Libertad de expresión: ¿en manos de la izquierda californiana?

Este artículo se basa en una charla impartida en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala en octubre de 2018.

Durante la primera década de este siglo vivimos, ahora parece claro, una época dorada para la libertad de expresión. Internet era algo nuevo, pero que al menos en el primer mundo se universalizó. La reducción de costes permitió la eclosión de infinidad de nuevos medios de comunicación y publicaciones digitales de todo tipo. Incluso quienes no participaban en ellos podían crear un blog y formar parte de una red descentralizada de información y opinión. Ni siquiera el 11S pudo acabar con aquel internet y nuestra principal preocupación por aquel entonces era que se usara la protección de los derechos de autor como excusa para reducir nuestras libertades. Pero incluso entonces estaban ya plantadas las semillas de la destrucción de ese ecosistema. Fue entonces cuando nacieron YouTube, Facebook y Twitter.

Hoy día, un gran porcentaje del tiempo que pasamos en la red lo hacemos usando las plataformas de los grandes de internet. Es normal: es mucho más cómodo, eficiente y práctico. Aunque sigamos empleando un blog o trabajemos en un medio, promocionarlo a través de las redes sociales es obligado, así como trabajar para que nuestros artículos aparezcan arriba en los buscadores. Al margen de la parroquia que hayamos reunido, sólo pueden llegar a nosotros a través del buscador de Google o las redes sociales. En muchos casos lo que hacemos es compartir ideas a través de vídeos de YouTube o textos en Facebook. Discutimos en Twitter. Enlazamos al contenido interesante desde nuestras redes sociales. La libertad de expresión se ha centralizado, lo que la hace más vulnerable al reducir los puntos de ataque. No tener acceso a ellos te condena a una suerte de tinieblas exteriores donde todo es frío y sólo tú puedes escuchar el eco de tu voz. Como lo que sucedía antes de que existiera internet.

Así pues, aunque la web sea inmensa, el hecho de que se haya centralizado en unas pocas puertas de acceso lo hace más fácil de controlar y limitar. Entre los ataques que ha sufrido la libertad de expresión en la red podemos distinguir tres tipos:

1. El control y bloqueos totales o parciales en países totalitarios, como China o Irán
2. Los ataques legales en países democráticos, como Alemania
3. La actuación de las propias empresas, en parte para protegerse legalmente y en parte como protección de un ideario

El gran cortafuegos

Durante mucho tiempo hubo cierto escepticismo en la capacidad de los gobiernos para limitar el acceso selectivo a internet. Técnicamente, la naturaleza de la red es global y descentralizada, haciendo difícil impedir el acceso sólo a una parte de la red, aunque pueda ser relativamente sencillo dificultarlo. Sin embargo, los países totalitarios siempre han caminado por esa vía, que idealmente llevaría a la separación entre una suerte de internet nacional y la internet global, con algunos puntos en común, pero, a poder ser, no muchos.

El primero y el más exitoso en recorrer ese camino ha sido China. El gigante asiático publicó una ley ya en 1997 para declarar ilegales comportamientos considerados subversivos, pero fue a partir de 2003 cuando logró poner en marcha lo que se ha llamado el Gran Cortafuegos. Al tener a las grandes operadoras completamente bajo control, la dictadura puede bloquear direcciones IP, eliminar del registro de nombres DNS cualquier web incómoda, filtrar URLs o incluso paquetes TCP que contengan palabras prohibidas –una intervención a más bajo nivel que afecta a cualquier servicio de internet– e incluso ataques llamados Man-in-the-middle –que consiste en meterse en medio de todo el tráfico de internet para monitorizarlo o incluso alterarlo– facilitados por un certificado de seguridad del Gobierno que incluyen casi todos los sistemas operativos y navegadores.

