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La Ilustración Liberal

Balance de una Legislatura

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Para la mitología de izquierdas, el acceso del Partido Socialista al poder en 1982, representó un momento histórico. Aquella victoria electoral significaba el acceso al poder de la izquierda después de más de un siglo de marginación y persecución. Por 1/2n la izquierda, valedora principal de los valores de democracia y libertad, iba a poner en práctica el programa de honradez, solidaridad y redistribución que la derecha española había hecho imposible con tanto ahínco durante la Restauración, la Dictadura de Primo de Rivera, la de Franco e incluso la Unión de Centro Democrático, breve paréntesis que debía dar paso al turno necesario de la izquierda.

El partido socialista y el antiliberalismo del siglo XX

La realidad era muy distinta. Hasta la negociación y la votación de la Constitución de 1978, el Partido Socialista no se había significado por su particular apego a la libertad ni a la democracia. Sus principales aportaciones a la historia política española habían sido, primero, el bloqueo del proceso de democratización de la monarquía parlamentaria a principios de siglo, segundo, su apoyo a la dictadura corporativista del general Primo de Rivera y, tercero, después del apoyo reticente a la II República, la voladura de aquel último intento de parlamentarismo democrático.

En todas estas hazañas el Partido Socialista estuvo muy bien acompañado. El fracaso del Sexenio Revolucionario (1868-1873) dejó un residuo de intelectuales y políticos, entre el republicanismo y la tentación radical, que no acabaron nunca de integrarse en el régimen constitucional de la Restauración. El regeneracionismo, con sus apelaciones a la eficacia técnica, la neutralidad ideológica y el caudillismo, quiso certificar el final de las revoluciones liberales y dio por agotado el modelo liberal. A partir del fracaso de Antonio Maura, la derecha, cada vez más ensimismada, más intervencionista y más descreída en el parlamentarismo e incluso en la Monarquía, se fue decantando hacia las soluciones autoritarias. Como en toda Europa, también en España el siglo xx iba a ser profundamente antiliberal, como si la libertad fuera un obstáculo para el progreso e incluso para la democracia.

En todo este proceso el Partido Socialista tuvo una responsabilidad muy especial, derivada del papel protagonista que se le concedía. Esa superstición moderna que ha sido el progresismo aceptaba como un dogma de fe que el Partido Socialista tuviera ese algo más de legitimidad que le otorgaba su autoproclamada representación de las clases obreras o populares. Sin el Partido Socialista, no había régimen democrático posible.

Lo malo es que hasta bien entrados los años setenta el Partido Socialista no quería la democracia ni las libertades públicas. No es que tuviera muy claro lo que quería de verdad (¿una democracia popular?, ¿una dictadura socialista?, ¿un régimen corporativista?), pero sí estaba claro lo que el Partido Socialista no quería: la democracia parlamentaria, burguesa y formalista. La muerte de Franco trajo también la transición al Partido Socialista. Por fin abrazó, después de casi cien años, los principios básicos de las democracias liberales. Pero una historia tan larga deja muchos resabios, y el tirón antidemocrático y antiparlamentario se notó en la actuación del Partido Socialista durante los gobiernos de la UCD, con las campañas de insultos y difamación, y luego tras la victoria electoral del 82. Combinada esta historia mal revisada, la novedad que para los socialistas era la democracia liberal, mayorías tan aplastantes como las que les concedieron los españoles, con la voluntad de redistribución y solidaridad social, el resultado no era del todo imprevisible: crecimiento desmedido del Estado (más de un millón de funcionarios incorporados al presupuesto, un déficit del 6,9% del PIB en 1995, un gasto público que alcanzó el 48% del PIB en 1995, una presión fiscal que subió del 30,3% en 1983 al 35,4% en 1995, y un paro que llegó a afectar al 23,7% de la población activa en 1994), y lógicamente, opacidad, violación de la legalidad y una corrupción tan honda que algunos socialistas, entre ellos algunos muy altos cargos del Gobierno, quisieron exculparse desviando la sospecha a instituciones tan esenciales para la convivencia entre españoles como la Corona.

También hubo avances serios en lo que se llamó modernización de España: se liberalizaron los horarios comerciales, el mercado de trabajo y, en parte el mercado del suelo. Y se inició un proceso de privatización y racionalización de la empresa pública, con un enorme coste, eso sí, en cuanto a conflictividad social. La huelga de diciembre de 1989, una de las últimas manifestaciones de una sociedad hasta ahí homogénea y amedrentada, frenó en seco estos intentos de renovación.

Nada hacía esperar, en cambio, que los dirigentes del Partido Socialista se aferraran como lo hicieron al poder. Probablemente les perdió la soberbia que les daba la fe ciega en su propia legitimidad histórica. Primero, Felipe González y su grupo arrasaron cualquier posible recambio dentro del Partido Socialista. Luego, cuando perdieron las elecciones de 1996, lo atribuyeron a una conjura, una campaña de difamación personal. El resultado ha sido que quienes llegaron al poder a finales de los 70 (nacidos entre 1935-1950) siguen hoy en primera fila, deseosos de vengar la afrenta que supuso el perder las elecciones. Y las luchas en el Partido Socialista se siguen dirimiendo en función del pasado, como demostró el caso del candidato a la Presidencia de Gobierno Josep Borrell, que tuvo que retirarse de la política después de que sus compañeros de partido le sacaran a la luz un escándalo financiero en el que estaba implicado.

