Problemas de gobernabilidad de la democracia ecuatoriana
Quienes visitan el Ecuador se sorprenden por la prodigiosa diversidad que adquiere la naturaleza en su pequeña geografía. Sus numerosos y bellos nevados no se repiten en otro país latinoamericano. La geología de las islas Galápagos y su asombrosa fauna es única en el planeta. Es uno de los doce países del mundo con el mayor número de especies vegetales y animales. La riqueza artística de Quito, su colonial capital, es de las más importantes del continente. En apenas cuatro horas de automóvil o treinta minutos de avión se puede llegar a playas tropicales, montañas de nieves perpetuas o al bosque húmedo amazónico. El país produce una sorprendente variedad de alimentos los doce meses del año, por lo que sólo es necesario importar trigo. Las caídas de agua que bajan de las montañas andinas permitirían abastecer de energía barata a todos los habitantes. Si a tantas riquezas se suman abundantes recursos naturales y un clima sin temperaturas extremas, podría pensarse que nada le falta al país para asegurar a su habitantes un generalizado bienestar.
Si bien el Ecuador sufrió muchas dictaduras, nunca fue gobernado por sanguinarios tiranos, y algunas del presente siglo más bien fueron progresistas y tolerantes. Tempranamente, en los albores del siglo XX, la Revolución Liberal introdujo la libertad de conciencia y el Estado laico y puso fin al enclaustramiento que había vivido el país por siglos, a lo que también contribuyó la apertura del Canal de Panamá en 1914. Los ecuatorianos no han sufrido los flagelos de la guerrilla y del narcotráfico que azotaron a sus vecinos, por lo que llegó a decirse que era una isla de paz en la convulsionada América Latina de los años 80. Fue el primer país de la región que recuperó la democracia (1977-79) mediante un acuerdo civil militar, modelo de transición pacífica que luego siguieron otros países latinoamericanos.
¿Por que un país con riquezas y virtualidades tan importantes fue uno de los más atrasados de América Latina, condición de la que comenzó a salir recién en 1972, no por su esfuerzo sino por la aparición milagrosa del petróleo? ¿Por qué una democracia, inaugurada apenas dos años después que la española, durante un largo cuarto de siglo ha marchado en su propio terreno, mientras España ha conseguido un prodigioso progreso económico, social y político?
La respuesta es siempre la misma, para el siglo XIX, para antes de 1979 y para los últimos veinticinco años. El país no ha progresado y los ecuatorianos no han mejorado sus condiciones de vida, en los términos que habrían sido posibles, por causas originadas en el campo de la política.
Desde que se constituyó la República, en 1830, hasta 1979 los gobiernos dictatoriales superaron en número a los democráticos, y, en conjunto, la duración que tuvieron, en promedio, fue de menos de dos años. En el presente período, si bien el país no ha tenido dictaduras, aunque sí gobiernos presididos por autócratas que han atropellado la Constitución o por presidentes que asumieron el cargo mediante golpes "constitucionales", su duración promedio fue de un poco más de dos años.
En condiciones de tan extrema inestabilidad política, resultado de crónicos e insalvables conflictos de la más variada naturaleza, fue imposible que el Ecuador pudiera desarrollarse. Mientras los países que progresaron tuvieron gobiernos que perseveraron en el logro de determinados objetivos a lo largo de décadas, especialmente en los campos de la economía y la educación, no son pocos los presidentes ecuatorianos que inauguraron sus mandatos con la promesa de "refundar" la República, ilusión que les llevó a cambiar incluso lo bueno que sus predecesores habían hecho. A diferencia del país más próspero del mundo, que en más de doscientos años ha conservado una sola constitución siempre respetada por presidentes y congresistas, el Ecuador ha tenido tantas (19) que con sus volúmenes podría llenarse un anaquel de biblioteca, constituciones que poco contaron en la vida diaria de la democracia ecuatoriana, cuando ella existió.
Resultados de la democracia
El año pasado (2004) la democracia ecuatoriana cumplió veinticinco años, que sumados constituyen el más prolongado período constitucional de su historia. En el cuarto de siglo transcurrido ha hecho importantes aportes al progreso del país y al mejoramiento del bienestar colectivo, en parte gracias a los recursos generados por el petróleo.
