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La Ilustración Liberal

Educación y ciencia

En busca de una alternativa para la educación

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A. Un recorrido legislativo

La Ley General de Educación (LGE) de 1970 supuso un gran cambio en el sistema educativo español. Nacía dos años después de las revueltas del Mayo francés, de ahí que, a pesar de que fuera elaborada por una Administración franquista, respondiera ya a la pedagogía progresista que a finales de los años sesenta y en los setenta del siglo pasado se extendió por Europa Occidental.

Poco tiempo después de ser promulgada aquella ley, se constituyó una plataforma reivindicativa de profesores y sindicatos de izquierdas que, entre otras cosas, reclamaba una gestión democrática de los centros docentes, la estabilidad en el empleo de los profesores y la escolarización total y gratuita hasta los 16 años.

En Madrid, en 1975, profesores de la izquierda (comunista y socialista, fundamentalmente) consiguieron hacerse con la Junta de Gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados. Desde ella se organizaron reuniones de trabajo para elaborar una alternativa a la LGE que, según los profesores progres que asistían a aquellas reuniones, recogiera los principios que debían inspirar una auténtica reforma "democrática" de la educación española. Así nació la Alternativa para la enseñanza, una hoja de ruta que marcaba ya los principios que, aunque sus redactores eran muy cercanos al PCE, iban a inspirar la política educativa del partido socialista.

Tres años después, la Constitución de 1978, en su artículo 27, reconocía el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros docentes, siempre que estos se mantuvieran dentro del respeto a los principios constitucionales. Además, el artículo 27 establecía la gratuidad de la enseñanza básica, reconocía la participación de lo que hoy llamamos "comunidad educativa" en la educación y garantizaba la ayuda estatal a los centros privados.

En los años de gobierno de Felipe González se aprobaron todas las grandes reformas del sistema educativo. En julio de 1985, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) sustituyó las subvenciones que recibían los colegios privados por los conciertos educativos. El concierto es fruto de un acuerdo entre la Administración y un determinado colegio privado, por el cual la primera asume el pago del profesorado del centro a cambio de que este cumpla con los requisitos que se le exijan.

Cinco años después, en octubre de 1990, se aprobó la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse), que supuso un cambio radical en nuestro sistema de enseñanza. La enseñanza básica, universal y gratuita se amplió dos cursos más, hasta los 16 años, creando dos etapas: Educación Primaria, de 6 a 12 años, y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de 12 a 16. Los alumnos que obtenían el título de graduado en ESO podían optar por cursar el bachillerato (dos cursos) o un ciclo formativo de grado medio (antigua Formación Profesional). La educación básica debía ser comprensiva, es decir, igual para todos los alumnos. Es importante señalar que los elaboradores de la ley declararon que tomaban el término comprensiva de las Comprehensive Schools británicas.

La Ley de Educación inglesa de 1944 (Education Act) amplió la escolarización obligatoria hasta los 15 años con tres modelos distintos de centros en los que cursar la enseñanza secundaria obligatoria (desde los 11 hasta los 15 años): Grammar Schools, Secondary Technical Schools y Secondary Modern Schools. Para matricularse en una Grammar School era preciso aprobar el examen nacional que todos los niños debían hacer a los 11 años, llamado eleven plus (11+). En 1965, un ministro de Educación laborista llamado Anthony Crosland obligó a que los tres modelos se fundieran en uno solo, el de las Comprehensive Schools, en las que se impartían a todos los alumnos las mismas enseñanzas y para las que no se precisaba aprobar el examen 11+. Esta obligación fue levantada por Margaret Thatcher en 1970, cuando llegó al Ministerio de Educación.

Curiosamente, la Logse se aprobó en España un año después de que el Gobierno de Thatcher aprobara The National Curriculum 1989, una reforma de las Comprehensive Schools que introducía exámenes nacionales obligatorios al final de la etapa de primaria y al final de la secundaria obligatoria. Como no podía ser de otra manera, los patriarcas de la Logse calificaron aquella reforma de Thatcher de escandalosamente liberal y se congratularon de que su ley estuviera en las antípodas de la reforma de Thatcher.

Y es que, para los socialistas, una escuela democrática debe ser "única, pública y laica". En base a esos tres principios organizaron la educación española. La unicidad se garantizaba con un currículo común hasta los 16 años y un cuerpo único de profesores. Los socialistas sabían que el principal obstáculo para alcanzar el mito de una enseñanza pública, laica e igual para todos era la enseñanza concertada. Por eso tuvieron cuidado de que esta se declarara "subsidiaria" de la pública, es decir, se deberían concertar colegios privados solo donde la oferta de plazas públicas fuera insuficiente.