Aunque el Gobierno chino levantó levemente las restricciones durante los Juegos Olímpicos, éstas no han hecho sino endurecerse con el tiempo. Los chinos emplean todo tipo de tecnologías para saltarse las restricciones, especialmente las VPN, accesos cifrados a través de un proxy que permiten utilizar internet como si se estuviera fuera del país y con cierto grado de anonimato, pero también este tipo de servicios son perseguidos y cada vez es más complicado utilizar uno. De este control sólo se libran Hong Kong y Macao, por aquello del "un país, dos sistemas", y no del todo, porque sus ciudadanos son fuertemente vigilados.

He procurado no explicar demasiado la terminología precisamente para que aquellos que no estén duchos en estas tecnologías se den cuenta de que no es precisamente trivial saltarse el Gran Cortafuegos. Y es que China tampoco necesita bloquear completamente el acceso a la red abierta, le basta con dificultarlo lo suficiente como para que su uso sea completamente marginal.

Estas restricciones, además, han servido a un segundo propósito: funcionan como una barrera proteccionista, lo que, unido al inmenso tamaño del mercado chino, que puede por sí solo rentabilizar enormes inversiones en servicios de internet, ha favorecido la primacía de un buen montón de empresas y redes sociales locales como Baidu, Wechat, Weibo, Qzone, Alibaba, etc. que sustituyen a los Google, Facebook o Amazon. Y por mucho que critiquemos a las empresas occidentales por someterse a la censura de la dictadura, lo cierto es que no parece que haya sido mejor para la libertad de expresión el que hayan sido sustituidos por compañías patrias completamente sometidas al control del Gobierno.

Pero incluso las empresas locales han visto cómo a partir de 2017 se ha acentuado el control. Para publicar noticias en China ahora se ha de tener una licencia que, claro está, no puede tener todo el mundo. De este modo pueden cerrar webs y detener a cualquiera que informe de algo en cualquier red social, incluso en grupos de mensajería privados. También se ha anunciado el proyecto de unir todo el rastro que cada súbdito deja en la red y fuera de ella en un perfil que otorgaría una puntuación social que se tendría en cuenta a la hora de buscar trabajo, conseguir una hipoteca, etc., un proyecto de control total de la población que dejaría a Orwell y Huxley como unos pardillos ingenuos.

Nadie ha ido tan lejos como China en este proyecto de sustituir internet por una versión nacional filtrada y censurada. Pero eso no significa que no se intente. En Irán, por ejemplo, las compañías te cobran la mitad si accedes no a internet, sino a una suerte de "internet halal" mucho más limitada.[1] Muchos otros países han comprado software censor a la dictadura comunista.

La desinformación rusa

Una de las amenazas de las que más se ha hablado recientemente es la desinformación, eso que se ha dado en llamar fake news. Es algo que siempre ha existido en internet, y fuera de la red. Pero el gran shock que supuso para la izquierda norteamericana la victoria de Donald Trump en 2016 los puso en primera línea de batalla. Siempre es más fácil buscar una razón externa que pensar en qué te has equivocado. Así que en lugar de volver a hacer algo de caso a parados y trabajadores industriales y pedir perdón por nominar a un candidato tan terrible como Hillary Clinton, culparon de la derrota al FBI, a Rusia y a las noticias falsas compartidas en Facebook, al parecer promovidas desde granjas de servidores en Macedonia, nada menos[2]. El papel que hayan podido tener en cambiar de signo un solo voto es discutible, porque su escasa credibilidad suele derivar en incredulidad salvo en los ya convencidos.

A pesar de ello, el ruido provocado por los medios –pese a que Trump se apropiara con bastante habilidad del concepto de fake news para colgárselo a los grandes medios tradicionales– ha provocado que empresas como Facebook o Google hayan empezado durante los dos últimos años a colaborar con servicios de fact-checking como Snopes para etiquetar enlaces a noticias o vídeos de YouTube con las supuestas "versiones correctas" de la información. El problema es que muchos de los servicios con los que colaboran, aunque son útiles para marcar como tales los bulos más obvios, están lejos de ser objetivos y muchas veces el etiquetado de algo como falso es más que discutible.