El analfabetismo fue reducido al 8%, disminuyó significativamente la mortalidad infantil y general, aumentó a 70 años la esperanza de vida, se extendió la cobertura de los servicios de educación y salud a casi toda la población, el pueblo indígena recuperó su identidad y consiguió una importante participación en la vida pública, en las aulas de escuelas, colegios y universidades el número de mujeres se equiparó al de los hombres, gracias a la descentralización las ciudades registraron un notable progreso, y fue resuelto el atávico problema territorial que mantuvo en riesgo permanente la seguridad del Ecuador y tan costoso fue para la economía y el desarrollo nacional.
Gracias a la democracia los derechos humanos fueron protegidos y el pueblo ha podido disfrutar de un ambiente de tolerancia y libertad, participar en la elección de las autoridades mediante el sufragio y expresar sus opiniones a través de medios de comunicación, manifestaciones públicas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Pero la democracia, como institución, ha sido afectada por una fragilidad extrema, particularmente en los últimos diez años, en los que ha logrado sobrevivir merced a la aceptación, como fait accompli, de abusos de poder, violaciones constitucionales y rupturas del Estado de Derecho por gobiernos y congresos.
A pesar de los progresos conseguidos, la democracia fracasó en su misión de desarrollar el Ecuador y constituir una sociedad equitativa que ofreciera iguales oportunidades a todos. El crecimiento económico fue apenas superior al de la población, los porcentajes de pobreza continuaron altos y más bien empeoraron en los años de las recurrentes crisis económicas. Se deterioró la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado, particularmente la educación pública, a la que concurren niños y jóvenes de las clases sociales de menores recursos. No cambió la injusta distribución de la riqueza y el país, por no perseverar en la búsqueda de la estabilidad y del crecimiento económico, se rezagó con respecto a otros de América Latina que 25 años atrás compartían su nivel.
En estos resultados negativos influyeron causas ajenas al país como el deterioro del valor de las exportaciones, las crisis mundiales, conflictos armados en la frontera Sur, terremotos, inundaciones, sequías y plagas que implicaron cuantiosas pérdidas económicas. Desafortunados sucesos que deben ponderarse en cuanto a sus consecuencias, porque las catástrofes y los embates internacionales fueron ocasionales y transitorios, el conflicto fronterizo fue resuelto en 1998 y más bien hubo años en los que el país disfrutó de altos precios en sus productos de exportación, como fue el caso del petróleo.
La principal causa se ubicó en el terreno de la política y se expresó en el hecho de que los gobiernos no pudieron perseverar en políticas que garantizaran una estabilidad macroeconómica y aseguraran un crecimiento suficiente y sostenido de la economía, de lo que dependía la reducción de la pobreza y el mejoramiento de los niveles de vida. Limitaciones de la gestión gubernamental originadas en problemas de gobernabilidad que, habiendo afectado a la democracia ecuatoriana en los cinco lustros transcurridos, no han podido enmendarse a pesar de que, en 1979 mediante un referendo y en 1998 a través de una Asamblea Constituyente, se realizaron importantes reformas políticas, desarrolladas en las constituciones que se expidieron en esos años.
Los problemas de gobernabilidad de la democracia ecuatoriana, por ser estructurales, han conspirado contra todos los gobiernos, cualesquiera sea su ideología y orientación política. A ellos se debe el fracaso de costosos programas de estabilización macroeconómica, la interrupción de promisorios procesos de crecimiento, el desperdicio de oportunidades ofrecidas por la economía internacional, la deficiente respuesta a crisis mundiales, la poca atención que se ha dado a programas destinados a mejorar la calidad de la educación, el mantenimiento de la pobreza, la permanencia de la inequidad social, el atraso del país respecto a otros del continente, la vulnerabilidad de las instituciones democráticas y la frustración sufrida por el pueblo ecuatoriano en los fatídicos años de fin de siglo.
Ocho son los problemas estructurales de gobernabilidad de la democracia ecuatoriana, a los que se debe que el buen gobierno haya sido un hecho excepcional en el período materia de este análisis.