Nacionalismos

No era éste el único problema al que se enfrentaba el Partido Popular al llegar al poder en 1996. Un historiador que suele escribir en las páginas de esta revista dice que los españoles son especialistas en cargar con muertos que nadie aceptaría jamás. Uno de esos muertos, probablemente el más pesado, es el del problema de España, inventado a finales del siglo pasado por los intelectuales noventayochistas y por la frustrada izquierda intelectual incapaz de digerir el fracaso del Sexenio revolucionario, y ampliado por una oligarquía local que vio en el motivo nacionalista una ocasión de oro para afianzar sus competencias y su poder. Los movimientos nacionalistas son por naturaleza intervencionistas, proteccionistas y fuertemente conservadores. Apelan a una lealtad sentimental volcada en tradiciones y formas de vida venerables, que no tendría por qué entrar en conflicto con la constitución de un Estado democrático y parlamentario como lo es el español desde 1978, si no fuera por que el proyecto nacionalista tiene por objetivo no el cultivo de unas tradiciones, sino la nacionalización de los territorios que reivindica como propios y el establecimiento de un Estado derivado de ese ser nacional postulado como un a priori metafísico. A la crueldad arcaica del proyecto (imposición de una lengua, arbitrariedades, caudillismo) se suma la puesta en cuestión del Estado español, es decir de las únicas instituciones que han permitido la convivencia en libertad de los españoles.

Esta tensión interna del nacionalismo, siempre desgarrado entre el conservadurismo y la ruptura con las instituciones de la democracia parlamentaria, ha teñido de tragedia la historia de España. Unas veces el nacionalismo, catalán o vasco, se ha aliado con la izquierda, como ocurrió en 1930, en 1934 y en 1936; otras se vuelve hacia la derecha, como ocurrió con el nacionalismo catalán conservador después del 18 de julio del 36. En 1978, y en virtud de la idea peregrina según la cual la nación española no estará vertebrada hasta que reconozca e integre las diferentes nacionalidades que la componen, los nacionalismos consiguieron la parte del león. No sólo obtuvieron una legitimidad histórica en el texto mismo de la Constitución, con la aparición del término "nacionalidad" en el artículo 2, sino que abrieron un proceso de autogobierno en el que el Estado cedió casi de buenas a primeras todas sus posibles cartas negociadoras. En 1996, el nacionalismo catalán, con unas competencias amplísimas, había consolidado una hegemonía cultural y social tal que los nacidos en Cataluña a partir de la transición han sido criados y educados en el más completo repliegue localista, como si España fuera un país extranjero, su historia, la de una comunidad extraña y su lengua, el español, un idioma ajeno. A pesar de los esfuerzos, no había ocurrido lo mismo en el País Vasco, donde el nacionalismo, mucho más ideologizado y más proclive por tanto a las posiciones extremas, no ha logrado consolidarse y en cambio ha radicalizado una parte de la sociedad, manteniendo hasta hace poco tiempo una posición ambigua no ya ante la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las instituciones españolas, sino ante la violencia terrorista.

La ajustada victoria del Partido Popular

La victoria del Partido Popular en 1996 devolvió el poder a una derecha extraviada desde el hundimiento de UCD en 1982. José María Aznar, nacido en 1953, es más joven que quienes habían ocupado altos cargos con el Partido Socialista y pertenece a una generación, o a un grupo de españoles, nacidos entre 1950 y 1965. Esta generación no había hecho la transición ni había vivido el franquismo si no es como fenómeno residual, ajeno, inevitablemente destinado a desaparecer. El relevo generacional producido en el Partido Popular, pero no en el Partido Socialista, venía a significar una reedición de lo ocurrido en 1876. Una vez más se reconstruía la derecha española, esta vez en torno a un liderazgo muy firme, y recogiendo en un solo grupo toda una variedad de tendencias que resumían la complicada trayectoria de la derecha en el siglo xx español: democristianos, socialcristianos de centro, miembros de la antigua UCD, liberales... Había más de un antiguo colaborador con el franquismo (los había en todos los partidos, incluido el PSOE), pero también herederos de las muchas corrientes de la derecha que supieron mantener, en circunstancias difíciles y a pesar de las muchas tentaciones, la legitimidad de las instituciones españoles. Primero bajo (y a veces contra) aquel rey regeneracionista que fue Alfonso XIII; luego con la dictadura de Primo de Rivera, cuando de los pocos que se manifestaron en contra fueron precisamente algunos representantes de la "política vieja", como se decía entonces, es decir la oligarquía política del régimen liberal parlamentario; más tarde durante la República, a pesar del hundimiento de la lealtad monárquica y de la continua provocación de quienes creían monopolizar el régimen; y finalmente en la dictadura franquista, desde los intelectuales liberales y conservadores en la Universidad, los tecnócratas que abrieron el mercado y siguieron sentando las bases jurídicas de un futuro Estado de derecho, y los monárquicos que, a pesar de la traición de Alfonso XIII al pacto entre el liberalismo y la Corona, sabían que la monarquía era la clave de la convivencia entre españoles. De esa reunificación, condición indispensable para la vuelta al poder del centro derecha español, José María Aznar y su equipo fueron los únicos autores.