Aun así, la actuación de las grandes empresas a este respecto no es demasiado grave, además de quedar limitada por ahora a Estados Unidos. El problema es que esta moda la han cogido gobiernos de todo el mundo como excusa para decidir ellos qué noticias son falsas para así poder perseguir la información que les es incómoda. Kenia, Malasia o Egipto han aprobado leyes que permiten incluso encarcelar a personas con mucho eco en las redes sociales por difundir información.[3] Pero el caso más grave, por tratarse de una democracia liberal, es Francia, donde tras ser Macron víctima de una supuesta filtración de documentos y correos electrónicos que resultaron ser falsos durante las elecciones presidenciales de 2017 el Parlamento ha aprobado una ley que durante los tres meses anteriores a unas elecciones generales convierte a los tribunales en fact-checkers: permite a los internautas denunciar cualquier noticia y si el juez no es capaz de verificar su veracidad en 48 horas el Gobierno podrá bloquear el acceso a la información. También Alemania ha legislado al respecto, pero eso lo veremos en breve.

La limitación legal al "discurso de odio"

En buena parte de los países democráticos existen límites a la libertad de expresión, generalmente agrupadas bajo la etiqueta de "discurso de odio". Generalmente se define como contenido que fomente el odio y la discriminación hacia un grupo que se considera protegido. En España, por ejemplo, un discurso público contra un grupo o individuo del mismo "por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad" está penado, así como enaltecer o trivializar el genocidio y también a quienes "produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes".[4] También existen delitos contra los sentimientos religiosos y de enaltecimiento del terrorismo, en ambos casos con buenas razones históricas, algunas lejanas y otras cercanas. Podemos, el partido de extrema izquierda, ha presentado un proyecto contra la homofobia que daría el poder de censurar a una comisión administrativa.[5]

Lo que no suele existir son normas que impongan obligaciones a aquellas plataformas que permite subir contenido a terceros, como pueden ser las redes sociales. Ha sido en Alemania donde más lejos se ha ido por ese camino. Tras la aceptación por parte de Merkel de más de un millón de refugiados desde Siria, algunos reales, otros más bien inmigrantes económicos, la extrema derecha ha crecido en el país, como ha sucedido en otras naciones que han recibido una fuerte inmigración proveniente de otras culturas en poco tiempo, como Italia o Suecia. Aunque en todos esos países se ha querido dejar fuera de la llamada ventana de Overton a las quejas de los ciudadanos por la inmigración, dejando esa bandera en exclusiva a los partidos de fuera del sistema, sólo en Alemania se ha empleado el poder del Gobierno para la supresión de esas críticas.

Lo primero fue presionar a las grandes empresas de internet para que "voluntariamente" retiraran contenidos considerados como discurso de odio, y que incluían tanto mensajes xenófobos como críticas más razonadas a la política de inmigración. Pese a que Facebook colaboró desde el principio y hasta contrató personal dedicado en exclusiva a ello y en marzo de 2017 todos los grandes anunciaron la puesta en marcha de un filtro compartido para evitar que se pudieran subir este tipo de contenidos, no fue suficiente. El Gobierno alemán, seguramente con un ojo puesto en las encuestas que daban una subida continuada del partido nacionalista AfD, se propuso ir más allá.

Dicho y hecho, el 1 de enero de 2018 entró en vigor una ley[6] que impone multas de hasta 50 millones de euros a aquellos sitios web que no retiren en 24 horas contenidos considerados como discurso de odio o noticias falsas, entre un total de 20 prohibiciones[7]. Naturalmente, enfrentados a la posibilidad de una multa semejante, las empresas han sido bastante proactivas. Ya el primer día, Twitter eliminó tuits y suspendió cuentas de líderes del AfD. Al día siguiente, la cuenta de una publicación satírica fue suspendida por bromear con que uno de los líderes sancionados iba a ser el tuitero invitado. Hasta un tuit antiguo del ministro de Justicia que promovió la ley en el que llamada "idiota" a un crítico con la inmigración fue borrado.

