Menú

La Ilustración Liberal

El giro al centro

Centro, constitución y democracia

0

El centro y el oportunismo político

Sin duda tienen razón quienes señalan que el centro carece de doctrina política; en todo caso, cogida por su lado bueno, ostenta un talante de moderación y de reformismo prudente basado en el diálogo y el pacto con los adversarios. La flojedad de principios, unida al oportunismo que a menudo se le atribuye, suele provocar también no ya honda irritación sino hasta desprecio entre quienes entienden la política más como ejercicio de afirmación de las propias convicciones que como el arte del compromiso y aun del regateo. La actitud de ciertos partidos en regímenes políticos determinados, a los cuales cabe caracterizar como típicamente centristas dan pie para ello. Viene así a la memoria el grupo que encabezaba François Mitterrand durante la IV República francesa, entre 1947 y 1958, llamado muy convenientemente la Unión Democrática y Socialista de la Resistencia, situado justo en el centro del centro y cuya especialidad era la de completar las mayorías de gobierno y obtener así el máximo número de ministros en proporción a su cantidad de diputados. Algo parecido cabe recordar de los partidos liberal, republicano y socialdemócrata en el anterior sistema de partidos de la todavía I República italiana, cada uno dotado de su matiz distintivo de derecha a izquierda conforme con su respectiva historia, matiz que imprimía carácter a toda la coalición de gobierno de la que formaran parte, siendo el más estratégico de todos, por su máxima centralidad, el republicano.

El centro y la centralidad del sistema constitucional

Pero la consideración de lo que sea el centro político, la cual ciertamente remite a una amplia variedad de partidos en diferentes regímenes políticos y momentos históricos, no tiene por qué limitarse a la glosa del oportunismo político urdido en las intrigas de los pasillos del parlamento o en las emboscadas de las votaciones en el hemiciclo. Tampoco el significado político del centro tiene que conectarse, necesariamente, con la endeblez y el oportunismo intelectuales. Para empezar, la apelación al centro en países que, como el nuestro, se han visto desgarrados por graves conflictos civiles en los dos últimos siglos, reviste significados de máxima dignidad en la política: moderación, serenidad, realismo, pero también eficacia. Se lamenta así que el centro fuera demasiado débil e incoherente durante nuestra II República y se atribuye por el contrario a esa posición estratégica el éxito de la UCD para llevar a cabo una obra de reconciliación y compromiso en lo político, lo social y lo autonómico que está en la base de la actual Monarquía parlamentaria.

Al reflexionar sobre lo que sea el centro político desde una perspectiva histórica más amplia, resulta que es el continuum del espacio político izquierda-derecha, espacio del que sólo tiene sentido hablar a partir de la existencia de los regímenes constitucionales y si entendemos por izquierda la revolucionaria: el jacobinismo, el anarquismo, el socialismo marxista, el comunismo, y por derecha aquellas fuerzas que se opusieron al régimen constitucional en nombre de un Antiguo Régimen orgánico y antiindividualista o las de la contrarrevolución democrática y antiliberal del fascismo y del nazismo. El centro político equivale por tanto al conjunto de fuerzas que se sitúan dentro del orden constitucional. Hubo así una casi total identidad entre los regímenes constitucionales y los diferentes partidos liberales hasta la I Guerra Mundial. Después de ésta, nuevas fuerzas se agregaron al espacio de centro: los partidos católicos y socialdemócratas principalmente. Según esto puede concluirse que no sólo existen partidos de centro, sino que el propio régimen constitucional representa el centro político respecto a sus alternativas revolucionarias y contrarrevolucionarias en el mundo contemporáneo.

Esa condición centrista de todo el sistema político es tanto más verdadera cuanto menor o nulo sea el peso en un país determinado de las tradiciones hostiles al régimen constitucional, como ocurre en los casos británico y norteamericano, lo cual repercute a su vez profundamente en el sistema de partidos y en la dimensión y papel que pueda revestir el centro político. Lo que sabemos a ese respecto es que en el mundo anglosajón predomina el bipartidismo y la alternancia en el poder, mientras que allí donde, como en la Europa continental, el régimen constitucional ha sido desafiado una y otra vez por poderosas alternativas globales de izquierda y derecha y ha llevado una vida precaria, la alternancia ha sido con frecuencia imposible y el centrismo político cobraba un significado principalmente defensivo y de supervivencia del propio régimen constitucional.