El programa del renovado Partido Popular en 1996 tenía tres elementos: primero, el saneamiento de la economía española con la intención, o el pretexto, de que España pudiera integrarse en el nuevo sistema monetario europeo simbolizado por el euro, la nueva moneda única; segundo, una actitud firme ante el nacionalismo; y, tercero, lo que se transmitió a los votantes como regeneración, retomando un desdichado término de principios de siglo, y que venía a significar, más que unas medidas políticas concretas, una actitud, una forma de encarar las cosas: renovación de la justicia, restauración de las libertades públicas maltratadas por la arbitrariedad y el intervencionismo del Partido Socialista, restauración del Estado de derecho malherido con el largo episodio de los GAL, punto final a la corrupción socialista.

La victoria electoral de 1996, por tan sólo 290.000 votos de distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista obligó a adaptar la intención a la circunstancia. Para gobernar, el Partido Popular tuvo que pactar con los nacionalistas, en particular con los catalanes. El acuerdo se disfrazó, en momentos de desconcierto, de reconciliación histórica entre burguesías mal avenidas. El Partido Popular pagó un precio muy alto por aquella supuesta reconciliación, como fue el descabezamiento de su organización en Cataluña con el cese de Alejo Vidal-Quadras, catalán antinacionalista. Probablemente se podía haber negociado más duro, pero prevaleció una cierta conciencia de la responsabilidad que el Partido Popular había asumido con su victoria, aunque fuera tan estrecha.

No era cuestión, además, de dar una nueva oportunidad al Partido Socialista, crecido con un respaldo inesperado. Había llegado la hora de la derecha renovada, como en el 82 había llegado la de la izquierda. De ahí parte un gesto característico de José María Aznar, político templado donde los haya, amante de cumplir la palabra dada y aficionado a emprender tareas que parecen superiores a sus fuerzas: el compromiso de agotar la legislatura fueran cuales fueran las circunstancias. Después de los años tormentosos del último gobierno del Partido Socialista y la precipitada convocatoria de elecciones tras la desafección de los nacionalistas catalanes, era obvio el mensaje de estabilidad. Había algo más: la voluntad de demostrar que el gobierno de la derecha significaba la restauración de las instituciones, y no un paréntesis anecdótico tras el cual volvería el único ocupante legítimo del poder que es la izquierda (en España, el Partido Socialista), como se había venido contando retrospectivamente la etapa de UCD, simple transición entre la dictadura y la izquierda.

La firmeza ante el nacionalismo

Esta claridad en el proyecto se iba a corresponder con otra, que lo sucedido con los nacionalistas catalanes no hacía prever. Es la firmeza demostrada ante el terrorismo de ETA, con la profundización de la colaboración exterior con Francia, la acción policial y la negativa a cualquier diálogo que significara una cesión política a cambio del cese de la violencia. El gobierno del Partido Popular, con el equipo formado por el presidente José María Aznar y el ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, vasco él mismo, asumía íntegramente la legitimidad de los fundamentos constitucionales, incluidos los Estatutos de autonomía, del Estado español liberal y democrático. ETA quiso evitar esta política cuando intentó asesinar a José María Aznar. Al no conseguir su objetivo, pretendió romper la posición del Gobierno con la matanza de militantes y cargos electos del Partido Popular, que supieron mantener una actitud heroica. La tensión llegó a un límite extremo con el chantaje al Estado que significó el secuestro, la tortura y el asesinato programado de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del Partido Popular. La reacción ante aquella brutalidad, plasmada en el llamado espíritu de Ermua por la ciudad en la que ocurrieron los hechos, llevó a la tregua indefinida proclamada por ETA en septiembre de 1998.

El Gobierno abrió conversaciones con los terroristas, pero sin variar la actitud seguida hasta entonces. No había posible negociación política con los terroristas. A todo lo largo de este proceso, hubo varias oportunidades para que los nacionalistas vascos se desmarcaran con claridad de la violencia. Los nacionalistas las desperdiciaron todas. En vez de eso, fueron derivando hacia una posición turbia, supuestamente equidistante del Estado español y de ETA, y que acabó revelando la auténtica situación del nacionalismo vasco, rendido al poder de los terroristas. Esta legislatura del Partido Popular termina con un gobierno nacionalista aliado en el Parlamento vasco con el brazo político del terror, es decir maniatado ante los delincuentes y los violentos y por tanto con una legitimidad democrática y constitucional como mínimo dudosa.