Fragmentación Política
En los veinticinco años transcurridos el número de partidos representados en el Congreso Nacional ha bordeado la docena, y aquellos que desaparecieron, o se debilitaron, fueron sustituidos por nuevas fuerzas fundadas por políticos empeñados en terciar en elecciones presidenciales. De los once presidentes que ha tenido el país sólo dos han pertenecido a la misma organización política (Democracia Popular), y ninguna ha logrado ganar más de una elección presidencial. En todos los períodos legislativos se han constituido bloques parlamentarios "independientes", integrados por diputados que abandonaron las tiendas políticas en las que fueron elegidos para ponerse al utilitario servicio del Gobierno a cambio de prebendas. Los partidos que en diversos años fueron mayoritarios nunca llegaron a representar el 50% de la votación nacional.
Las instituciones constitucionales, diseñadas en 1979 y en 1998, con las que se buscó corregir esta fragmentación del sistema de partidos mediante la exigencia del 5% de los votos, requisito que debían llenar para que pudieran subsistir, no operaron en razón de que las organizaciones en vías de extinción consiguieron, en diversos momentos, que el Congreso derogara tal disposición, la Corte Suprema la declarara inconstitucional o el Tribunal Supremo Electoral no la aplicara. Algo parecido sucedió con la norma de la Ley de Elecciones que buscaba controlar el gasto electoral, tempranamente establecida en 1979, declarada inconstitucional en 1983 a pedido de los medios de comunicación y de un candidato presidencial y repuesta en la Constitución de 1998.
También incentivó la fragmentación política el volátil comportamiento electoral de los ciudadanos y su tendencia a dispersar los votos en múltiples candidatos, cuando concurrieron a sufragar en elecciones presidenciales y legislativas. A lo que se sumó un utilitario discurso a favor de las "minorías", aun de las no representativas, sin tener en cuenta que las democracias estables y exitosas se asientan en sólidos partidos mayoritarios.
Por estos motivos no produjeron efectos las reformas constitucionales y legales con las que se buscó promover un sistema de partidos simple y representativo, que fortaleciera el sistema democrático, garantizara la estabilidad política, propiciara la continuidad económica, otorgara seguridad jurídica, acordara políticas de Estado y liderara los cambios que requería el país para adaptarse a las nuevas realidades y desafíos del mundo globalizado. Tampoco fue posible que los gobiernos contaran con una mayoría legislativa que respaldara sus iniciativas y moderara la desestabilizadora oposición que habitualmente sufrieron los presidentes en el Congreso Nacional.
Conflictividad
La democracia es un sistema político en que el diálogo y la negociación permiten acercar posiciones, convenir acuerdos, facilitar decisiones e impulsar iniciativas de interés nacional, prácticas que suelen ser inherentes a una sociedad democrática y que en un país políticamente fragmentado, sin partidos mayoritarios, constituían una necesidad insoslayable. La capacidad de un sistema político para promover consensos no sólo depende de la bondad de las instituciones y de los incentivos que ofrezcan para que puedan producirse, también de la forma en que actúan los actores políticos, comportamiento que en el Ecuador no ha sido compatible. La influyente presencia en la vida pública de líderes dogmáticos y apasionados, empecinados en imponer sus posiciones, reacios a valorar el punto de vista del adversario y proclives a la violencia verbal, cerró las puertas del diálogo constructivo e interpuso toda suerte de obstáculos a la negociación política. Tan conflictiva y mezquina ha sido la vida pública que políticos y partidos que cuando estuvieron en la oposición criticaron y combatieron la política económica ejecutada por el Gobierno, al ganar las elecciones la aplicaron sin modificaciones o con cambios menores.
Estas conflictivas relaciones políticas fueron perjudiciales para la institucionalidad democrática y el desarrollo del país. No fue posible la formación de alianzas perdurables que fortalecieran la acción de los gobiernos, permitieran la adopción de políticas de Estado y facilitaran su ejecución en el largo plazo a través de sucesivas administraciones. Quienes pretendieron acceder al poder realizaron una oposición intransigente y desleal, sin tener en cuenta que el progreso del país dependía del éxito del presidente de la República. En el debate sobre los asuntos públicos no se buscó esclarecerlos, mediante un intercambio razonado de puntos de vista y el sustento técnico de las discrepancias; en su lugar se buscó liquidar el debate e invalidar iniciativas desacreditando al adversario con ataques personales.
