Venezuela debe volver a las urnas a final de año. Esta vez está en juego la única baza que tiene la oposición en el manipulado tablero institucional del país caribeño. Cinco años después de la contundente victoria de la oposición en las últimas elecciones medianamente libres que permitió el chavismo, los venezolanos están llamados a renovar el Poder Legislativo.
El camino a la votación está marcado por una certeza: si nadie lo impide por la fuerza, el régimen manipulará el proceso para arrebatar la Asamblea a las fuerzas democráticas. Pero también por un dilema poco menos que existencial para la oposición venezolana: ¿deben los partidos democráticos retirarse y denunciar el fraude, renunciando a toda representación institucional, o es mejor acudir a las urnas, forzando a Maduro a aceptar la derrota o afrontar las consecuencias internacionales de haber robado otros comicios, mientras la oposición saca todo el partido posible de los diputados que le dé el recuento?
Una parte de la oposición se ha decantado por el momento por la primera opción. Se trata de la que encabezan Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional nombrado también presidente encargado del país ante la situación de ilegitimidad del jefe del Estado de facto (Maduro), y los cuatro grandes partidos de la oposición, el llamado G4. Su estrategia se basa en declarar una extensión de la actual legislatura que invoque la falta de garantías democráticas para celebrar elecciones en el plazo establecido y permita a Guaidó seguir siendo considerado presidente encargado.
De esta estrategia se ha desmarcado recientemente uno de los líderes históricos de la oposición, Henrique Capriles, que ha aceptado ir a las urnas con el argumento de que no hay otra forma de librarse del chavismo que las elecciones y en la esperanza de que la observación internacional de la UE y la ONU fuerce a Maduro a aceptar una derrota.
Más que una opción, la estrategia del boicot es una obligación para Guaidó y el G4. Con todos los grandes partidos de oposición controlados por directivas impuestas por la Justicia chavista y sus grandes líderes inhabilitados o escondidos para evitar ser detenidos, el G4 carece de una plataforma electoral desde la que concurrir. Aunque el Gobierno paralelo puesto en marcha con gran imaginación y arrojo bajo el liderazgo de Guaidó no haya conseguido apartar a Maduro del poder, la alternativa de regresar a las urnas parece estar condenada al fracaso mientras las elecciones las organice el chavismo.
Esto debe de saberlo también Capriles, que sin embargo insiste en un viejo empecinamiento de buena parte de la oposición y la sociedad civil venezolanas: apostar por las elecciones como forma de acabar con la dictadura, ignorando que es esa dictadura la que decide quién se presenta y cuenta los votos. Más que de la ingenuidad, este planteamiento es fruto de la desesperación de haber visto cómo el chavismo desbarataba todas las demás vías (la presión de la calle, las sanciones y hasta los numerosos golpes de Estado que militares valientes han ensayado) para seguir mandando a costa de la vida, la hacienda, el espíritu y la salud de todos los venezolanos.
El único beneficio seguro de haber tomado la senda de Capriles es obtener del régimen unos cuantos escaños totalmente inútiles desde los que seguir lanzando brindis al sol contra las injusticias del chavismo. Entre los efectos negativos que indudablemente traerá su participación en los comicios está la legitimación del régimen, como ya ocurrió en las presidenciales de 2018 con Henri Falcón, el representante de la oposición al que Maduro cooptó entonces para dar apariencia de normalidad a las elecciones.
Capriles es mucho más popular que Falcón, por lo que podría esperarse una mayor movilización del electorado opositor que ponga en más aprietos al chavismo. Sin embargo, mucho han de cambiar las cosas para que Capriles llegue al día de la votación con el respaldo unánime de una oposición cuya unidad salta por los aires cada vez que uno de sus líderes sucumbe a los cantos de sirena de un régimen acostumbrado a tolerar al más débil mientras veta a los rivales que más teme.
Por otra parte, es difícil imaginar que el chavismo acepte unos resultados que den el Parlamento a la oposición por otros cinco años. El único aliciente para hacer algo así sería ver las sanciones económicas que ahogan al régimen relajadas, pero esas sanciones no provienen de la Unión Europea, que sigue queriendo creer en la vía electoral en Venezuela, sino del Estados Unidos de Trump, que no parece dispuesto a llegar a semejante acuerdo.
Teniendo en cuenta que Estados Unidos celebra elecciones antes que Venezuela, las cosas podrían cambiar si los demócratas se imponen a Trump en Washington. Con un Estados Unidos demócrata implicado en el proceso electoral venezolano sí podría imaginarse un escenario en que Maduro acepte una nueva victoria opositora en el Parlamento a cambio del levantamiento de algunas sanciones.
Esto no quiere decir que la situación de los venezolanos fuera a mejorar en lo más mínimo. Maduro ya ha gobernado cinco años con el Parlamento en contra sin que el poder absoluto que ejerce se haya visto reducido en lo más mínimo. Cada vez que lo ha necesitado, el chavismo ha pisoteado, por la fuerza bruta o con sentencias de un Tribunal Supremo al que tiene secuestrado, las atribuciones del Legislativo para seguir haciendo todo lo que le ha venido en gana.
Pase lo que pase en Estados Unidos, la vuelta de Capriles a primera línea como líder de la oposición tolerada es una excelente noticia para el régimen. Con un político popular en el país y conocido fuera, la mentira de que Venezuela es una democracia será más fácil de defender que si el adversario tolerado por el régimen es un tipo oscuro, irrelevante y tan comprometido como Henri Falcón.