Con la Logse se impuso en el mundo de la educación una jerga pedagógica muy particular, incomprensible para quien no fuera un experto, que algún profesor llegó a comparar con la neolengua de Orwell y que hoy es la forma habitual de expresarse dentro del mundo educativo.

La Educación Secundaria Obligatoria causó problemas desde los inicios de la aplicación de las enseñanzas de la Logse. El más grave de ellos fue el llamado fracaso escolar, es decir, el excesivo número de alumnos que abandonaban los estudios en cuanto cumplían los 16 años sin haber obtenido el título de graduado en ESO.

Cuando el PP ganó las elecciones en 1996, la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, denunció la pobreza de contenidos de los currículos de la Logse y presentó ante el Parlamento un real decreto de refuerzo de las Humanidades. Aquel RD establecía un plan de estudios de las asignaturas humanísticas que había sido elaborado con la ayuda de un equipo de personalidades de reconocido prestigio académico. La violenta oposición de los diputados de la izquierda y de los nacionalistas provocó que Aguirre retirara el decreto.

En diciembre de 2002, cuando gobernaba José María Aznar con mayoría absoluta, se aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), una reforma de la Logse cuyo propósito era mejorar los resultados de las enseñanzas. Con el objeto de evitar el fracaso escolar, se establecieron diferentes itinerarios en la ESO y en el bachillerato. Por otra parte, se quería elevar el nivel de exigencia del bachillerato y, para ello, se contemplaba la realización de un examen final, de igual forma que ocurre en casi todos los países de nuestro entorno.

La ley estaba vigente desde el momento de su publicación en el BOE, pero, como ocurre siempre con las leyes de educación, la implantación de las enseñanzas no era inmediata. El real decreto de calendario establecía que estas debían comenzar a impartirse a partir del curso 2004-05. Pero en marzo de 2004, cuando Rodríguez Zapatero llega a la presidencia del Gobierno, paraliza la aplicación de la ley con la excusa de que rompía la "equidad" del sistema. En palabras del entonces secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, equidad significaba "no a la meritocracia antes del bachillerato"[1].

En mayo de 2006 se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), que recuperaba los principios de la Logse, eliminaba casi todos los cambios contemplados en la LOCE e introducía la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía.

La vuelta al Gobierno de los populares en 2011 trajo consigo una nueva reforma, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), aprobada en diciembre de 2013. La Lomce trataba de resolver el problema del fracaso escolar ofreciendo de nuevo distintos itinerarios a partir de 3º de ESO; uno de ellos era la Formación Profesional Básica, que permitía enlazar directamente con la FP de grado medio.

Pero es que, además, la llamada Ley Wert, a imitación del National Curriculum inglés de 1989, introducía exámenes finales al terminar cada una de las etapas del sistema educativo (Primaria, ESO y Bachillerato).

Dos gravísimos pecados contra el dogma igualitario que la izquierda no estaba dispuesta a permitir.

Desde el momento en que apareció publicada la Lomce en el BOE, se formó en la comunidad educativa una corriente de opinión a favor de un pacto por la educación. No puede ser, decían quienes lo reclamaban, que cada vez que haya un cambio de Gobierno tenga que cambiarse la ley. Una idea que los medios de comunicación se encargaron de extender.

Las comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas hicieron casus belli de las evaluaciones de la Ley Wert, a las que llamaron "reválidas". Hubo incluso alguna comunidad que se negó a realizarlas. En mayo de 2016, mediante un real decreto ley, el propio Partido Popular aplazaba las evaluaciones previstas en la Lomce hasta que se firmara el tan esperado pacto por la educación. En diciembre de ese mismo año, a petición del PSOE, el Congreso creaba una subcomisión con el objeto de que los partidos se pusieran de acuerdo en las líneas generales de lo que debería ser un acuerdo de todos los partidos por la educación. A principios de marzo de 2018, Pedro Sánchez abandona la subcomisión. Dos días después lo hace Podemos. El pacto había naufragado.