Tan conflictivas fueron las relaciones políticas que, en los últimos veinticinco años, con dos excepciones, los presidentes al concluir sus mandatos entregaron la economía desestabilizada; uno llegó a decir que no veía porqué debía dejar "la casa en orden", y otro tomó decisiones maliciosas con el deliberado propósito de agravar los problemas económicos y, de este modo, perjudicar la gestión de su sucesor. Conflictos políticos irresolubles provocados por civiles convirtieron a los militares en deliberantes, como fueron los casos de tres presidentes separados de su cargo no cuando el Congreso tomó la decisión correspondiente, sino al ser notificados por las Fuerzas Armadas que les habían "retirado su apoyo". Hace pocos meses, con una moción inconstitucional que promovieron en el Congreso para que fuera enjuiciado el presidente de la República, dos ex presidentes desencadenaron el conflicto que llevó a la arbitraria destitución de la Corte Suprema de Justicia y a que, por tercera vez, un jefe de Estado no terminara su mandato.
Ilegalidad
Gobiernos, congresos, partidos, organizaciones sociales, sectores económicos, y muchos ciudadanos, en lugar de encuadrar sus actividades diarias y el ejercicio de sus funciones dentro de los ámbitos establecidos por los preceptos jurídicos, más bien tienden a interpretarlos maliciosamente, o simplemente a ignorarlos. Por este motivo, y no por falta de normas, no existe en el Ecuador el imperio de la ley, elemento del que depende la correcta operación de las instituciones democráticas, la posibilidad de que se ofrezca iguales oportunidades a los ciudadanos, la seguridad jurídica que tanto importa a los agentes económicos y la confianza en la que se sustenta el progreso de las sociedades contemporáneas.
Tres presidentes fueron cesados en sus cargos sin que se siguieran los procedimientos constitucionales. En la Constitución de 1998, para preservar la estabilidad fiscal, se introdujo un artículo que reservaba para el presidente de la República, de manera exclusiva, la iniciativa en proyectos de ley que impliquen la creación de gasto público. En numerosas ocasiones el Congreso Nacional ha violado esta disposición, incumplimiento paradójicamente avalado por los tres últimos presidentes de la República, temerosos de perder las simpatías de quienes se habían beneficiado con las nuevas asignaciones presupuestarias. En los últimos meses el Congreso destituyó a la Corte Suprema de Justicia y nombró otra en su reemplazo, que luego cesó para encargar a organizaciones de la sociedad civil la nominación de una tercera, en los cuatro casos sin que el órgano legislativo tenga facultad constitucional para hacerlo.
No es diferente la conducta de la población. Es frecuente el incumplimiento de leyes y contratos, el desconocimiento de acuerdos formales y la elusión de deudas, como también la cotidiana violación de las normas de tránsito en que incurren conductores y peatones en calles y carreteras y el hábito de copiar tareas y exámenes que tienen los estudiantes. A lo que se suma la presencia de una justicia poco confiable, tanto en juzgados y cortes como en instancias administrativas del Estado, por lo que no siempre los derechos de personas y sociedades son reconocidos y sus obligaciones establecidas.
Populismo
Quizá no existe en América Latina un país con una cultura populista tan arraigada en el común de los ciudadanos como Ecuador, expresada en el hecho de que los más influyentes líderes políticos de la segunda mitad del siglo XX fueron populistas. Tal es la fuerza del populismo que su retórica y sus prácticas no sólo marcan la conducta de partidos que se confiesan populistas (Partido Social Cristiano, Partido Roldosista del Ecuador, Partido Renovador Institucional Acción Nacional y Movimiento Popular Democrático), sino también la de otras organizaciones políticas y de buena parte de los dirigentes políticos ecuatorianos contemporáneos. Resulta apenas obvio concluir que la proclividad populista de los políticos es una respuesta a sentimientos y demandas de sus electores, pues los partidos citados, y otros que los antecedieron, en el presente período democrático han obtenido una votación que ha bordeado el 50% del padrón electoral.
El dispendioso gasto público de gobiernos, congresos y municipios populistas, especialmente en períodos electorales, su reticencia frente a decisiones "impopulares" necesarias para restablecer la estabilidad fiscal, la oposición a leyes y medidas que eran convenientes para preservar la salud de la economía y propiciar el crecimiento y el desperdicio de recursos en programas asistenciales, impidieron que el país tuviera una administración ordenada de la economía y, a la larga, terminaron provocando devastadoras crisis económicas y sociales de las que los peores perjudicados fueron los pobres, cuyos intereses los líderes populistas decían defender. Su desinterés por programas de largo plazo, dirigidos a mejorar la atención de la salud y la calidad de la educación, cortó la posibilidad de que pudiera reducirse la pobreza y mejorar la equidad social.