Lo que está en juego en este pulso no es sólo el fin de la violencia de ETA, sino la posición misma del nacionalismo. Si, como parecen pensar los nacionalistas vascos, la razón misma de su proyecto está ligada a la violencia y al terror, el pulso que han mantenido el Gobierno y el Partido Popular significa una apuesta por el fin del proyecto nacionalista en todo lo que exceda el marco jurídico de los Estatutos y la Constitución. Los nacionalistas catalanes, pendientes de cualquier concesión por parte del Gobierno, lo saben muy bien. En el fondo, el Gobierno del Partido Popular ha empezado a cerrar el largo episodio que abrió la frívola y equívoca reflexión sobre el problema de España. Por muy dramática que haya sido la historia de España en el último siglo (no más que la de muchos otros países, dicho sea de paso), no está en cuestión, como no lo debió estar nunca, la legitimidad del Estado español ni, en consecuencia, la de la constitución política de la nación española. A menos que quieran seguir siendo aliados del terror, los nacionalistas habrán de ir acostumbrándose a esta idea, que por otra parte ha abierto y sigue abriendo un horizonte inmenso, e inédito, al autogobierno y a la preservación y proyección en el futuro de tradiciones y señas culturales de identidad propias.

Era de esperar que el Partido Socialista, uno de los pocos partidos que presentan el adjetivo de "español" en su imagen de marca, y siempre desconfiado de las derivas nacionalistas, apoyara con claridad este proyecto. No ha sido así. Ha habido muchas reticencias, posiciones intermedias y acusaciones de inmovilismo lanzadas contra el Gobierno, que disimulaban malamente la imputación de reacción y nacionalismo españolista insinuada siempre en este tipo de argumentos. Tal vez se haya debido a la voluntad puramente electoralista de distanciarse del Gobierno, pero hay síntomas de algo más. La disposición de los socialistas a gobernar con cualquier fuerza política que no sea el Partido Popular (incluidas organizaciones protonacionalistas o nacionalistas de izquierdas o de derechas), recuerda los años del Frente Popular, como si la prioridad absoluta, al precio que sea, fuera echar del Gobierno al Partido Popular. Está además la tentación federalista (siempre incomprensible en España), en la que el jacobinismo de los socialistas trata de encontrar un terreno común con sus correligionarios catalanes, más nacionalistas que socialistas. Y están por fin las medidas de los Gobiernos socialistas de algunas Comunidades Autónomas, empeñados en políticas que ponen en peligro la mínima consistencia política del Estado, como pasó con las subidas unilaterales de las pensiones. Si a todo eso se suma la ausencia de renovación del personal socialista, que impide de raíz la construcción de un nuevo liderazgo y un nuevo proyecto político al estilo de lo ocurrido en Gran Bretaña, en Alemania o incluso en Francia, el Partido Socialista corre el riesgo de ver difuminado cualquier rastro de proyecto nacional. Más que a una reedición del Frente Popular, estaríamos ante una renovación del pacto anti Restauración a cargo de nacionalistas y socialistas, es decir las fuerzas políticas que no han revisado a fondo su discurso y su posición ante la legitimidad del Estado español.

En el caso de un pacto con los comunistas de Izquierda Unida, el resultado sería inédito, por la novedad de la posición, muy alejada en este caso de cualquier renovación hacia el centro, y la propia federalización de las organizaciones territoriales de IU.

La economía

Capítulo menos conflictivo, aunque no menos importante, ha sido el de la economía, en el que el Partido Popular se enfrentaba a la herencia socialista que culminó en la crisis de 1993, con inflación, paro, altos intereses y déficit. Todo eso con el horizonte casi inmediato de la entrada de España en el nuevo sistema monetario europeo, con la instauración de una moneda única que exigía una disciplina clara y medidas de rigor inaplazables. El último gobierno socialista ya había empezado a rectificar la política económica de lo que un ministro socialista se atrevió a llamar la edad dorada. El Partido Popular tenía que continuar el trabajo y llevarlo mucho más lejos, con la seguridad de que el Partido Socialista sacaría a relucir todas las consignas simbolizadas en el doberman con que quiso significar la política del centro derecha en la campaña electoral de 1993. Insensibilidad social, desigualdades, reparto injusto, nuevos privilegios... Las mismas personas que habían protagonizado la privatización de Rumasa, el caso Ibercorp, el caso Filesa, el de la Expo de Sevilla, el de los fondos reservados, los amigos de Juan Guerra, Juan Roldán y Gabriel Urralburu, los mismos que llegaron incluso a eximir de una parte del IVA a Canal Plus, la televisión propiedad de sus amigos del grupo Prisa, se lanzaron a esta campaña...