La organización del pluralismo político

Los problemas en estos casos han empezado por la comprensión de los fundamentos y las reglas del propio sistema constitucional. La naturaleza de éste es organizar los límites del poder estableciendo una separación neta entre sociedad y Estado, entre esfera pública y esfera privada de los individuos jurídica y políticamente emancipados. El principio que asegura su funcionamiento y relaciona ambas esferas es el de la opinión pública representada en un parlamento. En este punto la experiencia anglosajona volvió a hacer una aportación fundamental: Edmund Burke estableció, a finales del siglo XVIII, que, aunque los partidos políticos pudieran connotar y connotaran a menudo facciones instigadoras de la guerra civil o pandillas de amigos personales tras un jefe a la caza de cargos e influencias, cosas ambas de las que el Parlamento inglés sabía mucho, su significación más importante y digna era la de vertebrar la institución parlamentaria como puntos de vista desde los cuales abordar los problemas nacionales más relevantes y alrededor de los cuales se agruparan por convicción los diputados.

En los países de la Europa continental que, al revés que Inglaterra, habían abrazado el absolutismo como forma de obtener la paz interior y abrir el camino a las reformas y a una creciente igualdad ante la ley a través de la maraña siempre conflictiva de los privilegios territoriales y corporativos, llevar a la práctica el planteamiento burkeano resultó mucho más difícil. El principio de la soberanía nacional, introducido por la Revolución francesa de 1789, no se entendió como soberanía de la constitución, en tanto que manifestación suprema del ejercicio de aquélla y, por tanto, como fuente de legitimación de los partidos que se reconocían así voluntariamente partes de un todo político. En la dialéctica de radicalización que caracterizó casi desde el principio al proceso revolucionario francés, se tendió a la unanimidad. Sólo un partido podía representar legítimamente la soberanía de la nación, siendo los demás traidores para que uno solo pudiera triunfar. Con estas premisas cada partido tendió a identificarse con un régimen político exclusivo y excluyente, lo cual tendía a desnaturalizar la dialéctica propia del sistema constitucional, al mismo tiempo que significaba el olvido de las tradiciones intelectuales más lúcidas y críticas de la Ilustración en beneficio de las más dogmáticas y engreídas, en cuanto a los poderes de la razón humana, en clara simetría con el dogmatismo de los defensores a ultranza del Antiguo Régimen.

Resulta muy significativo que, emparedado entre estos dos extremos, incluso el liberalismo doctrinario y SU política del juste milieu que trató de asentar el régimen constitucional en Francia durante la Monarquía de Luis XVIII y Luis Felipe entre la segunda y la cuarta década de la centuria pasada, apenas prestara atención a la dialéctica constitucional de los partidos. Uno de sus más grandes pensadores y principal arquitecto político, François Guizot, legitimó el sistema constitucional y el voto censitario con argumentos historicistas, incluso de lucha de clases que Marx haría suyos. Según Guizot, la Monarquía constitucional representaba la culminación de la civilización europea edificada por las clases medias desde las ciudades medievales hasta el reformismo ilustra- do, gracias a diversas aportaciones sobre todo de Italia, Alemania, Inglaterra y Francia. Entre ellas las de este último país aparecían como las más equilibradas entre teoría y práctica de una civilización común. Lo fundamental del régimen constitucional para Guizot no era que asegurara el equilibrio entre los partidos ni su relevo en el poder, sino que estuviera en manos de una elite política consciente por completo de representar las exigencias de esa razón histórica europea de cuyos valores eran depositarias las clases medias. No cabe extrañarse por tanto de que los doctrinarios españoles, discípulos aventajados de los franceses e integrantes del partido moderado, rechazaran en su mayoría el compromiso constitucional alcanzado en algún momento con los progresistas, quienes tampoco lo defendieron con especial ahínco. Consideraban suficientemente legitimado el sistema constitucional si aseguraba con orden la preponderancia política y social de las instituciones correspondientes a la propiedad burguesa.

No siempre se tiene en cuenta que el sistema de partidos en Gran Bretaña no revistió la dimensión bipartidista que se ha hecho familiar hasta 1867 en adelante (con nuevas excepciones entre 1922 y 1929). La adaptación británica a los cambios de la industrialización y a la ampliación del sufragio la protagonizó un bloque político central resultado de una complicada colaboración parlamentaria entre el liberalismo whig y los elementos reformistas de los tories, seguidores de Robert Peel, un bloque que aislaba de hecho tanto al resto de los conservadores ultras como a los radicales del liberalismo. Todavía fue más difícil y lenta la conversión llevada a cabo por el liberalismo francés y el español. De un sistema de partido gobernante en exclusiva con una oposición más o menos tolerada, hubo que pasar a un régimen abierto a una mínima alternancia por vías constitucionales en el ejercicio del poder que afianzara la centralidad del sistema.