Dos hechos recientes ilustran el carácter populista de la sociedad ecuatoriana. Diputados, líderes políticos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil discutieron un aumento de pensiones, reclamado por los jubilados, que finalmente fue aprobado por el Congreso y el Gobierno, exclusivamente desde la perspectiva de las justas necesidades de los pensionistas, sin tener en cuenta el financiamiento necesario y los efectos en el futuro económico del Seguro Social. Los mismos actores apoyaron entusiastamente una ley, aprobada unánimemente por el Congreso, en la que se ordenaba la devolución de los fondos de reserva depositados por trabajadores y empleados en la seguridad social, a pesar de que implicaba la eliminación del seguro médico para el o la cónyuge e hijos menores de seis años, la reducción a la mitad de las pensiones de los futuros jubilados y el fin del seguro de cesantía, bajo el argumento de que lo que importaba era atender hoy las necesidades de la gente, porque las de mañana podían esperar y de alguna manera se solucionarían en el futuro.
Los partidos populistas también son responsables de la constante degradación de las instituciones democráticas. Su ejercicio clientelar del poder les ha llevado a poner a su utilitario servicio las instituciones públicas, a multiplicar una burocracia innecesaria, a bajar su nivel de competencia y, con ello, a crear condiciones para que prospere la corrupción. Finalmente, sus prédicas paternalistas y su incontinente demagogia han impedido que el pueblo adquiriera conciencia de sus responsabilidades y, con ello, la construcción de ciudadanía, requisito del que depende la correcta operación de las instituciones de la democracia y el progreso de las naciones.
Exclusión Social
Los altos porcentajes de pobreza y de indigencia, las hirientes injusticias sociales, la abusiva presencia de privilegios y la ausencia de iguales oportunidades, particularmente para los que más las necesitan, han provocado un sentimiento de exclusión social que ha llevado a sectores que se consideran preteridos a cuestionar el sistema democrático y a descalificar la política económica de estabilidad y crecimiento. Sentimientos exacerbados en razón de los modestos resultados ofrecidos por los gobiernos democráticos, particularmente al finalizar el siglo, cuando a las devaluaciones y a las altas tasas de inflación siguieron dolorosos ajustes, círculo vicioso que el país no ha logrado romper y que se apresta a recorrer, una vez más, como consecuencia de las decisiones tomadas en materia fiscal por el Gobierno y de seguridad social por el Congreso.
Los sentimientos de exclusión y reivindicación social en los años 80 fueron liderados por organizaciones de trabajadores, agrupadas en el FUT (Frente Unitario de Trabajadores), que con sus huelgas nacionales tuvieron en jaque a los gobiernos de la época. Papel que, por la pérdida de adhesiones y representatividad del movimiento sindical, en los últimos quince años ha sido asumido por indígenas agrupados en la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y en el partido Pachakutik, cuyas protestas se expresaron en levantamientos que paralizaron provincias enteras, a los que sumaron tomas de la capital. Movilizaciones con las que consiguieron frenar o desvirtuar decisiones que los gobiernos debían tomar para preservar la estabilidad macroeconómica, reactivar el crecimiento, modernizar el Estado, abrir la economía a la competencia y recuperar la credibilidad internacional. Con frecuencia descalificaron la democracia y conspiraron contra su permanencia, como sucedió en el año 2000, cuando la CONAIE, junto a militares insubordinados, desconoció el Gobierno constitucional y proclamó e integró una dictadura.
Patrimonialismo
Frente a los bienes públicos existe una actitud permisiva en amplios sectores de la sociedad, y no sólo en políticos y funcionarios estatales, pues ciudadanos, empresas, organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil, cuando está de por medio su beneficio, tienden a subordinar el interés general al interés particular. Como los linderos de lo público y de lo privado frecuentemente se confunden, el Estado y la autoridad no son vistos como instancias a las que corresponde proteger el patrimonio nacional, exigir obligaciones, defender el bien común y atender derechos legítimos, sino como instrumentos a través de los cuales personas y grupos pueden obtener favores, recibir prebendas, defender privilegios e incluso enriquecerse. No son pocos los que tienen diferentes actitudes frente a bienes y dineros de particulares y de propiedad del Estado, en el sentido de considerar que los primeros tienen dueño y los segundos son de nadie.