En casi todos los casos, las acusaciones respondieron a intereses particulares, como en el caso de la campaña de Prisa contra los ministros Josep Piqué y Rafael Arias-Salgado, poco proclives a tratar a este grupo con la largueza con la que le tenía acostumbrado el Partido Socialista. Además, tampoco había un margen de maniobra muy amplio. El Partido Socialista ha ido haciendo saber, en los últimos meses de la legislatura popular, que no iba a introducir grandes cambios en las medidas económicas más importantes tomadas por el Gobierno del Partido Popular y su ministro Rodrigo Rato.

Cuando el Partido Popular llegó al poder en 1996, nadie creía posible que España cumpliera los criterios de convergencia requeridos para formar parte del grupo de los países del euro y establecidos en buena medida para dejar fuera del proceso de integración monetaria a los países del Sur de Europa. Pues bien, el déficit, que alcanzaba a finales de 1995 el 6,9% del PIB, se ha reducido hasta tal punto que es concebible alcanzar un déficit cero en el presupuesto del año 2001. El retorno a la ortodoxia significa un triunfo de la disciplina y un homenaje a los economistas de finales de siglo xix y a otros posteriores que supieron mantener viva la pequeña llama de la sensatez y el sentido común, educados como estaban en una escuela previa al desenfreno intervencionista del nacionalismo y el socialismo. Como en el caso del pulso al nacionalismo, la política económica del Gobierno del Partido Popular ha querido cerrar un largo episodio que se inició, simbólicamente, hace ahora 102 años. La reducción del gasto público y una inflación moderada para lo que se conocía en España, han ido acompañadas con tasas de creación de empleo de un 3% anual, como no se había visto en los últimos veinte años, y con un crecimiento del PIB similar o superior, que no parece en trance de agotarse.

En el campo de las reformas estructurales, España tiene uno de los mercados de telecomunicaciones más libres de la Unión Europea y la liberalización en el sector eléctrico es de las más profundas de la OCDE. En estos dos campos, la economía española está hoy en mejor posición competitiva que el resto de los estados de la Europa continental -como lo demuestra la expansión de las grandes compañías de telecomunicaciones- y tiene mercados más libres que los existentes en el resto de los países de la Unión Europa. Claro que se podía haber pedido más esfuerzo liberalizador, pero el punto de partida era tan intervencionista (herencia, otra vez, de todo un siglo de estatismo), que los cambios en telecomunicaciones y energía son casi revolucionarios.

Después de la primera legislatura del Partido Popular, está al borde de la extinción el sector público empresarial, de un tamaño tal que durante un siglo ha subordinado toda la sociedad española a los intereses particulares de un Estado macrocéfalo. Pero no sólo se han privatizado las empresas rentables, como Telefónica, sino que el Gobierno ha conseguido librarse de compañías que parecían condenadas a estar en manos del estado a perpetuidad, y se han puesto los cimientos para resolver problemas crónicos como el de Hunosa. Esta estrategia de racionalización y devolución se ha producido además sin costes sociales y sin conflictividad, en empresas con fuerte presencia sindical. Lo lógico es pensar que el Ministerio de Industria desaparezca por consunción. Todo un símbolo del final de una etapa.

Por último, la reforma del IRPF ha reducido la carga fiscal de todas las familias españolas, en especial de aquellas con rentas más bajas. El nuevo impuesto sobre la renta ha liberado de obligaciones fiscales a más de cinco millones de españoles y reducirá la factura impositiva de los demás entre un 10 y un 15%. Podría haber sido más, como prometió en su programa el Partido Popular, pero al menos se ha roto la voracidad tributaria de los gobiernos españoles desde los años de la transición y se ha puesto en cuestión la idea de que la democracia lleva irremediablemente aparejado un Estado siempre creciente.

Quedan muchas cosas pendientes

España seguirá estando muy lejos de cualquier liderazgo si no se acometen en serio programas de infraestructuras en los transportes, en el terreno de la comunicación y las nuevas tecnologías. Sigue estancado el cable, el acceso a Internet es lento, caro y precario, y parece haberse confundido la revolución tecnológica y de la información con la posesión de un teléfono móvil por cada español. José María Aznar ha reconocido abiertamente que "Europa se ha quedado atrás por culpa del poco estímulo que hemos dado al espíritu empresarial". Queda por ver las medidas que se tomarán para facilitar el intercambio de información, y en particular el comercio electrónico, que no despegará mientras los españoles sufran facturas de teléfono desmedidas y padezcan las dificultades y los cortes a los que se enfrentan los usuarios de Internet, muchos de ellos jóvenes.

La reforma fiscal no podrá continuar sin una revisión a fondo del llamado estado de Bienestar, que llevará a los españoles a asumir responsabilidades individuales o familiares en cuestiones que se han acostumbrado a delegar en el Estado, como la sanidad, las pensiones o el transporte. Muchos mercados (suelo o distribución) siguen atenazados por una legislación que lesiona su competitividad y la creación de empleo. Por último, el mercado laboral adolece de rigideces paliadas por la buena coyuntura, pero que pasarán una alta factura en términos de producción y empleo cuando la actividad se debilite o los costes laborales españoles sigan creciendo por encima de los de nuestros competidores.