Control de contenido con la excusa de los derechos de autor

Hay que recordar que los primeros cierres de páginas web y medidas de control preventivas en internet vinieron por las protestas de discográficas y, posteriormente, estudios de cine, televisiones, etc., a costa de las redes de pares como Napster, eMule o BitTorrent y su uso para compartir películas, series y canciones a través de internet. El principal temor que provocaban aquellas medidas es que pudieran extenderse con otros fines.

Ahora ha sido aprobado en el Parlamento Europeo una ley que regularía la protección de derechos de autor[8] contra el cual han protestado sospechosos habituales como Jimmy Wales, Tim Berners-Lee o Vinton Cerf. La polémica viene a raíz de dos artículos concretos. El número 11 codificaría a nivel europeo la llamada "tasa Google" que ya llevó a que en España desapareciera Google News. Los artículos y noticias producidos por los periódicos digitales no podrían ser enlazados por ningún servicio con un fragmento de texto que permita identificarlos sin pagar una licencia. Esta norma pretende ir contra Google por su servicio News, redes sociales como Facebook y Twitter que incluyen un pequeño texto cuando se comparte un enlace, servicios colaborativos como Menéame o incluso servicios de análisis de veracidad de las noticias como Maldito Bulo. Para poder enlazar libremente esos contenidos habría que esperar 20 años.

Pero peor aún es el artículo 13, que impone una suerte de "censura previa automatizada" obligando a proveedores de internet que "alojan y sirven al público grandes cantidades de contenidos subidos por sus usuarios" deberán implementar filtros que detecten posibles infracciones a los derechos de autor. Es decir, se obliga a todos los proveedores alimentados por contenidos de sus usuarios a implementar algoritmos como el Content ID creado por YouTube para identificar fragmentos protegidos por derechos de autor en vídeos alojados en esta plataforma. Este sistema, pese a contar con posiblemente los mejores ingenieros del mundo, ha eliminado por ejemplo un vídeo porque sonaban pájaros piando en el fondo porque una canción protegida había usado un sonido similar o uno de la NASA de un aterrizaje en Marte por una denuncia de una agencia de noticias que había subido y reclamado como suyo ese contenido creado por la misma NASA…

Con el artículo 13 se obligaría a todas las grandes redes sociales, desde Instagram a Twitter, a establecer este tipo de filtros. Podremos olvidarnos de los memes, esas imágenes que suelen acompañar a una imagen protegida por derechos de autor con un texto que la haga graciosa. El derecho de cita y la parodia serían historia en internet. Pero además supondría también una enorme barrera de entrada para nuevos servicios basados en contenido subido por sus usuarios, que tendrían que implementar algoritmos extremadamente complicados para poder funcionar en Europa.[9] Incluso servicios establecidos como referencia como puede ser Wikipedia podrían verse abocados a cerrar en Europa al no poder hacer frente a estos requisitos.

En España, la llamada Ley Sinde aprobó un mecanismo para poder cerrar sitios web por vía administrativa cuando una comisión ministerial considerara que violaban los derechos de autor, ante la realidad de que los tribunales no consideraban delito penal las actividades de los sitios web con enlaces a contenidos protegidos que no albergaban. Ante las protestas, el PSOE se vio obligado a incorporar la intervención de los jueces en dos momentos del proceso. Recientemente, una propuesta de enmienda a la ley firmada por PP, PSOE y Ciudadanos proponía eliminar esa salvaguarda en uno de ellos, precisamente el paso que permite cerrar una web.[10]

La expulsión del paraíso de lo políticamente correcto

Los pecados de las empresas no suelen ser el punto fuerte de los liberales. Tenemos cierta tendencia a comenzar nuestros razonamientos con el hecho de que cualquiera debe tener derecho a hacer lo que quiera en su propiedad… y tomar ese principio como punto final a la discusión. Pero las empresas, y en concreto las grandes empresas, pueden hacer mucho daño, por más derecho que tengan a hacerlo, y no debemos dejar de hablar de ello.

