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Grandes superficies, mezquinas políticas

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Nadie discute que la misión de los poderes públicos es velar por el interés general. Así lo dicta el sentido común y así lo recoge la Constitución. Otra cuestión es en qué acciones concretas puede traducirse ese concepto cuando se aplica a un área determinada, y es precisamente la discusión sobre cuáles de esas acciones pueden ser las más convenientes lo que constituye el núcleo de la actividad y de la vida política. No obstante, existen áreas donde el margen de discusión es tan estrecho que únicamente caben distintas variantes de una misma política compatible con la defensa del interés general. Es el caso de la regulación del comercio minorista.

Los nuevos hábitos de vida y de consumo de los españoles, muy diferentes a los de hace treinta años, han determinado la espectacular aceptación de las grandes superficies, que hicieron su aparición en nuestro país hace ya treinta años. La clave del éxito de esta fórmula comercial hay que buscarla fundamentalmente en la escasez de tiempo de una gran parte de las familias españolas –cuyos miembros trabajan a jornada completa–, que les impide realizar sus compras básicas en los horarios tradicionales del pequeño comercio. También hay que considerar la incomodidad y las pérdidas de tiempo asociadas al peregrinaje por distintos comercios para completar la cesta básica de la compra. Y en último lugar –pero no menos importante–, la ventaja competitiva, traducida en el precio que paga el consumidor, de los descuentos en las compras al por mayor que realizan las grandes superficies a sus proveedores.

Parece evidente, pues, que el interés general pasa por fomentar, o al menos no poner trabas, a la instalación de grandes superficies, así como por la liberalización de los horarios comerciales; incluso en el caso de que el crecimiento de las grandes superficies perjudicara al pequeño comercio. Aunque lo cierto es que sucede todo lo contrario: la experiencia demuestra que la instalación de un centro comercial antes beneficia que perjudica a los pequeños comerciantes de los alrededores, que ven incrementado la afluencia de clientes potenciales en la zona donde están situados sus establecimientos. Además, los pequeños comerciantes pueden competir con ventaja con las grandes superficies en aspectos tan relevantes como la especialización o la atención personal: los grandes hipermercados no han acabado con las pequeñas tiendas de ultramarinos, y tampoco los grandes centros comerciales y cadenas de moda han eliminado a las pequeñas sastrerías y zapaterías.

Sin embargo, los poderes públicos, especialmente los autonómicos, se obstinan en poner trabas al interés general, anteponiéndole el interés particular –en la mayoría de los casos mal entendido– de los pequeños comerciantes. Diez de las diecisiete comunidades autónomas imponen restricciones arbitrarias a la instalación de grandes superficies; y todas, en mayor o menor medida, establecen también restricciones a la libertad de horarios. Según la patronal de las grandes superficies, la liberalización del comercio minorista, además de las evidentes ventajas para el consumidor, permitiría crear más de 200.000 puestos de trabajo –90.000 directos y más de 100.000 indirectos– hasta 2008, acompañados de unas inversiones de 14.000 millones de euros que hoy se encuentran paralizadas por las trabas regulatorias.

Y a todo esto se añade el hecho de que el sector económico más inflacionista es, precisamente, el del comercio minorista. Las restricciones a la competencia de las grandes superficies tienen, evidentemente, algo que ver con ello. Y sería hora de que los poderes autonómicos –cuya razón de ser es un mejor servicio al ciudadano por razón de una supuesta mayor proximidad, conocimiento e identificación con sus problemas– empezaran a reconsiderar sus posturas y decidieran servir de verdad a los intereses generales.

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