La prudencia era obligada por la estrecha victoria del Partido Popular, por el propio carácter de partido, en buena medida conservador y alejado de cualquier veleidad experimental, así como por la presencia muy importante en sus 1/2las (y en el gobierno), de ideas tradicionalmente intervencionistas, como son las herederas del pensamiento social cristiano. Son hechos irrebatibles, e ideas legítimas, por supuesto, pero que en algunos casos no sólo han impedido reformas, sino que han puesto en marcha otras contradictorias con la línea general. Los nacionalistas catalanes impusieron el control de los horarios comerciales, con lo que se dio marcha atrás en la liberalización realizada por el Partido Socialista.

Dentro del propio Partido Popular, el caso más llamativo ha sido el de la Ley llamada de Extranjería, con la que se quiso resolver el doble problema de la entrada necesaria de extranjeros para renovar una población cada vez más rica y más vieja, y la protección de los privilegios de los ciudadanos de la Unión Europea. Las buenas intenciones de los legisladores, sobrados de progresismo y llenos de solicitud paternal hacia la población inmigrada, propiciaron un texto contradictorio con la política del Gobierno en materia de regulación migratoria dentro de la Unión Europea y capaz de poner en peligro el precario equilibrio conseguido en el presupuesto público, por la fabulosa generosidad con la que trata a cualquier inmigrante.

No sólo hubo autocomplacencia. Lo peor fue que el Gobierno del Partido Popular no cayera en lo que estaba ocurriendo hasta bien adelantado el trámite parlamentario de la ley. Al final el partido en el Gobierno salió derrotado porque fue el único en votar en contra de su propia ley, mientras todos los demás grupos, incluidos sus aliados a lo largo de los cuatro años de gobierno, votaron a favor de la ley que el mismo partido en el Gobierno había presentado.

Liderazgo cultural

Esta derrota, ocurrida en la última votación de la legislatura, llevó algo de euforia al Partido Socialista y la correspondiente melancolía en el Partido Popular, una situación repetida a lo largo de la legislatura cada vez que las encuestas mostraban que entre los dos partidos las diferencias, al menos en intención de voto, siguen siendo pequeñas. Y en cuanto aparecía la melancolía, cundía también la impaciencia. Había que aprovechar la oportunidad (la entrada en el euro, o la bonanza económica, o la desastrosa situación del Partido Socialista, más de una vez sin líder visible) para convocar elecciones o al menos cambiar de gobierno... La zozobra se ha estrellado siempre con la impasibilidad de José María Aznar, que había hecho de la duración la clave de su mandato de presidente del Gobierno y confiaba en el efecto sedante de la normalidad institucional y en las medidas encaminadas a favorecer la prosperidad general. Las encuestas de intención de voto han ido aumentando poco a poco la distancia entre el Partido Popular y el Socialista. Aun así, esta distancia sigue siendo pequeña, y menor que la prevista para las elecciones de 1996, luego desmentida por los hechos. También parece muy sensible a cualquier movimiento inesperado, como un cambio en la jefatura de Izquierda Unida.

Ha habido muchas explicaciones para esta falta de tirón electoral de un gobierno que presenta logros considerables en estabilidad institucional y economía. Se ha hablado de política errática en cuanto a los medios de comunicación, una política que no ha sabido ayudar a crear una alternativa clara y sólida a Prisa, el grupo de comunicación que combina la variedad en los medios (editoriales, periódicos, revistas, emisoras de radio y de televisión, además de cadenas de distribución: sólo le ha faltado por canal de televisión en abierto) con una disciplina y una uniformidad ideológicas capaces de tergiversar o suprimir zonas enteras de la realidad. El intento estaba fracasado de raíz, porque el modelo de Prisa, basado en la adhesión inquebrantable a una ideología y unos intereses, es irrepetible en una sociedad plural. Además, como aparato de propaganda ideológica, Prisa empieza a dar síntomas de agotamiento. En una democracia moderna como la española, no se puede hacer siempre política en los medios de comunicación, como si las instituciones fueran irrelevantes.

También se ha atribuido el escaso tirón electoral del Partido Popular al incumplimiento de esa parte de su programa electoral que se denominó, con poca imaginación, regeneración de la vida democrática española: reforma de la justicia, saneamiento de los focos de corrupción (en Hacienda, en particular en la Agencia Tributaria; en la vida municipal y autonómica...), y ruptura con algunos de los modos de gobernar más inquietantes de la etapa socialista. La escasa mayoría electoral ha impedido casi todas estas posibles acciones, pero cabe preguntarse si la idea misma de regeneración, que sugiere que la sociedad es un cuerpo vivo, los políticos, médicos o cirujanos, y la acción política un medicamento o un bisturí, tiene viabilidad en una sociedad democrática.