Esta ausencia de una virtuosa cultura ética, en amplios sectores de la población, explica que la corrupción no haya podido eliminarse a pesar de leyes expedidas para perseguirla, de organismos creados para controlarla, de la acción punitiva de ciertas autoridades y de las promesas de extinguirla que, a su tiempo, realizaron la decena de partidos que se han alternado en el Gobierno. En esta débil cultura de la honestidad se encuentra la explicación de que el Ecuador figure, desde hace viarios años, en el grupo de países más corruptos del mundo en el índice que elabora Transparencia Internacional.
De los muchos ejemplos que pueden citarse cabe mencionar la alianza colusoria de particulares, políticos y funcionarios públicos para el contrabando de toda clase de bienes y el robo, mediante conexiones fraudulentas, de energía eléctrica, tiempo telefónico, agua potable y petróleo, delitos que ha resultado imposible extirpar por la tupida red de intereses que han tejido a su alrededor. Como también el hecho de que, para una amplia mayoría, cumplir con la obligación de pagar impuestos es una infantil candidez, pues son pocos los que la ven como el más importante compromiso que un ciudadano tiene con su país. Existen partidos políticos que no sólo están al servicio de intereses particulares, sino que además operan como verdaderas mafias (PSC y PRE), conducta que parece no importar a sus numerosos seguidores, ya que en cada elección vuelven a entregarles generosamente sus votos en lugar de sancionarlos. La degradación que ha sufrido el concepto de interés público ha llegado a tal punto que, para defenderlo, en ocasiones han debido intervenir el FMI, el BM y el BID, para con su condicionalidad frenar decisiones lesivas que se aprestaban a tomar gobiernos y congresos.
Izquierdismo
Mientras en Europa y en otros países de América Latina el pensamiento tradicional de izquierda ha perdido vigencia, influencia y electores, y los partidos comunistas que gobiernan China, Vietnam y Cuba lo han modificado para adaptarlo a las nuevas realidades económicas y políticas del mundo que emergieron luego de la caída del Muro de Berlín, en Ecuador sigue siendo fuente de inspiración de partidos, organizaciones sociales, sindicatos públicos y del movimiento indígena. A pesar de que el sistema político y el modelo económico elaborados por Lenin, Mao y sus seguidores ha dejado de existir en los países que los adoptaron, de que los movimientos de liberación del Tercer Mundo han abandonado sus ideas revolucionarias y de que los partidos de izquierda que gobiernan Chile, Brasil y Uruguay han asumido la economía de mercado y redefinido el papel del Estado, aquellos partidos y organizaciones, incluso las que se dicen de centroizquierda, menosprecian la estabilidad macroeconómica, se oponen a la inversión extranjera, ponen reparos a la apertura internacional, desdeñan el mercado y se empeñan en mantener las responsabilidades que el Estado tenía en la explotación de recursos naturales y en la administración de servicios públicos.
Debido a estas rígidas posiciones ideológicas, desde el Gobierno, el Congreso o la calle, las nombradas organizaciones políticas y sociales han desechado, u obstaculizado, la ejecución de políticas económicas encaminadas a mantener el equilibrio fiscal, reformar empresas públicas ineficientes, subsidiadas y corruptas y suplir con capital extranjero el bajo ahorro nacional; políticas que en el caso de ejecutarse habrían redundado en el abatimiento de la inflación, mayores tasas de crecimiento económico, incrementos de puestos de trabajo y reducción de la pobreza. Ni siquiera el hecho de que, en el presente período democrático, uno de aquellos partidos (Izquierda Democrática) exhiba los peores resultados sociales (en salario real, gastos social y pobreza), por los desequilibrios económicos que no consiguió corregir en su administración, ha servido para que la conservadora izquierda ecuatoriana tome conciencia de sus equivocadas posiciones. Los indígenas de la CONAIE han combatido aquellas políticas, a pesar de haberse beneficiado con la reducción de la pobreza que la estabilidad y el crecimiento económicos han traído consigo en los últimos años.
