El pasado 11 de enero, un jurado de California prohibió a los simpatizantes de "Los Mongoles" seguir utilizando el símbolo que adorna la parte posterior de sus chalecos de cuero. En su veredicto, el tribunal ordenó a la policía la requisa de todo material con el logotipo de este club internacional de moteros, un gengis khan con gafas de sol y pendiente y conduciendo una moto de gran cilindrada. "‘Los Mongoles’ son una organización criminal notoria", dijo la fiscalía. Los 600 miembros de la banda, explicó, han cometido sus delitos "envalentonados por estos símbolos que llevan como si fueran una armadura".
Semanas antes, la justicia estadounidense había declarado culpable de numerosos delitos relacionados con asesinatos y tráfico de droga a la cúpula dirigente del club, conocida como "La Nación Mongol". Según la acusación, "Los Mongoles" utilizan parches y otros distintivos como galones militares que indican su rango dentro de la organización, en la que se asciende cometiendo asesinatos y otros delitos. Por otra parte, la comercialización de sus símbolos es un lucrativo negocio para la banda motera, que es calificada en documentos judiciales como "la más violenta y peligrosa" del país.
Despojar a este grupo de antisociales de su simbología y quitarles una importante fuente de financiación sería en cualquier parte una decisión unánimemente celebrada. No en los Estados Unidos, donde una histórica asociación de defensa de las libertades civiles ya ha acudido a la justicia para revocar lo que considera un ataque inadmisible a la libertad de expresión. "El Departamento de Justicia", se lee en un comunicado de la organización, "está inmerso desde hace tiempo en una campaña para silenciar a los miembros y seguidores de un polémico club de motociclistas para que no expresen su afinidad con el club mostrando su logotipo".
En su recurso contra la sentencia del jurado, la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) recuerda que "la Primera Enmienda prohíbe al gobierno prohibir cualquier símbolo, independientemente de lo que represente", y condena un "ataque implacable" del gobierno contra la libertad de expresión "que debería crearle inquietud a cualquiera que se preocupe por las libertades de expresión y asociación".
La batalla de la ACLU contra la prohibición del mongol calvo con trenza que representa a esta banda de moteros se remonta a 2008, cuando el Departamento de Justicia llevó a los tribunales a cerca de 80 miembros de la banda y obtuvo una orden que permitía a la policía confiscar cualquier prenda u objeto con el logotipo de "Los Mongoles". La organización apeló la decisión y un tribunal le dio la razón: "Independientemente de los crímenes que ciertos miembros del club pudieran haber cometido, el gobierno abusó de su poder al violar los derecho de otras personas a expresar su identidad como miembros o seguidores del club".
Como ya hicieron hace una década, los abogados de ACLU argumentan que, aún en el caso en que se les quite a "Los Mongoles" los derechos sobre su logotipo, el gobierno no puede bajo ninguna circunstancia prohibir la exhibición del símbolo sin infringir el "derecho fundamental" de todos los ciudadanos a "expresar su identidad a través de las palabras e imágenes que elijan".
ACLU fue fundada después de la I Guerra Mundial como respuesta a las deportaciones y arrestos arbitrarios de miles de sospechosos de simpatías comunistas en Estados Unidos. En sus casi cien años de historia, la organización ha luchado en los tribunales contra la prohibición de la teoría de la evolución en las escuelas, se opuso al internamiento de la minoría japonesa en campos de concentración después del ataque a Pearl Harbour y lideró la batalla legal que puso fin a la segregación racial en las escuelas.
Pero lo que convierte a la organización en excepcional es su compromiso inquebrantable con la libertad incluso cuando es utilizada para fines que la propia ACLU deplora. A finales de la década de 1970, la organización defendió el derecho de los neonazis del Partido Nacional Socialista de América (NSPA) a manifestarse en Skokie, una zona de Chicago donde vivían numerosos supervivientes del Holocausto. Los abogados de la organización consiguieron que un tribunal revocara las restricciones que las autoridades locales habían puesto a los neonazis, que acabaron celebrando el acto.
La posición de ACLU provocó un gran revuelo entre sus propios socios, entre los que se contaban muchos judíos. Según sus directivos de la época, ACLU perdió entre 700 y 1.000 miembros por representar al NSPA en los tribunales. En la web de la organización se explica aquella decisión de la siguiente manera: si queremos que rijan para todos, los principios constitucionales deben regir también para los grupos más impopulares.
ACLU protagonizó una situación similar en 2017, cuando llevó a los tribunales la negativa de las autoridades de Charlotteville (Virginia) a autorizar una protesta de un grupo supremacista blanco en el centro de la ciudad. ACLU ganó el caso y los supremacistas se manifestaron en el centro. Activistas de izquierda respondieron al acto con una contramarcha, y la manifestación acabó en graves incidentes entre supremacistas armados y contramanifestantes. Un joven de extrema derecha embistió con su vehículo en la multitud que protestaba contra la manifestación, cobrándose la vida de una persona.
ACLU recibió fuertes críticas por haber forzado a las autoridades a ceder. El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, lamentó que la manifestación ultra no se hubiera celebrado en un espacio abierto a poca distancia del centro como pretendían los responsables municipales. "Ése era el sitio en el que debería haberse celebrado. Por desgracia, ACLU nos llevó a los tribunales, y el juez decidió contra nosotros".
Desde ACLU insistieron en defender la libertad de expresión de todos: "creemos que incluso el discurso del odio más despreciable, con el que discrepamos de manera vehemente, está protegido por la Primera Enmienda si se expresa de manera no violenta". Pero prometieron elegir mejor a quiénes representan en el futuro: quien insista en ejercer su derecho a la protesta portando armas de fuego cargadas que se busque otros abogados.
Un panfleto de los años 30 define de manera especialmente elocuente la filosofía de ACLU. "¿Debemos defender la libertad de expresión de los nazis en América?", se pregunta el título. En el texto de las páginas interiores se concluye que sí: "A aquellos que apoyan suprimir la propaganda que odian les preguntamos: ¿dónde trazamos la línea?".