Parece difícil regenerar la actitud de los españoles ante Hacienda ni la de los encargados de cobrar los impuestos como no sea haciendo más caro el fraude que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y para eso no hay más medida que la de bajar los impuestos. Tampoco se regenerará la justicia española si no se toman medidas que cambien la elección del Consejo General del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional, empeñados en garantizar la intangibilidad de un ex presidente del Gobierno, en actuar en contra de la racionalidad económica en sentencias como las de la liberalización del suelo o la de la autorización de los tribunales autonómicos de la competencia, o directamente contra la política de Estado en materia terrorista, como cuando la puesta en libertad a los jefes de Herri Batasuna.

Y no se regenerará la enseñanza si no es permitiendo la competencia, fomentando las posibilidades de elegir (escuela, instituto y universidad) por las familias y los estudiantes, y garantizando de verdad la igualdad de oportunidades, es decir premiando a los estudiantes que trabajan y muestran interés y compromiso en lo que hacen. La ministra Esperanza Aguirre lanzó una doble ofensiva en defensa de una educación exigente y de calidad, y en favor de una mínima homogeneidad de contenidos en la enseñanza pública española. Se estrelló contra el nacionalismo y la demagogia progresista, en una sesión del Congreso en la que bastantes socialistas votaron en contra de sus propias convicciones. Allí quedó claro que el Partido Popular se había quedado solo a la hora de hacer una política nacional y que el Partido Socialista, agarrotado en ideas y eslógans de otros tiempos, era incapaz de ofrecer una alternativa seria.

No se supo aprovechar

Y es que lo peor de la legislatura del Partido Popular ha sido la falta de liderazgo, no de liderazgo político, que está muy bien afianzado, sino de liderazgo social y cultural. Ni siquiera la política antiterrorista ni la política económica, tan claras en sus planteamientos y en sus resultados, han ido acompañadas de una voluntad de explicación y de pedagogía, como si la claridad y la ilustración estuvieran de más en democracia. La radio y la televisión públicas siguen generando un déficit escandaloso y arrastran una deuda superior al medio billón de pesetas, sin que, por cierto, se haya tomado ninguna medida para regenerar la situación de privilegios y de corrupción. Por supuesto que difunden con fidelidad, como es de esperar en cualquier medio de comunicación público, el mensaje del gobierno. Pero en cuanto se sale de ese estrecho margen en el que dominan unas consignas claras (tal vez lo menos importante), lo que se percibe responde siempre a la misma cantinela: estatismo, redistribución, solidaridad... Los valores son siempre los mismos y la visión de la historia y el presente que se transmite sigue exaltando las mistificaciones y la propaganda progresista.

El centro derecha español ha cometido un error clásico entre los conservadores y liberales del siglo XX. Quizás más que de error, se trate de ingenuidad. Consiste en apelar directamente a la opinión pública, como si ésta se formara espontáneamente, sin intermediación alguna. En los años 70, el Partido Conservador inglés y el Partido Republicano norteamericano comprendieron que la captación de la opinión pública requiere la creación de centros de elaboración e irradiación intelectual, el aprovechamiento de los ya existentes, y la construcción de un corpus de ideas sofisticado y complejo, que luego se irá simplificando a medida que se va difundiendo en la sociedad. Así ganaron las elecciones Margaret Thatcher y Ronald Reagan, después de años de trabajo y de elaboración de ideas, y así volvieron a ganar las elecciones los laboristas y los demócratas. Ese trabajo ni siquiera se ha iniciado en España. Más aún, se da por perdido de buenas a primeras, como si en esto, y prácticamente sólo en esto, se cumpliera a rajatabla el principio liberal de no intervención y se esperara una reacción espontánea de la sociedad. Tanto que ni siquiera se interviene en la radio y la televisión públicas...

En lo ideológico, el Gobierno del Partido Popular, y más precisamente José María Aznar, han venido transmitiendo dos mensajes fundamentales. El primero desbrozaba la genealogía histórica del Partido Popular, y colocaba al renovado centro derecha español bajo la égida de la Restauración de 1876 y sus dos grandes responsables, Antonio Cánovas y Práxedes Mateo Sagasta. El simple hecho de invocar, sin estridencias ni grandilocuencias, la Restauración como una referencia histórica constituye una declaración de principios. Buena parte de la acción política española del siglo XX, por lo menos entre 1909 y 1975, se hizo contra la Restauración y contra lo que la Restauración significó en la historia de España: parlamentarismo, alternancia civilizada en el poder, libertad de expresión...

En 1975, el retorno de la dinastía expulsada en 1931 no trajo aparejada una revisión histórica. Al contrario, la historiografía dominante se dejó llevar por el empeño antiliberal tan característico del siglo xx y siguió meciéndose en el tópico según el cual los años de la Restauración habían significado el triunfo de la reacción, la oligarquía y el oscurantismo. Claro que esta forma de escribir la historia de España ha sido, además de muy cómoda, fructífera. Proporcionaba una apariencia de legitimidad histórica a la siempre inviolada inocencia de la izquierda y al autoritarismo de la derecha. También era condición sine qua non para conseguir cualquier prebenda en forma de becas, cátedras, plazas de profesor funcionario, etc. En este aspecto, la izquierda nunca ha desdeñado el papel de los intelectuales y de los centros de opinión como creadores y transmisores de cultura.