En Francia ese fue el resultado de la gestación de la III República a lo largo de casi una década iniciada tras la derrota de Sedán en septiembre de 1870. El monárquico orleanista Thiers, su gran propulsor, consideró al nuevo régimen fruto de la "convergencia de centros", la del ala izquierda de los monárquicos liberales como él y la de los republicanos moderados que habían roto con el jacobinismo. La nueva república mantuvo el sufragio universal que había instaurado la Segunda en 1848, pero aceptó la exigencia conservadora de una segunda cámara que acabaría convirtiéndose en el bastión del régimen. La presidencia se definió de un modo del todo equivalente a los poderes de un rey constitucional, si bien mermados en la práctica. Aunque a algunos les cueste creerlo, la separación entre la Iglesia y el Estado y la cuasi implantación de la escuela única y laica tardaron en llegar casi treinta años, cuando en España Cánovas ya había muerto. La III República francesa no funcionó nunca según la pauta británica -en realidad muy reciente- de la alternancia entre un gobierno y una oposición leales a la misma constitución, sino mediante continuos ajustes a derecha e izquierda llevados a cabo por un eje republicano central. Este, a través de las notabilidades locales republicanas especialmente fuertes en el Senado, se mantenía de hecho en el poder sin interrupción frente a los enemigos irreductibles de la república liberal y democrática, en un tipo de parlamentarismo también muy diferente del británico.

En España los viejos moderados y progresistas, reconstruidos en conservadores y liberales después de la Restauración de 1875, aceptaron el modo británico de la alternancia porque eso significaba resolver por la vía constitucional las luchas que los dos grandes partidos de nuestro liberalismo histórico habían venido dirimiendo con la apelación ala Corona, a los golpes militares ya la revolución popular desde 1814. La definición y organización del nuevo régimen fue también un proceso largo, de quince años, que terminó con la reimplantación del sufragio universal por los liberales en 1890. No era éste último, sin embargo, el que determinaba el acceso al poder, pues sólo en Gran Bretaña, donde no se implantó hasta el final de la 1 Guerra Mundial, la legitimidad electoral empezaba a acotar estrictamente la posibilidad de formar unas u otras mayorías parlamentarias y sus programas respectivos. En Francia, por el contrario y hasta la 11 Guerra Mundial, los grupos parlamentarios podían alterar y alteraron con sus alianzas los resultados políticos de las urnas. Mientras, en la España de la Restauración, unas elecciones no competitivas, mejor que corruptas, venían a sancionar el poder y a demostrar la capacidad de patronazgo del partido que ya lo ostentaba por la fortaleza de su jefatura, la cohesión de sus apoyos parlamentarios y el arbitraje incuestionable de la Corona que lo ejercía a tenor de esos datos de carácter eminentemente parlamentario.

Conviene mencionar en este punto que los liberales alemanes, aprisiona- dos en sus compromisos con la política bismarkiana de construcción nacional, no consiguieron nunca el funcionamiento en términos parlamentarios del Segundo Reich alemán. Esa fue una concesión que la futura Coalición de Weimar, de socialdemócratas católicos con el ala izquierda de los liberales, no con- siguió hasta 1917, en plena Guerra Mundial. No puede decirse que fuera más satisfactorio el método del transformismo italiano, consistente en la acuñación de una mayoría parlamentaria desde el poder por parte de un Primer ministro fuerte en su control de una administración centralizada, que le servía para intercambiar favores por votos electorales y parlamentarios de quienes, en principio, formaban parte no pocas veces de la oposición.

El centro y el desafío de la democratización

El paso de esta política de notables a otra multitudinaria y democrática supuso un desafío tremendo para la centralidad y cohesión de los frágiles sistemas constitucionales mencionados. Sobre todo en los casos en los que la movilización estuvo relacionada con un proceso de construcción de la nación, tan equívoco en sus efectos sobre la organización política de la libertad. Aunque los grandes cambios intelectuales y artísticos alrededor de 1900 produjeron algunos resultados magníficos, incluso geniales, hubo también mucha confusión, mucha demagogia que alentaron las opciones políticas hostiles al liberalismo y al parlamentarismo, des- de el corporativismo autoritario hasta el anarcosindicalismo, pasando por el nacionalismo y el socialismo marxista ortodoxo. Se teorizó con brillantez, por otra parte, la incompatibilidad entre liberalismo y democracia y la falacia constitutiva de ésta última. La crisis moral de los años del cambio de siglo, a la: que se dio tantas vueltas, se concretó trágicamente en una imprevista y aterradora cantidad de millones de jóvenes cadáveres que fueron apilándose durante la Gran Guerra, la cual, con el despliegue igualmente inaudito de la movilización universal, reforzó las tendencias estatistas de los años anteriores.