En lo referido a la libertad de expresión en internet, el canario en la mina ha sido la acción concertada de varios de los grandes de la red para expulsar a Alex Jones y su polémico Infowars de sus plataformas. Jones da bastante asco. Vive (muy bien) de explotar la paranoia y el miedo de sus oyentes sin el más mínimo escrúpulo. Especialmente repugnante fue su teoría de que en realidad nadie murió en la masacre de Sandy Hook de 2012, que las supuestas víctimas eran niños actores y que se podía ver en la cara de sus falsos padres en los funerales que en realidad estaban fingiendo. Yo no querría construir una plataforma en internet para tener luego que alojar a tipos así. Así que la expulsión de este señor llevaba tiempo rumiándose en los mentideros de Silicon Valley, de modo que cuando empezó fue rápido.

• 24 de julio de 2008: YouTube elimina cuatro de sus vídeos, suspende su capacidad para emitir en vivo, y advierte por primera vez al canal.
• 27 de julio: Facebook suspende el perfil de Alex Jones 30 días y elimina esos cuatro vídeos.
• 5 de agosto: Apple y Spotify eliminan cinco podcasts de Infowars.
• 6 de agosto, día D: Facebook elimina cuatro páginas relacionadas con Alex Jones, YouTube se carga el canal de InfoWars, LinkedIn y Pinterest suspenden sus perfiles y hasta Mailchimp le impide acceder a su servicio de newsletters.
• 15 de agosto: Twitter, tras resistirse un poco, suspende las cuentas de Alex Jones e Infowars durante una semana, que después alarga a dos.
• 6 de septiembre: Twitter suspende definitivamente ambas cuentas.
• 8 de septiembre: Apple elimina la app de InfoWars de su App Store tras varias semanas en el top al verse forzados sus seguidores.
• 21 de septiembre: Paypal da 10 días a Infowars para buscarse otra empresa que procese sus cobros.

El problema es que esto no va a parar aquí. La excusa detrás de esta cascada de expulsiones, similar a la que padeció en 2017 con el digital neonazi Daily Stormer, está en la lucha contra el discurso de odio. Un concepto de definición muy vaga y que en Estados Unidos se está empleando para justificar un montón de ataques a la libertad de expresión, siempre desde el mismo lado político. Las turbas universitarias lo usan para impedir por la fuerza que cualquier conferenciante de derechas pueda hablar en el campus. El Southern Poverty Law Center (SPLC), que nació como una organización encomiable cuya labor fue clave para reducir al KKK a cenizas, lleva años abusando de esa reputación para etiquetar como grupos y personas que promueven el odio a cualquiera que discrepe con cierto éxito del discurso izquierdista dominante, hasta el punto de haber incluido en esa lista a Ayaan Hirsi Ali o Maajid Nawaz, que ha logrado sacarles más de 3 millones de dólares por difamarle. ¿Y saben en quién confían las grandes tecnológicas para obtener la definición de qué es un discurso de odio y saber quiénes lo practican? Pues sí, del SPLC.

Así que, aunque sea casi imposible encontrar a nadie en la derecha norteamericana que vaya a echar de menos a Alex Jones, esta decisión de parte de las grandes plataformas sí ha creado una gran preocupación. Una cosa es que los grandes de internet tengan todo el derecho del mundo a negar sus servicios a quien quieran, y otra muy distinta que no se les pueda criticar por cómo lo hacen. Y desde hace tiempo ha quedado claro que no están por la labor de ser transparentes en su toma de decisiones y que actúan con sesgo político evidente. Unas empresas en las que la práctica totalidad de sus directivos y empleados donan al Partido Demócrata y que tienen su sede en una de las regiones políticamente más a la izquierda de Estados Unidos, pueden intentar hacernos creer que son neutrales políticamente, pero hace falta ser muy tonto para creérselo.