Regionalismo
El centenario conflicto entre Quito y Guayaquil ha sido usado por dirigentes del PSC y de las cámaras de la producción, como también por articulistas y periodistas, para aupar intereses económicos de personas y grupos con los que se hallan relacionados. Alegando una supuesta afectación de Guayaquil han impedido que el Congreso aprobara reformas legales de interés nacional y que los gobiernos tomaran providencias para proteger el interés público, y el bien del país, o han conseguido que se expidieran leyes y se adoptaran resoluciones que favorecieran intereses económicos particulares de sus protegidos. Por este motivo el país no ha podido contar con instrumentos jurídicos que eran necesarios para promover el desarrollo nacional, y el Estado ha sido forzado a incurrir en cuantiosas erogaciones fiscales que erosionaron las finanzas públicas, causaron crisis económicas y terminaron pagando los contribuyentes.
Reformas que buscaban moralizar las aduanas y perseguir el contrabando fueron archivadas bajo el argumento, exhibido por líderes políticos ligados a tales intereses, de que "querían llevarse las aduanas a Quito". En la crisis financiera de los años 1998 y 1999, en la que quebró el 70% del sistema bancario, con alegatos regionalistas aquellos sectores neutralizaron la acción del Gobierno y de quienes llamaban a tomar medidas contra bancos insolventes en los que sus administradores habían cometido cuantiosos atracos, cuya consecuencia fue el empeoramiento de los costos de la crisis bancaria. Mediante la imputación de que "centralistas quiteños" se proponían "acabar con la banca guayaquileña" consiguieron que no fueran cerrados bancos quebrados, que se contaminaran instituciones que habrían podido salvarse y que banqueros corruptos, al ser mantenidos en sus puestos, dispusieran de tiempo para culminar sus fraudes y destruir las evidencias de sus delitos. Omisiones que además provocaron una multiplicación del número de depositantes perjudicados y que se echara sobre las espaldas del Estado un costo aproximado de 4.000 millones de dólares, equivalente al 25% del PIB del año 2000.
A modo de conclusión
La franca exposición de debilidades y limitaciones políticas atribuibles a las ideas y a las conductas de los ciudadanos busca llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de que los ecuatorianos, de mediana fortuna, pobres y ricos, tomen conciencia de sus errores y omisiones, enmienden conductas inconvenientes y asuman sus propias responsabilidades.
No pueden los ecuatorianos seguir buscando en "los otros", o fuera de las fronteras nacionales, chivos expiatorios de culpas individuales y colectivas, cuando la otrora influyente teoría de la dependencia no la defienden ni siquiera sus creadores, los países que más progresan son los integrados al mundo internacional y se ha demostrado que el desarrollo de las naciones es el resultado del constante esfuerzo de sus habitantes.
Los problemas de la política ecuatoriana señalados en las páginas precedentes, excepto la fragmentación partidista, no podrán resolverse mediante reformas de las instituciones políticas si a ellas no se suman cambios en los modos de ser y de pensar de los ciudadanos, esto es en sus costumbres, ideas, actitudes y comportamientos.
Mientras no se modifiquen los valores culturales nacionales, cambio que dependerá de lo que hagan autoridades, educadores, líderes y comunicadores con tal propósito, las reformas de las instituciones políticas seguirán produciendo resultados limitados y el desarrollo del país continuará postergándose.
La responsabilidad de los partidos por el relativo fracaso de la democracia ecuatoriana, en su misión de gestionar eficazmente el desarrollo del país y la mejora constante del bienestar de las personas, la comparten sectores económicos, sociales y mediáticos, como también ciudadanos de todas las condiciones sociales.
En Ecuador, igual que en otros países latinoamericanos, es frecuente atribuir a los partidos todos los males nacionales, sin tener en cuenta que los políticos no son otra cosa que el espejo en que se retratan los pueblos, con sus virtudes y defectos.
Si bien el análisis contenido en estas páginas se refiere al Ecuador, algunas reflexiones pueden ser pertinentes para otros países latinoamericanos, en los que, mutatis mutandis, se repiten problemas políticos estructurales, limitaciones ideológicas y hábitos culturales de la naturaleza anotada.