lo pareció sobre todo porque en ninguno de los programas políticos del PSOE desde 1982 a 2000 se mencionó a la Guardia Civil más que para proponer el incremento de sus medios de actuación. En el de 1996 no se refirió a la Guardia Civil incluyéndola en la denominación de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. En el programa del año 2000 se volvió a mencionar a la Guardia Civil y al incremento de sus recursos.
Todo cambió en el programa de 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente de los socialistas, porque se decidió que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional estuvieran por primera vez bajo un mando unificado en una Dirección General de la Seguridad del Estado a pesar de la rivalidad tradicional de ambos Cuerpos. Tal propuesta fue interpretada por el PP como un intento de disolución de la Guardia Civil.
Tal opción se mantuvo en el programa de 2008, pero no se mencionó tal unificación operativa en el programa de 2011. En 2015, con Pedro Sánchez ya al frente se recuperó la idea del mando único de la Guardia Civil y la Policía Nacional. No se ha vuelto a mencionar en el programa actual para las elecciones de julio de 2023.
Sin embargo, a lo largo de estos años, ha ido creciendo la sospecha de si realmente la intención de los gobiernos socialistas desde 2018 ha sido el progresivo deterioro de la Guardia Civil. Si con el fin de disolverla o dominarla, es cuestión abierta.
Pero explícitamente, el 28 de junio de 2023, una de las ¡14! Asociaciones de Guardias Civiles inscritas en el Ministerio del Interior, Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), publicó un documento con el título ¿Hacia la desaparición de la Guardia Civil? en el que se vertían dudas y sospechas sobre las verdaderos propósitos del gobierno social-comunista de Pedro Sánchez respecto al futuro del Cuerpo.
Por ejemplo, en su texto, aunque se subraya que sólo los que odian a la Benemérita quieren su desaparición, se añade: "Podríamos pensar, como decimos, que ese es el objetivo a tenor de las decisiones que sí son opinables, que se toman en relación a la Guardia Civil: pérdida de competencias (tráfico en Navarra, mar territorial en Cataluña, posible expulsión de la localidad de Roquetas de Mar en favor de la Policía Nacional, purgas, chivos expiatorios de conductas delictivas, incumplimiento de acuerdos, varios directores generales en poco tiempo y otras cuestiones que también están encima de la mesa (profesionales y económicas)."
Tras la crisis económica y social heredada por el gobierno Rajoy en 2011, el número de efectivos de la Guardia Civil disminuyó notablemente en 5.000 miembros hasta 2018 mientras que la Policía Nacional perdía sólo poco más de 2.000. En resumen, "en número absoluto de efectivos, entre los años 2011 y 2022 la Guardia Civil ha perdido 2.974. Sin embargo la Policía Nacional ha ganado 3.318", se apunta.
La legislatura ‘horribilis’ para la GC hace crecer las sospechas
Escribió Juan Velarde en El Economista en 2017 unas reflexiones sobre Gibraltar, esa colonia británica en España que pasó de ser una base militar indispensable para su penetración vía Mediterráneo desde el Mar del Norte a Oriente Medio y Asia a ser un refugio estratégico del contrabando de todo tipo, drogas, dinero negro, joyas, combustible y lo que admita. Este nuevo papel residual de la base militar nuclear de la defensa "occidental", superada estratégica y funcionalmente por Rota, impide el desarrollo de toda la comarca española circundante por el riesgo que supone para cualquier inversión productiva.
Y subrayó: "La plaza se transformó en un elemento perturbador, por el contrabando, de la economía española. Y no solo de la economía. Toda una serie de estudios históricos ligan el contrabando con el auge del bandolerismo en Andalucía. La creación de la Guardia Civil en gran parte a eso se debe." Es decir, desde el principio la Guardia Civil tuvo una especial relación con el Campo de Gibraltar. Al contrabando original ha sucedido sobre todo el narcotráfico vía veloces lanzaderas bien desde la costa marroquí bien desde el Peñón.
Hace unos días hemos asistido al escalofriante asesinato de dos guardias civiles en Barbate a manos de los narcos que campan a sus anchas desde la Bahía de Algeciras. Su "lanchita" (así la llamó la madre de una de las víctimas) fue arrollada por una potente narcolancha de centenares de caballos de potencia y el doble de envergadura segando la vida de dos de sus ocupantes.
La disolución de hecho de la unidad de élite contra el narcotráfico, Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico(Ocon Sur), causa probable e indirecta del atentado, resulta inexplicable a muchos, incluida la Fiscalía General del Estado que no fue informada, y sigue inexplicada por el gobierno.
Que las viudas y familiares de los guardias civiles asesinados en Barbate hayan manifestado su oposición a que el ministro Marlaska impusiera medallas en sus féretros (muy reveladora fue la negativa de la viuda de David Pérez Carracedo y la pareja del otro guardia civil asesinado, Miguel Ángel González rechazó la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil)a una idea de cuál es la situación de malestar y dolor dentro del Instituto Armado. Varias Asociaciones ya han pedido la dimisión de Marlaska.
De "escalofriante" ha sido calificado el desprecio de los socios del Gobierno a los guardias civiles de Barbate y desde luego el silencio institucional tras los asesinatos del narco, se ha contado en Libertad Digital: "El PSC y el independentismo impiden una declaración institucional en el Parlament y no se suman a la petición de minuto de silencio. En País Vasco y Navarra, las instituciones nacionalistas dan la espalda a los guardias de Barbate".