El 25 de mayo el PSOE registraba la moción de censura que llevaría a Pedro Sánchez a la Moncloa. A primeros de noviembre, constituido ya el Gobierno socialista, Isabel Celaá, ministra de Educación, anuncia que ya tiene el borrador de proyecto de la ley que derogará la Lomce. Del tan imprescindible pacto ya no se vuelve a hablar.

Después de este breve recorrido por la legislación educativa del último medio siglo, queda bastante claro que las leyes que rigen la educación en España desde 1985 han sido elaboradas por Gobiernos del PSOE, y que, por tanto, el modelo de educación que tenemos desde entonces es un modelo socialista pactado con los separatistas.

B. La nueva ley de educación socialista

La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) ha sido aprobada el 29 de diciembre de 2020. Sus enseñanzas comenzarán a implantarse en el curso 2022-2023.

La Lomloe, como su propio nombre indica, es una modificación de la LOE de 2006 cuyo principal objetivo es suprimir todos los cambios introducidos por la Lomce, más conocida como Ley Wert. Los socialistas, que están convencidos de tener el monopolio absoluto de la educación, no han estado, ni están ni estarán nunca dispuestos a aceptar que el PP corrija ni una sola palabra del texto de sus leyes.

No en todos los países europeos la izquierda ha actuado como en España. En el Reino Unido, Tony Blair, cuando llegó a primer ministro, reconoció el fracaso de la educación progresista y reforzó las medidas de reforma que había introducido Margaret Thatcher. En Suecia, un Gobierno de derechas introdujo el bono escolar y el Gobierno de izquierdas que le siguió lo mantuvo[2].

Hay más que evidencias de que la educación en España no va bien. Nuestros alumnos de 15 años no han salido del furgón de cola de los países de la Unión Europea desde que, en el año 2000, la OCDE realizó la evaluación PISA por primera vez. En 2020, la tasa de desempleo juvenil en España (40,2%) ha sido la más alta de la UE, el doble que la de Francia (20,7%) y casi siete veces mayor que la de Alemania (6,1%).

Aparte de eliminar todos los cambios que había introducido la Lomce, esta nueva ley, la Lomloe, pone en peligro la supervivencia de la enseñanza concertada al declarar el carácter "subsidiario" de la misma, al mismo tiempo que decreta a extinguir los centros de educación especial y permite que las comunidades con lengua propia no utilicen el español como lengua vehicular.

Por otra parte, para combatir el fracaso escolar, la ley recomienda que en la educación básica (de 6 a 16 años) no haya repeticiones de curso y elimina las evaluaciones individuales (lo que siempre se han llamado "exámenes") al final de primaria, ESO y bachillerato, que la Ley Wert establecía.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía de la LOE, que había quedado suprimida por la Lomce, se recupera con el nombre de Valores Cívicos y Éticos. De ella, sin duda, pasará a formar parte todo lo que dispongan las leyes ideológicas que se están preparando en los distintos ministerios del Gobierno social-comunista que preside Pedro Sánchez.

C. Lo que se puede aprender de PISA

A la hora de buscar soluciones efectivas para frenar la decadencia de la enseñanza en España, sería aconsejable mirar los resultados de PISA y preguntarse qué hacen los países mejor clasificados y qué han hecho otros países cuando han querido mejorar la calidad de sus sistemas de educación.

A finales de la década de 1990, la OCDE, consciente de la relación estrecha que existe entre el desarrollo económico de un país y la eficacia de su sistema educativo, decidió implantar un programa propio que, mediante una evaluación internacional, permitiera comparar la eficacia de los diferentes sistemas educativos de sus países miembros. Así fue como nació PISA (Programme for International Students Assessment), que compara el rendimiento de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias a través de unas pruebas que se realizan cada tres años. La primera evaluación PISA tuvo lugar en el año 2000. En la más reciente, realizada en 2018, se han omitido los resultados de la prueba de lectura de los españoles por ciertos errores reconocidos, pero no bien explicados, por los responsables de educación de la OCDE.

España, junto con Italia, Grecia y, hasta hace poco, Portugal, ocupa el furgón de cola desde el año 2000, Singapur se sitúa a la cabeza y Finlandia es el país mejor clasificado de la Unión Europea.

La excelencia de Singapur

Singapur, con un sistema educativo muy tradicional, desde que comenzó a participar en PISA ha liderado el ranking de países participantes. No solo su media es buena, sino que, además, hay pocos alumnos con malos resultados y un alto porcentaje de alumnos excelentes. En 2015, el 39% de los estudiantes obtuvo resultados excelentes, cuando este porcentaje en Finlandia fue del 21% y en España, del 11%.