Resultó hacedero llegar a un compromiso estable entre el viejo parlamentarismo y las nuevas realidades democráticas mientras se trató de cambios efectivamente democráticos, como el desarrollo de nuevas realidades electorales que absorbían cada vez más los recursos y promovían cambios importantes en la organización y el modo de actuar de los partidos, y el desarrollo consiguiente de nuevas correlaciones de fuerzas en las instituciones representativas. En estos casos bastaron cambios en las leyes electorales, como el paso al sistema proporcional; la limitación de los poderes de las cámaras altas; la neutralización política de la Corona... Así ocurrió en los países escandinavos, el actual Benelux y la Gran Bretaña.

Las cosas no eran sin embargo tan fáciles cuando, como en Alemania, la movilización democrática había cristalizado en subculturas rígidamente ideologizadas; el tono general de la política era descaradamente corporativo y clasista desde la izquierda y desde la derecha; estaba bloqueada la evolución del régimen constitucional hacia el parlamentarism9, y el gobierno pleno de la opinión pública, y las dos fuerzas de mayor arrastre electoral y número de diputados, socialdemocracia y Zentrum católico, eran consideradas ajenas y desleales a los valores sobre los que se había constituido el Reich alemán. En ese sentido, la ya citada Coalición de Weimar representó un eje central demasiado débil para sostener la República del mismo nombre. Desde las segundas elecciones. generales en 1920, la Coalición no consiguió nunca reunir más del 50% de los votos. El condicionamiento marxista impidió que la socialdemocracia, con diferencia el partido más importante de la Coalición, se identificara totalmente con la república "burguesa" y se convirtiera de partido de clase en un partido democrático de todo el pueblo, como había pedido el revisionista Bernstein en el cambio de siglo. Padeció así el SPD una extraña inhibición en beneficio del protagonismo político de católicos y liberales de izquierda, de modo que la República se vio irremediablemente minada por el hecho de que la afinidad sobre el modelo político no se extendía al modelo social y para la mayoría de los socia- listas éste último representaba una fuente de legitimación más importante que la defensa de la República.

Todavía eran mayores las dificultades si la movilización democrática aparecía vinculada a tradiciones revolucionarias activas más o menos fuertes, como en los casos de España, Italia y Francia, en orden decreciente. En Italia, la inauguración combinada de sufragio universal y sistema proporcional en 1919 convirtió también al partido socialista en la fuerza de mayoría relativa. Lejos de asumir sus responsabilidades respecto al régimen constitucional y buscar una alianza parlamentaria y de gobierno con un liberalismo profundamente dividido por la intervención en la guerra recién terminada y la propia apertura a la izquierda, los nuevas realidades electorales maximalistas que dominaban el partido declararon estar muy ocupados diseñando una constitución soviética para Italia, inspirada en el modelo bolchevique. La escisión de los socialistas reformistas llegó demasiado tarde y tampoco hubo mayor entendimiento a la hora de organizar un eje conservador entre liberales católicos, el segundo partido en votos. Pesaron demasiado las desconfianzas generadas por las batallas del anticlericalismo anterior a la guerra y la tendencia del Vaticano, típica de los países católicos, a entenderse por arriba con los gobiernos en lugar de confiar en la política democrática.

El segmento central que había gobernado la III República francesa por su capacidad para influir la conducta y atraerse apoyos de las fuerzas situadas a su derecha y a su izquierda quebró también claramente a partir de 1936. Entonces todo el mundo se dio cuenta de que Francia, con una opinión profundamente dividida sobre la política exterior a seguir, era incapaz de sostener el papel internacional que se había otorgado a sí misma en el Tratado de Versalles. En aquel año la derecha liberal conservadora rompió moralmente con la República, despechada por el rechazo de sus reiteradas propuestas de una reforma constitucional que fortaleciera el poder ejecutivo aun cuando se permitía la proximidad de los comunistas al gobierno con el Frente Popular, por mucho que éstos no aceptaran entrar en el gabinete. Los comunistas, por su parte, pagaron la deuda contraída con la República justificando tres años después el Pacto Germano-Soviético, en una política descarada de traición nacional que no cesó hasta que la invasión nazi de la URSS permitió la vuelta a los buenos tiempos de la "mentira heroica". Mientras, los socialistas eran víctimas, por partida doble, de su pacifismo y de su radicalismo. Los gobiernos de centro de esos años, en lugar de encabezar mayorías parlamentarias más o menos sólidas como antaño, quedaron reducidos a meros gobiernos de gestión de vida especialmente precaria en circunstancias cada vez más dramáticas hasta la derrota frente a Alemania y la entrega a Pétain.