A esto se añade otro problema que llevamos décadas arrastrando: la enorme diferencia con que se trata a los extremismos de derechas y de izquierdas. Mientras los primeros son universalmente denigrados, los segundos están normalizados. Alex Jones es lo peor: te lo dirán desde el New York Times hasta el National Review. Pero Louis Farrakhan, el activista antisemita por los derechos de los negros, sigue disfrutando de pleno acceso a las grandes plataformas sociales de internet mientras acude a los funerales de Aretha Franklin como estrella invitada, departiendo amigablemente con Bill Clinton. De modo que ahora que Silicon Valley ha decidido que puede cerrar la puerta a quien considere "odioso" no por nada específico sino por sus opiniones en general, pocas dudas caben de que, como ha sucedido en la universidad, ese concepto irá poco a poco ampliándose hasta alcanzar a buena parte de la derecha convencional, mientras los extremistas de izquierda seguirán disfrutando de plena libertad en YouTube o Twitter para acosar y difundir sus propios mensajes de odio. Como sucede en los campus.

YouTube, por ejemplo, tiene una campaña permanente contra Prager University, una organización dedicada a hacer vídeos divulgativos cortos sobre temas concretos, presentados por grandes figuras y construidos con infografías para hacerlos más amenos y sencillos de entender. Vídeos de ideología liberal-conservadora nada extremista, pero que Google se empeña en restringir con la excusa de que son "inapropiados" para menores[11] y que Facebook llegó a bloquear[12]. No olvidemos tampoco que YouTube llegó a cerrar el canal de Jordan Peterson[13] y que en los casos en que no censura directamente se dedica a desmonetizarlos, haciendo más difícil su financiación.

Twitter fue cazado recientemente "censurando silenciosamente" cuentas de congresistas republicanos, pero no de demócratas[14]. Antiguos trabajadores de Facebook reconocieron que censuraban noticias de medios de derechas cuando eran seleccionadas por algoritmo para la sección de "noticias que son tendencia"[15] y cuando estalló el escándalo de Cambridge Analytica hemos sabido que la compañía ayudó a la campaña de Obama de 2012 a obtener un volumen similar de datos personales porque "estaban de su parte"[16]. La red social llegó a bloquear la publicación de un fragmento de la Declaración de Independencia.[17] Podríamos continuar, pero supongo que se hacen una idea.

En el caso de Google es más preocupante aún la alteración de los resultados de búsqueda. Se ha filtrado un vídeo de una reunión de altos ejecutivos tras las elecciones de 2016 que se ha calificado de "funeral" en la que sus principales líderes mostraban su indignación ante la victoria de Trump. Un correo electrónico filtrado a los medios mostraba los esfuerzos de la compañía por aumentar el voto hispano y su desazón al ver que en esta ocasión no habían votado a favor de los demócratas tanto como en ocasiones anteriores. Y se ha sabido recientemente que en 2017 evaluaron modificar el algoritmo para eliminar supuestos sesgos islamofóbicos y llenos de prejuicios en búsquedas como "musulmán" o "México".[18]

Aun dando por supuesto, lo cual es mucho suponer, que los directivos de Google hacen un esfuerzo por contrarrestar sus sesgos, la empresa está sujeta a enormes presiones por parte de su entorno, casi unánimemente izquierdista, o incluso de sus empleados. Pudimos verlo en el caso del despido de James Damore[19], que se vio sometido a un proceso inquisitorial por denunciar precisamente la "cámara de eco ideológica" en la que vivía la compañía, escribiendo un documento cuyo pecado era estar al día en las investigaciones científicas sobre las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. En aquella debacle se pudo observar que, tras resistirse inicialmente a darle la patada, Google finalmente capituló ante la presión de sus propios empleados, aunque se arriesgara tanto a un juicio como, sobre todo, a una debacle de relaciones públicas frente a la nueva mayoría republicana actualmente en el poder.