El modelo finlandés

Desde el primer año en que se realizó la evaluación PISA (2000), el país europeo mejor clasificado ha sido Finlandia. El sistema educativo finlandés es comprensivo, es decir, la enseñanza secundaria obligatoria es común para todos los escolares. Algunas peculiaridades del sistema educativo finlandés pueden explicar sus buenos resultados. Por ejemplo:

  • La selección de los aspirantes a profesores se hace entre los mejores expedientes académicos.
  • Existe un elevado nivel de exigencia para todos los alumnos, sea cual sea su origen social.
  • Se exige disciplina en los centros escolares, el profesor es muy respetado por los alumnos y por los padres.
  • Y, por encima de todo, los responsables de la educación finlandesa tienen muy claro que la calidad de la educación se mide por el resultado del aprendizaje.

La peculiaridad del sistema alemán

El sistema educativo alemán es segregador, lo que le convierte en una vergüenza para la progresía europea. Después de la enseñanza primaria (11 años), los alumnos, según sus resultados, cursan bachillerato (Abitur) o formación profesional. La formación profesional alemana es muy buena, tienen centros muy bien preparados y son los inventores del sistema dual (formación profesional compartida entre los centros escolares y las empresas).

Es importante saber que Alemania tiene las cifras más bajas de paro juvenil de toda Europa. En la primera evaluación PISA, los niños alemanes obtuvieron malos resultados (debió de sorprenderles ese modelo de evaluación tan particular que usa PISA). Pero, a partir del año 2003, los resultados fueron mejorando y ahora son de los mejores de la Unión Europea.

El caso de Francia

La situación de Francia llama la atención. Un país con un sistema educativo que fue modelo en Europa está a un nivel muy comparable con el nuestro en las evaluaciones PISA. Es preciso saber que las reformas que se introdujeron en el sistema francés en las décadas de 1970 y 1980 fueron en la misma línea demagógica que la Logse de 1990. Pero existe una diferencia importante: Francia no se avergüenza de seleccionar a los mejores alumnos para que reciban su formación en las prestigiosas Grandes Écoles, aunque le lluevan las acusaciones de falta de equidad y de elitismo.

Nicolas Sarkozy, cuando fue presidente de la República, hizo grandes discursos sobre la necesidad de una reforma de la educación que permitiera la recuperación de la disciplina y el respeto, la mejora del aprendizaje de los escolares y una más sólida formación de los profesores. Pero se le ha acusado de gastar más energía en su oratoria que la utilizada para luchar contra la inercia, cuando no la mala voluntad, del establishment educativo, que suele ser muy poco favorable a las reformas, sobre todo cuando vienen de Gobiernos de derechas.

Emmanuel Macron, un presidente que viene de la izquierda socialista y que dijo estar dispuesto a llevar a cabo las reformas que Francia necesita sin pararse a mirar si son de derechas o de izquierdas, ha emprendido un cambio del sistema escolar con mensajes muy claros: el niño debe aprender bien a leer, escribir y hacer cuentas; los controles del aprendizaje son imprescindibles para conocer el progreso del alumno; es necesario que haya deberes para casa; en la secundaria obligatoria deben existir diferentes opciones para los alumnos.

D. Pedagogismo e Igualitarismo

En Francia, el descenso en el nivel académico de los escolares viene desde hace tiempo preocupando a los políticos de derechas. Desde hace unos cuantos años, un buen número de intelectuales y de profesores (muchos de ellos provenientes de la izquierda del 68) vienen criticando los dogmas que ellos mismos ayudaron a divulgar, y que ahora reconocen estar en el origen de la crisis de la educación en su país. Eso es lo que ha motivado que Emmanuel Macron, al anunciar sus planes para mejorar la educación, lo hiciera diciendo que estaba dispuesto a poner fin al "igualitarismo" y al "pedagogismo" de los herederos de Mayo del 68, que estaban dejando a tantos niños sin aprender lo fundamental.

En España se puede hacer el mismo discurso que hizo Macron, el pedagogismo y el igualitarismo impiden que tengamos un sistema de enseñanza eficaz. Son hoy tantos los dogmas pedagógicos y políticos que dominan en el mundo de la educación que cualquier medida que se quiera tomar, por muy razonable que parezca, choca siempre con alguno de ellos.

