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Seguridad Social: Una reliquia del colectivismo

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Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se levantó el acta de defunción de la agonizante civilización europea, herida ya de muerte desde la Gran Guerra; una civilización basada en la libertad individual, en la responsabilidad personal y en el respeto de la propiedad privada. La posguerra inauguró una era de intervencionismo y de paternalismo estatal que sentó las bases de lo que hoy se conoce como "Estado del Bienestar", que no es en última instancia más que una transferencia de renta y de libertad a los políticos para que decidan y gasten por unos ciudadanos que -comprensiblemente y dadas las circunstancias- aceptaron gustosos ceder parte de su libertad a cambio de la engañosa seguridad que les ofrecía el Estado.

Pero en los años 80, una generación después, el precio a pagar por esa seguridad -que no era tal- comenzaba a ser insoportable. Thatcher y Reagan pusieron fin a la lenta deriva hacia el socialismo y consiguieron revertir la tendencia, poniendo las bases de la relativa prosperidad de la que hoy gozamos.

Sin embargo, aún queda una reliquia -la más importante- de esa estructura diseñada para gestionar la decadencia de la sociedad europea: la Seguridad Social, tanto en la vertiente de la asistencia sanitaria como en la de las pensiones. Creada en tiempos en los que el colectivismo gozaba de un inmenso prestigio, la Seguridad Social era su expresión más evidente en los países de Europa Occidental. Se trataba de poner en práctica el "hoy por ti, mañana por mí" intergeneracional fuera del seno de la familia, la "solidaridad" interpersonal en lo relativo a la salud, y de consagrar por ley la irresponsabilidad personal en lo referente a la gestión de los ahorros, del patrimonio y de la propia salud.

Quienes diseñaron el sistema de la Seguridad Social creían, con toda probabilidad, que la esperanza de vida no se prolongaría mucho más allá de los 65 años y que siempre habría una sobreabundancia de cotizantes en relación con los preceptores de pensiones, con lo que el excedente bien podría dedicarse a financiar los cuidados médicos de los afiliados. Por otra parte, el enorme poder del que gozarían los gobiernos al gestionar una parte muy importante de los ahorros de la gente y la evidente rentabilidad política que suponía "regalar" una pensión a quienes comenzaron en la fase "hoy por mí" sin antes pasar por la fase "ayer por ti" hacía muy atractivo el proyecto. Pero los que hoy nos encontramos en la fase "hoy por ti", puede que nunca lleguemos al estadio de "mañana por mí", o al menos no con tanta intensidad como nuestros padres y abuelos.

¿Cómo calificarían ustedes a una empresa gestora de planes de pensiones que repartiera a título de prestaciones las aportaciones de los nuevos partícipes? Pocos dudaríamos en calificarla de estafadora. ¿Y qué dirían ustedes si se les obligara por medios coactivos a realizar aportaciones todos los meses a ese fondo de pensiones? Pues probablemente que, además de una estafa, están siendo objeto de una extorsión, por lo que se verían obligados a denunciarla a las autoridades. ¿Y si, además, esa empresa no garantizara una rentabilidad mínima, aparte del rescate íntegro de las aportaciones, sino que hiciera depender las prestaciones del número de sus nuevos clientes? Probablemente el asunto se convertiría en un escándalo público de primera magnitud y los gestores de esa empresa darían con sus huesos en la cárcel. ¿Pero qué sucede cuando son las autoridades precisamente quienes gestionan una empresa como esta? Nada, porque son ellas las que dictan las leyes y las excepciones a esas leyes. El Estado es "soberano".

Hoy en día, en España, las cuotas a la Seguridad Social ya no son suficientes para pagar la atención médica, que se financia en su mayor parte a cargo de los Presupuestos. En cuanto a las pensiones, ya con el nivel de ocupados actual -el más alto de los últimos veinte años- resulta difícil atender al pago de las pensiones, por lo que se hace necesario ampliar la base sobre la que se calculan los derechos pasivos, además de retrasar la edad de jubilación y reducir las prestaciones del sistema público de salud. En términos económicos, una quiebra en toda regla.

Son las consecuencias inevitables del planteamiento original de la Seguridad Social, esto es, la creencia de que una compañía de seguros o una empresa financiera puede funcionar sin capital, basándose únicamente en las aportaciones de sus clientes para atender sus obligaciones corrientes y sin necesidad de realizar inversiones productivas que garanticen una rentabilidad mínima para los capitales que se le confían.

Va siendo hora de reconocer estas realidades, que a ninguna persona sensata se le ocultan. Los políticos y los creadores de opinión tienen la obligación moral de no ceder ante la demagogia y de explicar a los ciudadanos las consecuencias de este sistema: la dilapidación de los ahorros de los cotizantes, la ausencia de garantías futuras -digan lo que digan los políticos- y la constante utilización política de las pensiones, que convierte al pensionista en un servil solicitador de favores políticos, negándole su calidad de dueño de un patrimonio reunido durante años de duro trabajo y dilapidado miserablemente para que los ingenieros sociales pudieran llevar a cabo sus experimentos de "Economía Social".

La única alternativa son los planes de pensiones y seguros médicos privados. Desprendámonos de esta nociva reliquia garantizando a través de los impuestos los derechos pasivos de los que ya han cotizado y empecemos de nuevo con un sistema más justo y saneado, donde cada cual se responsabilice de su salud y de la provisión para su ancianidad. Nos va el futuro en ello.

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