Así las cosas, no resulta de extrañar que los resultados de búsquedas en Google de conceptos políticamente polémicos, según un estudio de la empresa californiana de posicionamiento en buscadores (SEO) Can I Rank, tienen un 40% más posibilidades de estar sesgados hacia la izquierda una vez descontados los factores habituales de posicionamiento.[20] En su servicio de noticias la cosa es aún peor: las noticias que destaca provienen de medios de izquierdas en un 65% y de medios de derechas en un 16%.[21]

Remar contra la corriente

Dejado a su suerte, el comportamiento de las grandes compañías de internet parece conllevar la lenta pero segura imposición del pensamiento único mediante la supresión de las voces alternativas. Twitter, YouTube y Facebook no pueden eliminarlas por completo chasqueando los dedos, porque siguen siendo muy numerosas. Pero sí pueden discriminarlas para que tengan que perder energías teniendo que caminar siempre cuesta arriba, mientras la izquierda disfruta de todas las ventajas que la tecnología les ofrece. Y con un campo de juego tan poco equilibrado estamos viendo ya cómo en Estados Unidos el discurso considerado aceptable cada vez se va restringiendo más, y siempre en la misma dirección.

El problema es que, aunque sean empresas privadas, compañías como Google o Facebook han logrado que buena parte del tráfico de internet pase a través de sus servicios o, incluso, sea alojado por ellos. Es curioso que, en general, los defensores del concepto de "neutralidad de red" han sido quienes más han aplaudido la expulsión de Alex Jones. Porque bajo su teoría de que "todos los bits tienen que ser iguales" y que los mediadores –en su caso las operadoras– no deben tener derecho a priorizar o penalizar el tráfico en la red, ¿no debería también intervenirse estas plataformas, cuyas decisiones sin duda priorizan o penalizan enormemente el que una u otra opinión sea accesible por la mayoría de los usuarios?

Se puede ser un liberal coherente y no apoyar ni la neutralidad de la red ni la intervención de los grandes de internet. Pero quizá estas empresas deberían recordar que no todo el mundo es igual de coherente y que hay quien tiene capacidad para iniciar complejos procesos legales, pocos escrúpulos e incentivos para atacar a unas compañías a las que cada vez más se percibe como enemigos políticos. El fiscal general, Jeff Sessions, se ha reunido ya con los fiscales de una veintena de estados para evaluar si estas empresas están "entorpeciendo el libre intercambio de ideas" y discutir la posibilidad de tomar medidas antimonopolio.[22]

Legalmente existe una gran diferencia tanto en Europa como en Estados Unidos entre los medios de comunicación, responsables a todos los efectos de lo que publican, y las plataformas neutrales que delegan en los usuarios que aportan contenidos la responsabilidad sobre los mismos. Pero Facebook, Twitter y Google parecen querer lo mejor de ambos mundos: convertirse en medios a la hora de elegir qué no se puede publicar, pero seguir siendo plataformas para evitar tener que responder por lo que sí publican. En el caso del gigante de las búsquedas, un documento interno filtrado llamado "El buen censor" incluso reconoce ese doble juego.[23] No está muy claro que puedan continuar así mucho más tiempo.[24]

La corrección política comprende tanto la instauración de una serie de creencias ortodoxas como la deslegitimación de toda crítica. No se impone sólo desde los gobiernos; de hecho, en las democracias liberales no suelen ser quienes llevan el peso. En todo caso es una amenaza creciente contra la libertad de expresión y de pensamiento, imprescindibles para cualquier sociedad libre. Al fin y al cabo, el liberalismo se basa en esa humildad epistemológica que reconoce los límites de la razón individual frente a la fatal arrogancia de quien todo lo sabe y por tanto puede imponernos desde arriba una solución universal. Precisamente porque nuestra razón no puede alcanzarlo todo es por lo que la experimentación y la libertad de expresión son tan cruciales y la corrección política tan insidiosa: no sólo ataca nuestras ideas, algo que no deja de ser juego limpio dentro del mundo libre, sino que ataca sobre todo el proceso que nos permite discutirlas, rebatirlas y mejorarlas. Y es ese proceso esencial el que está siendo minado por los grandes de internet.

Así las cosas, los liberales deberíamos dejar de poner la excusa de que "es que son empresas privadas y tienen derecho a hacer lo que quieran" y emplear nuestro derecho a criticar lo criticable poniendo a estas compañías en el centro de nuestra diana. Son nuestros adversarios, y así debemos verlos y tratarlos. Por más que haya medidas que no apoyemos ni contra nuestros peores enemigos.