Apelar a la Restauración significaba por parte de José María Aznar establecer una distancia clara con toda esa ideología, de derechas y de izquierdas, segregada a lo largo del siglo xx español. En 1996, llegado el momento de gobernar de nuevo, la derecha o el centro derecha, que se quería heredero del arco amplísimo que va del liberalismo al conservadurismo, respetuosos con la Monarquía y el Estado de derecho, no tenía que demostrar su lealtad liberal y democrática, ni pedir disculpas, ni aceptar ninguna hipoteca histórica. Más bien al revés.

Sobre esta perspectiva de legitimación histórica, muy firme aunque no fácil de explicar por su novedad relativa y por romper capas y capas de lugares comunes fosilizados a lo largo de más de cien años, el Partido Popular lanzó otra consigna, la del giro al centro. En parte, el motivo del centro quería ser la actualización de la genealogía histórica del centro derecha español, con la apelación a los valores y actitudes de moderación, templanza y sentido común que han sido siempre los de los liberal-conservadores. Por otra parte, respondía a ese signo de los tiempos propio de los años 90, que ha llevado a la exploración de Terceras Vías o capitalismos compasivos, una síntesis más o menos verosímil y de perfiles muy imprecisos, pero extremadamente nítidas en cuanto a la imagen trasmitida, entre la preocupación por la eficacia y lo que se ha dado en llamar cohesión social. En el caso español, suponía un tercer apartado, contradictorio con el primero.

El Partido Popular de José María Aznar no partía de la desmesurada afición al intervencionismo estatal, como le ocurría al laborismo inglés, pero tampoco de ningún supuesto fundamentalismo ideológico, como se le ha achacado al conservadurismo británico o norteamericano. En este aspecto, su propia conformación, de síntesis y de integración, demostraba su carácter de centro. Al lanzar la consigna como una novedad, el Partido Popular aceptaba, por lo menos en parte, la crítica que se le hacía desde la izquierda. También aceptaba el lugar común según el cual la sociedad española es mayoritariamente de centro izquierda, y ese progresismo ha de determinar el lenguaje y la acción de los políticos. (Un solo recordatorio para calibrar lo que valen esos tópicos: a mediados de los 70, decían que la mayoría de la sociedad española era franquista.) El giro al centro corría el peligro de convertirse en una reedición del tecnocratismo confuso, dispuesto a retroceder a la más mínima presión, el mismo que acabó con la UCD y luego en la victoria previsible de aquellos a quienes se les concedía el protagonismo.

Probablemente estos desajustes habrían quedado barridos si la doble invocación de la Restauración y del centro, con la política de austeridad y liberalización y de firmeza ante el nacionalismo, hubieran ido acompañados de una posición ideológica seria, de fondo, con explicaciones claras y la consolidación de una imagen correspondiente a las ambiciones del centro derecha. Hacía falta, en pocas palabras, liderazgo cultural. No lo hubo nunca. Más que complejos, ha habido falta de seguridad, miedo a la marginación ante la hegemonía del discurso social y cultural de la izquierda progresista. Ni siquiera se ha sabido aprovechar la ventaja que daba el envejecimiento no ya de las ideas de izquierda (seguir hablando de socialismo diez años después de la caída del Muro de Berlín abre algunas brechas...) sino de sus mismos representantes, una imagen más que elocuente en una cultura hecha de imágenes.

En vez de propiciar, crear y promocionar nuevos líderes, nuevas ideas, nuevas imágenes, el centro derecha español ha aceptado con una mezcla de desidia y de inseguridad, casi agradecido, muchos de los que le presta la izquierda. Más que cualquier otra cosa, esta inseguridad explica el escaso atractivo del Partido Popular en el electorado. Para la generación de Aznar, la que no hizo la transición por ser demasiado joven pero vio cómo el Partido Socialista arrasaba y corrompía casi todas las ilusiones que había puesto en la vida pública, esta abdicación se ha vivido con resignación, con tristeza y en más de un caso con rabia. Era la última oportunidad que tenía de alcanzar cierto protagonismo en la vida de su país. Justo castigo, se dirá, por haber dado demasiado importancia a la política, pero si se ha demostrado que la política sirve para poco, su actitud ante las elecciones no despertará muchas expectativas.

Resulta difícil calibrar cuál será la actitud de los que vienen después. No han conocido más ideas, por así decirlo, que las progresistas. Desde el lado conservador y liberal, lo único que se les ha transmitido es una actitud pragmática, escéptica, que sus receptores pueden interpretar como cinismo. Encaja bien con la costumbre española de aceptar el poder como una losa inevitable, desconfiar de las propias fuerzas y soslayar cualquier responsabilidad individual, cualquier riesgo, cualquier rastro de orgullo personal... Al Partido Popular le tocaba cerrar un siglo español de ensimismamiento y desconfianza ante la libertad. El trabajo está hecho, a medias.

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