Resulta extraño el desmantelamiento (integración la llama el Gobierno) de una unidad que, según los datos disponibles en 2022, "había logrado decomisar 1,1 millones de kilos de hachís, 35.146 kilos de cocaína, 59.275 kilos de marihuana y 2.445.025 cajetillas de tabaco de contrabando" y que, por si fuera poco, "consiguió detener a 12.813 personas, se incautaron 2.622 vehículos, otras 1.137 embarcaciones y 779.468 litros de gasolina."
Que esta disolución haya tenido lugar poco después del monumental escándalo político desencadenado por el propio gobierno al confesar que los móviles del Presidente, del propio ministro del Interior y de la ministra de Defensa habían sido infectados por el software espía Pegasus, alimentan la sospecha de que la Guardia Civil está pagando una factura impropia por su lucha contra los narcos en un momento en que la DEA americana se afinca en Rota para atender al tráfico de drogas procedente de Sudamérica hacia el estrecho de Gibraltar.
Ex miembros de Ocon-Sur explicaron las causas de esta decisión a Dieter Brandau en esRadio: "Envidias internas por los éxitos conseguidos y contra la carrera del jefe, el teniente coronel David; informaciones falsas vertidas por los mismos narcotraficantes para desprestigiarnos y que nos cesaran; y por qué no, intereses más altos que se nos escapan y que pudieron venir de terceros países como Marruecos."
Las cesiones posteriores de Sánchez a Marruecos, tras la ruptura con Argelia y el Frente Polisario por el caso Ghali que hizo dimitir a la Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, sobre todo en inmigración y el caso del Sáhara, invitaron a Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos a relacionarlas con el caso del trasvase-espía de los datos de tres de los móviles más relevantes de España.
En esta legislatura, horribilis se la ha calificado, para el Instituto, sólo comparable tal vez con la época de la corrupción de la cúpula gracias al socialista Luis Roldán, Fernando Grande-Marlaska ha realizado una gran purga interna que recayó sobre el teniente general Francisco Díaz Alcantud, jefe del Mando de Personal (el número tres de la Benemérita) en 2021.
También se vieron afectados seis coroneles y dos tenientes coroneles. La del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí, fue avalada luego por el Tribunal Supremo en 2022 pero no la del coronel Diego Pérez de los Cobos, obligando al Ministerio de Interior a restituirle en el cargo. Esta última purga forzó la dimisión del número 2 del Cuerpo, el Director Adjunto Operativo (DAO), el general Laurentino Ceña.
Además, se ha vivido el cese de la directora general del Cuerpo, la socialista María Gámez por la implicación de su marido en casos de corrupción. Fue sustituida por la también socialista Mercedes González, que fue destituida al poco tiempo. Súmense las detenciones y ceses de altos mandos en la guardia civil por el caso Mediador, el caso Cuarteles, y el caso del tito Berni.
Igualmente, la intención del gobierno de restar competencias a la Guardia Civil en favor de la Policía Nacional en el asunto de la vigilancia y control las fronteras nacionales, competencia hasta ahora en exclusiva a este Cuerpo, fue considerada una nueva intromisión en la labor de sus agentes.
La merma general de personal y medios de la Benemérita en toda España y su presumible desaparición de regiones como Cataluña y País Vasco a instancias de los separatistas contrastan con el deseo de muchos españoles de contar con más guardias civiles en sus municipios y la altísima valoración que la Institución alcanza en todos los sondeos especializados.
Según El Español, en enero de ese año, "de todas las instituciones de España, las mejor valoradas por los ciudadanos son el Ejército (7,9), la Guardia Civil y la Policía Nacional (7,1) y la Monarquía (6,6). Estas tres, junto a los autónomos (6,1), son los únicos colectivos que aprueban en el último barómetro realizado por SocioMétrica".
Ya dijo Xavier Arzallus en septiembre de 2003 que el Gobierno sólo impediría el referéndum sobre la autodeterminación vasca desplegando a la Guardia Civil. Es decir, parece evidente que a los socios separatistas del gobierno les interesa el máximo debilitamiento de la Benemérita, como les interesa a los traficantes de hachís situados en Marruecos. Tampoco agrada su presencia intimidatoria en Gibraltar, otro de los orígenes de las lanzaderas de los narcos, entre otros delios criminales.
El PSOE, muy especialmente, tampoco ve buenos ojos el dúo jueces independientes-guardias civiles en funciones de policía judicial. Esta alianza natural para la persecución de los delitos, los cometa quien los cometa, ha supuesto que los socialistas no hayan podido controlar casos como el de los ERE en el que han sido condenados dos ex presidentes nacionales del PSOE y la cúpula socialista de la Junta de Andalucía casi en pleno.
Por tanto, parece justificado que haya quien comience a preguntarse cuáles son las verdaderas intenciones de Pedro Sánchez y su gobierno social-comunista, apoyado por todos los separatismos y sumiso con Marruecos y Gibraltar por razones no explicadas, respecto al futuro de la Guardia Civil, una organización de lucha contra la delincuencia, la inseguridad civil y de defensa de la legalidad, las fronteras y el Estado desde 1844.
Este año se celebra el 180 aniversario de su fundación, pero la pregunta lanzada por la Asociación APROGC está en el aire. ¿Se pretende realmente la desaparición de la Guardia Civil ante el riesgo de que su existencia y su obediencia constitucional puedan poner en peligro las políticas pactadas con todos los socios y amigos de este Gobierno?
Sería una barbaridad y una injusticia porque seguramente, como dijo en su lecho de muerte un amigo de Indalecio Prieto apodado Caracol[ii] tras ser apalizado por unos señoritos vascos, "aunque nada poseo, instituyo heredera universal a la guardia civil, por ser lo único serio que hay en España."