Si el anteproyecto de ley de "memoria democrática" aprobado esta semana sale adelante, la mitad de los españoles deberán abstenerse de reivindicar o asumir públicamente lo que hicieron y pensaban sus padres y sus abuelos. De lo contrario serán perseguidos por sus opiniones. La interpretación oficial de la Guerra Civil se enseñará también en los colegios, donde los descendientes de los españoles en su día llamados "nacionales" habrán de renegar de su propia historia familiar para pasar de curso.
La premisa de la que parte el Gobierno para imponer su interpretación de la historia reciente de España como obligatoria es falsa por dos razones. En primer lugar, por la idealización de la Segunda República y de todos los que integraron el bando llamado "republicano" que luchó contra Franco. Contra lo que pretende el Gobierno, la Segunda República distó mucho de ser un ejemplo de humanismo y democracia, y muchos de a quienes hoy llamamos "republicanos" eran totalitarios rabiosos propensos a la intimidación y el crimen político.
La segunda gran perversión de la interpretación gubernamental tiene que ver con la identidad misma del franquismo y de la España que sin serlo se rebeló con el joven general que le dio nombre. Los alzados y quienes les apoyaron no eran un puñado de retrógrados inmorales enemigos del bienestar general y el progreso de la nación. Los alzados y quienes les apoyaron eran la media España atropellada por los designios revolucionarios de un Frente Popular creado precisamente para evitar que gobernara.
Más de ochenta años después de que acabara la guerra, pocos en la derecha se niegan a aceptar la evidencia de que los rojos no eran una masa homogénea definida sin excepciones por su maldad. Por desgracia, no puede decirse lo mismo de la izquierda, que ha elevado a política de Estado con ramificaciones en el Código Penal la condena sin matices de la mitad que ganó la guerra en España.
Con la llamada Ley de Memoria Democrática, el Gobierno pretende dar un paso decisivo (otro) en el proceso de exclusión de la derecha de la vida pública española. En lo político, pero también en todos los demás niveles de la vida pública, a los españoles de derecha se les exige que se avergüencen de quiénes son y se escondan como durante siglos estuvieron obligados a hacerlo los homosexuales.
Un español de derecha no puede decir que cree en la centralidad de la familia tradicional sin exponerse a ser deslegitimado como reaccionario y homófobo. Como tampoco puede oponerse al aborto y al credo neofeminista, abogar por la inmigración controlada o disentir del dogma climático sin ser denigrado descalificado como un machista, un racista y un enemigo de la humanidad que anhela ver el Amazonas calcinado. ¿Y quién duda de que la conversión del trabajador de la sanidad pública en héroe stajanovista de la pandemia hará prácticamente imposible abogar por externalizar servicios o racionalizar gastos en asuntos médicos?
El Gobierno ya se está planteando introducir en el Código Penal algunas de estas condiciones para disfrutar de una ciudadanía plena.
Adelantándose a que esto se consume, el PP empezó hace mucho a adaptarse, un rumbo confirmado por la vía de los hechos por Casado con la defenestración de Cayetana para hacer lugar a Cuca Gamarra (de la comitiva del PP en los ocho-eme) y darle un atril al alcalde Almeida (el típico político preferido de los que jamás le votarían).
Privada de todos los valores que la definen, separada a la fuerza (ahora por ley) de los que fueron sus (exitosos) referentes durante una parte crucial del siglo XX (Franco), la derecha compite, en las urnas y en el debate público, con una mano atada a la espalda. Y no (esto es importante) porque los tiempos impongan el entierro de las etiquetas en pro de una desideologización que podría ser saludable si fuera general y diera paso a más pragmatismo, racionalidad y sentido común. La derecha acepta ser desarmada, mientras la izquierda se deleita en un despliegue de sus símbolos y sus más viscerales instintos, no importa lo presentables o democráticos que sean.
¿Cómo puede en estas condiciones competir por el favor de los españoles la derecha? ¿Cómo puede ser una opción emasculada y atormentada por la carga de la culpa atractiva para los jóvenes que empiezan a elegir ofertas en los mercados de la ideología y la estética?
Con el PP plenamente dispuesto a cooperar en su propia reducción a partido gestor de las cuentas cuando lo haya hecho muy mal la izquierda, el futuro de la derecha pasa inexorablemente por que Vox supere al PP y asuma el liderazgo de la representación de una España que no desaparecerá porque la prohíba Sánchez o la abandonen Casado y sus barones.
Las próximas elecciones dirán si esto es posible. De momento, desde donde escribo, no veo más obstáculos que la resignación y el apego a las siglas conocidas.