La democracia de economía de mercado no ha sido para la izquierda más que una cómoda pista de despegue hacia una realidad utópicamente justa que finalmente valga la pena. Durante décadas, los partidos, los intelectuales y en general todos los movimientos y sectores sociales identificados con lo que conocemos por progresismo han ido sembrando en el debate público una serie de ideas incompatibles con el orden liberal del que disfrutamos. Sus frutos emergen ahora con sus inevitables consecuencias para la prosperidad y la convivencia de todos.
Hace tres años, cuando vivía en la Venezuela chavista, me di cuenta de que las creencias que guiaron la gestión de Chávez y siguen hoy orientando la de Maduro eran exactamente las mismas que se han impuesto a través de las escuelas, las universidades y los medios en la sociedad española. Creencias que parten invariablemente de esta premisa: toda riqueza o desempeño exitoso no es resultado del trabajo, la inteligencia o la audacia, sino del latrocinio, el privilegio de cuna y el atropello contra el pobre.
La única diferencia ha sido el grado de aplicación en uno y otro país. En Venezuela, el socialismo del siglo XXI logró desde el principio desarbolar un sistema de justicia enclenque e implosionar, con la intimidación y los petrodólares, una institucionalidad igualmente débil. Así quedó libre el camino hacia la consumación de su proyecto de control social y dominación del Estado a través de la guerra de clases.
En España el proceso es más gradual que en Venezuela, y a la vez mucho más abrupto que en otros países europeos igualmente escorados a la izquierda. El secuestro del PSOE por parte del sentimentalismo enconado que trajo Zapatero a la política, combinado con la irrupción después de un mentiroso compulsivo sin escrúpulos conocidos como es Sánchez y su matrimonio de conveniencia con el abiertamente chavista Podemos, ha acelerado su decantación. Y la pandemia ha precipitado aún más el curso de las cosas.
Un discurso guerracivilista que tiene los años 30 como referencia está a punto de plasmarse en el Código Penal; la exclusión a perpetuidad del adversario político se pregona sin remilgos desde el Gobierno (a la manera del “No volverán” chavista); la independencia judicial y la legitimidad del rey son utilizadas sin disimulo como moneda de cambio para comprar crédito a secesionistas y portavoces de terroristas (o repudiadas con argumentos espurios y todo tipo de fanfarria por los ministros que no tienen complejos en asumir la agenda revolucionaria con la que se gobierna).
Todas estas realidades, ya del todo impepinables cuando la mitad con traje del Gobierno ha dejado de esconderlas para limitarse a explicarlas, son pasos hacia la fundación, sobre las cenizas de la historia de España y del Estado de Derecho, de un nuevo orden político cimentado en las supersticiones de izquierda que han colonizado el pensamiento y la expresión de la mayoría social.
La funesta constelación de acontecimientos políticos que hemos vivido en España desde aquella mañana trágica del 11-M nos han embalado en una deriva que amenaza con volverse irreversible para generaciones si Sánchez y su elenco de aventureros pobristas ganan las próximas elecciones. Pero lo que estamos viendo es también el efecto natural de haber instalado en todos los segmentos y niveles de la sociedad una forma de ver el mundo mentirosa y que desprecia con insolente arrogancia la realidad.
Una sociedad que acaba creyéndose que los empresarios son parásitos y los ricos enemigos del pueblo, que ve a los católicos como reaccionarios ridículos pero peligrosos y se abona a un discurso histórico falso que idealiza la II República y olvida sus crímenes al tiempo que niega todos los logros de Franco exigirá, tarde o temprano, unas leyes y una acción de Gobierno acordes con ese diagnóstico de las cosas. Y, si no lo exige, tolerará que se adopten las medidas pertinentes para poner coto a las fuerzas del mal y premiar a su luminoso reverso.
Es lo que estamos viendo en estos tiempos alucinantes en que el Gobierno conspira a diario contra la Constitución y la prosperidad general para avanzar en su programa de sometimiento de la España de derecha a una heterogénea coalición de irredentistas unidos únicamente por lo que odian. Son tiempos alucinantes no ya por lo que hace el Gobierno, sino porque la demolición en marcha no parece inquietar demasiado (y ojalá me desmientan las urnas) a una masa social tan plegada a la propaganda que ni siquiera percibe como tales los tres grandes agravios que contra ella se cometen. El agravio nacional, imposible de ignorar en el trato de favor humillante a quienes desprecian a España desde Cataluña y el País Vasco; el agravio democrático, tan evidente en el asalto a la Justicia; y el agravio económico y de gestión, innegable si se atiende a la debacle que viene y a los números desoladores del virus.
Sospecho que esa mayoría que calla o asiente, con grados de entusiasmo distintos, espera seguir haciéndolo en las mismas condiciones de libertad, comodidad y relativa abundancia en que lo ha venido haciendo hasta ahora. Pero me temo que no será posible si este Gobierno que ya nos ha hecho a todos más pobres, más haters y menos libres se sale con la suya.
Porque ya no es posible avanzar más hacia la izquierda sin socavar dramáticamente los pilares del sistema que nos permiten vivir bien. La pista de despegue se acaba y la izquierda debe decidir si para o emprende el vuelo. Los que mandan van a saltar, porque en ello les van el chalet y el Falcon. Los votantes deberían pensarlo mejor. Hay un momento, cuando se termina la pista y saltas, que parece que vuelas. Pero en realidad estás cayendo al vacío.