Los dogmas políticos tienen su base en una cierta manera de entender la igualdad que va más allá de la igualdad de oportunidades. La utopía igualitaria que predican los socialistas consiste en creer que, si reciben la misma formación, todos los escolares obtendrán los mismos resultados. Los igualitaristas niegan las diferencias intelectuales y de aptitudes de los alumnos. Para ellos, el éxito o el fracaso en los estudios son siempre consecuencia de las diferencias sociales de sus familias. Lo que lleva a que todo alumno aventajado resulte siempre sospechoso.

En cuanto a los dogmas pedagógicos que dominan la educación desde hace treinta años, también tenemos que conocerlos. En palabras de la filósofa alemana Hannah Arendt[3], son una mezcla de sensateces e insensateces que tienen su origen en las ideas de Rousseau. Constituyeron la que se llamó "nueva pedagogía" o "pedagogía activa", que estuvo de moda entre los intelectuales europeos de los años veinte y treinta del siglo pasado. Aquella nueva pedagogía cuajó en las universidades norteamericanas entre 1930 a 1950 y, más tarde, constituyó el evangelio de los maestros y profesores del movimiento progresista de Mayo del 68. Era lógico que la Alternativa a la Ley de 1970 elaborada por la izquierda docente compartiera aquellos principios pedagógicos.

E. La importancia del lenguaje

Las palabras pueden actuar como dosis ínfima de arsénico: uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno, y al cambio de un tiempo se produce el efecto tóxico. (Victor Klemperer, La Lengua del Tercer Reich)

La izquierda quería hacerse con hegemonía cultural en el mundo de la educación y para ello era necesario crear su propio lenguaje. Los pedagogos y otros expertos socialistas inventaron una jerga psicopedagógica, llena de palabras de significado difuso (como equidad, comprensividad, inclusividad, sostenibilidad…), que permitiera distinguir a los profesores progresistas de los resistentes o reaccionarios. Al final los resistentes se cansarían y la neolengua quedaría implantada:

Cuando la antigua lengua hubiera sido suplantada de una vez por todas, se habría roto la última conexión con el pasado.

("Los principios de la neolengua", George Orwell, 1984)

Podría hacerse una larga lista de palabras de la antigua lengua que son hoy políticamente incorrectas, como examen, plan de estudios, asignatura, selección, superación, disciplina, autoridad, jerarquía... Una lista que se haría infinita si nos atenemos al lenguaje inclusivo que, de facto, se ha hecho obligatorio en todos los documentos oficiales.

De ahí que cualquier alternativa, ya queramos llamarla liberal, conservadora o simplemente sensata, al modelo socialista de educación debería utilizar un lenguaje claro y conciso donde las palabras tengan un significado concreto y reconocible. Lo cual es sin duda una labor ardua pero imprescindible.

F. Recuperar el valor de la instrucción

El filósofo y lingüista francés Jean-Claude Milner escribió en el año 1984 un libro titulado De l’École. La tesis era muy sencilla: hablar de Escuela, decía Milner, es hablar de unos saberes que una sociedad quiere transmitir, de unos profesores que los poseen, de unos alumnos que desean adquirirlos y de una institución encargada de que se transmitan. Y si falla alguna de estas piezas no podremos hablar de Escuela.

Nicolas de Condorcet fue, en la Revolución Francesa, el encargado de redactar y leer el Informe sobre la Organización General de la Instrucción Pública (1792). Entre 1791 y 1792 escribió cinco memorias sobre instrucción pública donde expuso sus ideas sobre la educación. En sus escritos, Condorcet explica la idea de que la instrucción hace al ciudadano menos manipulable y, por tanto, más libre.

Desde 1990, todos los españoles tienen acceso a un mínimo de diez años de escolarización. Sin embargo, esa larga escolarización no está realmente sirviendo para, como decía Condorcet, "elevar el nivel cultural de la población". Y no lo está haciendo por falta de voluntad de quienes tienen desde hace más de treinta años el monopolio de la educación. No lo está haciendo porque el objetivo de la educación no se puso en formar personas libres, capaces de asumir la responsabilidad de su propia vida, sino en crear una nueva sociedad, un nuevo pueblo. La escuela que nace en 1990 no tiene como objetivo primordial la transmisión de conocimientos sino transformar la sociedad.

La escuela no puede ser una guardería ni un parque de atracciones, ni mucho menos el lugar donde formar al hombre nuevo que transformará la sociedad.

