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Compromiso de justicia

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El PP y el PSOE han dado a conocer su Pacto sobre la Justicia, que, a tenor de las primeras informaciones, contiene una larga lista de medidas, reformas legislativas incluidas, y necesitará alrededor de un cuarto de billón de pesetas.

Uno de los puntos del acuerdo -el que aquí me ocupa- es el sistema de elección de los vocales del CGPJ, esa institución que, según general opinión, escasea de virtudes y está sobrada de defectos, situación que tal vez obedece a que, desde su constitución, ha sido un escenario más donde la política pudiera representar alguna de sus mejores obras. Puestos a ofrecer ejemplos, se citan los casos de vocales nombrados en premio a los servicios anteriormente prestados como ministros o directores generales.

Además del método de selección de sus miembros, se me ocurre si acaso algo muy importante que corregir en su competencia en materia de nombramientos, presidida respecto a los altos cargos judiciales por una discreccionalidad incontrolada, con la secuela de que no pocos y muy buenos magistrados quedaran abandonados en el ruedo de la política, con violación flagrante de los principios constitucionales del mérito y la capacidad. Quizá sea hora de terminar con el proceso actual y lograr que el sentido común y de justicia se impongan. Eugenio Montero Ríos, diputado y ministro de justicia con Prim, en 1870, patrocinaba la antigüedad como método de nombramiento, pues, aun reconociendo los defectos que tenía, afirmaba que, a la larga, era el menos perjudicial y evitaba el peligro de ese tipo de juez que, por los tortuosos caminos de la influencia política, busca satisfacer sus aspiraciones; o que, para progresar en la carrera, esgrime su flexibilidad en el cumplimiento del deber.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 implantó un CGPJ de naturaleza política con el argumento de que tenía que ser fiel reflejo de la soberanía popular. La experiencia ha demostrado que aquello fue pura falacia, pues lo sucedido es que el gobierno de la justicia ha estado en manos de un poder regido, en la mayoría de los casos, por principios ajenos a la noble función de juzgar. Quizá por eso los ciudadanos se pregunten cosas, como, verbigracia, si acaso las afinidades políticas de algunos vocales no ha sido el sepulcro del propio CGPJ. Es necesario que el nuevo, el que debe constituirse el próximo mes de julio, rectifique su pasado rumbo, que se distancie del ambiente de los partidos y de una malentendida tutela parlamentaria y que, definitivamente, cumpla con la responsabilidad que le corresponde. Ante el entendimiento alcanzado por los dos principales partidos políticos, lo que queda es confiar que con la nueva fórmula se acierte en la elección de los mejores y que el CGPJ ofrezca cosas positivas y saludables para nuestra zarandeada justicia.

Número 9

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