En España, por último, quedó claro que una vez liquidada la Monarquía constitucional de 1875 con el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923, nada iba a reemplazar en la "ladera templada de la política", que decía Maura, aquella obra de síntesis y equilibrio de nuestro liberalismo del siglo anterior. La improvisación del régimen republicano se puso de manifiesto en la mala calidad de sus instituciones constitucionales y en una ley electoral aberrante. El jefe del Esta do no tuvo nunca la autoridad ni concitó la lealtad necesarias para arbitrar los conflictos entre los grupos de estricta obediencia republicana que había mostrado la Corona en la etapa constitucional respecto de conservadores y liberales. Por otro lado la República tampoco se aplicó a consagrar en España la religión francesa del sufragio universal, ni logró que se considerasen inapelables sus veredictos, como lo demostraron las reacciones de casi todos los principales líderes políticos tras las elecciones de 1933 y 1936. Faltó igualmente la réplica republicana al esfuerzo mancomunado -aunque no exento de conflictos, a veces graves- de los partidos monárquico-constitucionales por atraer al terreno del régimen, los conservadores, a los católicos, y los liberales, a los republicanos. Los esfuerzos en ese sentido de Azaña hacia los socialistas y de Lerroux hacia los católicos de la CEDA no se apoyaban en ninguna articulación definida de un bloque central republicano concorde en unas exigencias mínimas para el sostenimiento del régimen. Además ambos líderes se consideraban mutuamente nefastos y ajenos al verdadero espíritu de la República que decían defender. El socialismo español, por su parte, al cual los votos colocaron en el primer o segundo lugar electoral según las circunstancias, lejos de paliar desde la izquierda ese enfrentamiento, dejó claro muy pronto, y de modo más contundente que en los casos italiano y alemán, que su autoafirmación organizativa en clave revolucionaria estaba muy por encima de la lealtad al sistema constitucional republicano del que estaba dispuesto a aprovecharse, pero no a servir.

El centro hoy

La reabsorción en la totalidad del continente europeo de los estragos políticos de los años de entreguerras y sus consecuencias se ha prolongado medio siglo luego del término de la II Guerra Mundial. Hubiera sido imposible sin la ayuda norteamericana. Hoy está claro que es imposible organizar duraderamente el pluralismo político con millones de electores sin que el sistema de partidos converja hacia el centro y la legitimidad de una constitución compartida trascienda a la de los distintos partidos. En ese sentido el modelo bipartidista anglosajón, con su lealtad constitucional, su moderación y su pragmatismo ha demostrado su superioridad, aunque no puede negarse que el sistema consociacional ha consolidado la democracia pluralista, centrada y moderada, de constitución compartida en países como Bélgica, Austria, Holanda y Suiza.

El oportunismo centrista de los partidos bisagra surge con tanta más facilidad allí donde la alternancia plena entre gobierno y oposición está bloqueada por la existencia de poderosas fuerzas anticonstitucionales como ocurría con el factor K de los partidos comunistas en Italia y Francia hasta tiempos recientes y los cambios de gobierno quedaban reducidos a reajustes tan complicados como irrelevantes.

Hoy por tanto declararse centrado o en el centro conlleva, en el caso español, el contenido implícito del final del predominio de los sectores autoritarios en la derecha respecto a los liberales, predominio que empezó a afianzarse con la dictadura de Primo de Rivera y ha prolongado su dominación durante medio siglo. También es una forma de decir que los planteamientos y modos de la UCD en la transición se prefieren como referencia histórica inmediata a los de AP por parte del actual Partido Popular. Pero significa sobre todo la proclamación de la evidencia: que el sistema constitucional carece de alternativas y sus valores han triunfado sobre todos sus rivales, también en España, sin que ese quiera decir, contra lo que suele pensarse, que la competencia entre partidos es menos dura o más sencilla. De hecho, contra lo que pensaba la izquierda, la liberal-democracia no es un régimen acotado para su exclusivo disfrute del mismo modo que la dictadura lo estaba para la derecha, pues el monopolio es incompatible con el sistema constitucional y este es el verdadero, el único centro.
0
comentarios