Como decía Tocqueville, los bárbaros no siempre vienen de fuera. A veces las civilizaciones se autodestruyen. Y la forma más rápida de autodestruirse es borrar el pasado. Pretender que la escuela sea la herramienta para acabar con la civilización occidental es una acción vandálica sin precedentes. De ahí que si de verdad queremos hacer algo para frenar esa destrucción debamos comenzar por recuperar el objetivo que tradicionalmente se dio a la institución escolar: la transmisión de saberes.

Decía Hannah Arendt que los maestros y profesores tienen la responsabilidad de introducir al niño y al adolescente en el mundo que han heredado. Y que si no lo hacen es porque no quieren asumir su responsabilidad sobre el mundo en el que viven. Estas palabras suenan hoy un tanto extrañas, pues nos hemos acostumbrado a escuchar e incluso a utilizar frases como: "Si queremos cambiar el mundo, debemos cambiar la escuela" o "Hagamos de la educación una herramienta para cambiar el mundo".

G. Un decálogo de principios básicos

Dos intentos fallidos del PP para reformar el modelo que los socialistas establecieron hace más de treinta años creo son suficientes para darse cuenta que de que el PSOE, cuando pide un pacto por la educación, lo que está pidiendo es una rendición incondicional.

Los dogmas que prevalecen en el mundo de la educación hacen muy difícil un debate razonable. Por otra parte, los socialistas españoles están convencidos de que su modelo de escuela democrática es el único moralmente aceptable y no están dispuestos a escuchar consejo ni recomendación alguna que venga de fuera.

El poder del discurso buenista de los pedagogos es inmenso. Se han convertido en maestros del sentimentalismo. Cada vez más, en los colegios, las disciplinas de contenido académico son sustituidas por actividades encaminadas a educar las emociones.

Hace falta una reflexión profunda sobre lo que se quiere hacer con nuestros alumnos. Es muy llamativo que hoy casi todos los educadores se sientan identificados con el lema elegido por el Foro Social Mundial de Porto Alegre (2001) para luchar contra el capitalismo y el neoliberalismo: "Otro mundo es posible, otro mundo es necesario".

Ha sido necesario que el Gobierno despótico que tenemos ataque a la enseñanza concertada para que se hable de libertad de enseñanza. Es imprescindible un modelo alternativo de educación. Un modelo que aspire a formar ciudadanos libres, responsables, cultos, amantes de la verdad y de pensar por sí mismos, respetuosos con la libertad de los demás y capaces de decidir y de organizar su propia vida de acuerdo con sus deseos y capacidades.

Ese modelo alternativo podría comenzar a elaborarse sobre diez principios básicos:

  1. La escuela es la institución creada para transmitir los saberes y valores de nuestra civilización occidental.
  2. Los padres tienen el deber y el derecho de educar a sus hijos. Son ellos los principales responsables de su educación.
  3. La pedagogía no es una ciencia, es el arte de enseñar aquello que uno conoce bien. El profesor, el maestro, no pueden enseñar lo no saben.
  4. La auctoritas del profesor se la otorga el hecho de saber más que el alumno.
  5. La enseñanza ha de ser exigente. La mejor motivación para el alumno es el reconocimiento de su esfuerzo.
  6. Educar en libertad es educar en la responsabilidad.
  7. La memoria, el entendimiento (o inteligencia) y la voluntad son las potencias del espíritu. Fomentarlas en niños y jóvenes es la base de una educación humanística.
  8. El lenguaje condiciona el pensamiento. Aprender a hablar y a escribir bien debe ser el objetivo de la enseñanza elemental.
  9. Los prejuicios pedagógicos no pueden ir en contra del desarrollo del talento.
  10. Los exámenes permiten controlar el aprendizaje y el progreso del alumno. Son imprescindibles en cualquier sistema de enseñanza.

[1] Alejandro Tiana es el actual Secretario de Estado de Educación.

[2] En Suecia, se introdujo un sistema de bonos escolares en 1992 en las escuelas primarias y secundarias, lo que permitió la libre elección entre escuelas públicas y friskolor ("escuelas independientes"). El valor del bono es el coste de la plaza escolar en un centro público. A través de los Ayuntamientos, el Estado envía a cada colegio (ya sea público o privado) la cantidad que le corresponde en función de los alumnos que tiene escolarizados.

[3] Hannah Arendt, La crisis de la educación, 1960.