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La Ilustración Liberal

El debate sobre las pensiones

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Como sucede siempre en períodos preelectorales, las pensiones se transforman en uno de los factores esenciales del debate político español. En 1993, la insinuación del PSOE de que el PP las recortaría fue una de las causas básicas de la derrota electoral de este último. A finales de 1999, el gobierno Aznar ha aprendido la lección y ha cedido a las presiones para subir las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas. Sin embargo, esta cuestión no es relevante. Lo esencial es la viabilidad futura de un régimen de pensiones basado en el reparto. En él, las cotizaciones actuales de los trabajadores no van a un fondo cuya buena y provechosa administración les proporcionará una renta futura sino que se destinan a financiar la cobertura del retiro de quienes se jubilan ahora.

No existe pues fondo alguno en el cual se acumulen los ahorros "forzosos" de los ciudadanos, porque eso son las cotizaciones sociales, para financiar sus prestaciones cuando se jubilen. Esta es la falla estructural básica del vigente sistema de reparto y la razón última de su inviabilidad.

Las pensiones públicas se enfrentan a un problema demográfico de primera magnitud. La gente se retira muy pronto, vive más y cada vez nacen menos niños. En este marco, una población jubilada creciente habrá de ser financiada por una población activa decreciente. En el año 2025, la ratio cotizantes/pensionistas será del orden del 1,5. Este es un hecho inexorable cuya traducción es clara: las jóvenes generaciones deberán pagar más impuestos y/o más cuotas sociales o la cuantía de las prestaciones por jubilación tendrá que ser recortada. Es decir, el nivel de vida de loss españoles se verá reducido.

Esto sin contar el consumo de capital provocado por el régimen público de pensiones y su impacto negativo sobre el crecimiento económico. Esa es la dinámica de un sistema, construido y pensado en un escenario sociológico y económico radicalmente distinto al existente a finales del siglo XX.

Existe una coincidencia total entre los diversos estudios realizados sobre las pensiones en España acerca de un punto central: el modelo de reparto está abocado a tener un desequilibrio financiero creciente. Los trabajos de FEDEA, BBV, INVERCO o el Círculo de Empresarios apuntan hacia un déficit del sistema público de pensiones que oscila desde el 1,8% del PIB (BBV) hasta el 4,1% (Círculo de Empresarios) en el año 2025. Desde algunos sectores de la opinión, este negro panorama se ha puesto en cuestión a causa del espectacular aumento de la afiliación a la Seguridad Social, cuyo resultado más palpable ha sido un superávit del sistema del 0,1% en 1999. Sin embargo, esto es un espejismo. Más cotizantes hoy implican más pensiones mañana, es decir, la deuda implícita del sistema público de pensiones a largo plazo crece, aunque en el corto se dispongan de más recursos para atender a sus compromisos corrientes. En una palabra, la sostenibilidad financiera del modelo de reparto no está garantizada porque la bonanza económica aumente los ingresos. Las fuerzas estructurales que le conducen a la quiebra siguen activadas. Ahora bien, por quiebra no se entiende la incapacidad del Estado de pagar pensiones sino la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por el sistema público en sus términos actuales.

La respuesta de las fuerzas políticas y sociales a la crisis del vigente modelo ha sido el denominado Pacto de Toledo. En la práctica, esta iniciativa se traduce en un recorte de las pensiones. En ello consiste elevar el período de cotización o alargar la edad de jubilación, etc. para tener derecho a percibir una pensión. Sin embargo, esas medidas no garantizan la sostenibilidad financiera del sistema. Aquí, de nuevo los estudios citados arrojan una conclusión clara: el Pacto de Toledo sólo sirve para postergar la crisis.

Cuando las condiciones económicas cambien, será necesario introducir nuevos recortes en la cuantía de las jubilaciones. Tampoco el estímulo del sistema complementario es una solución. Dos tercios de los españoles tienen unos ingresos anuales inferiores a los 3.000.000 de pesetas y no pueden sacrificar una porción importante de su renta disponible para dotar un fondo de pensiones, aunque luego obtengan deducciones fiscales. Esto supone un freno muy importante para la extensión del sistema complementario, para su adopción por una porción sustancial de la población española.

La decisión del gobierno Aznar de crear un Fondo de Reserva para financiar las pensiones futuras supone cumplir una de las exigencias del Pacto de Toledo y es una excelente baza propagandística pero tiene escasa significación práctica. De entrada, la cuantía destinada a esa finalidad, 60.000 millones de pesetas, es exigua. Por otra parte, si los recursos destinados a ese fondo llegasen a ser importantes, se plantearía un difícil dilema ¿En dónde se invierten? Si es en obligaciones del Estado, su rentabilidad será mucho más reducida que la que podría alcanzarse con una cartera diversificada, todo lo prudente que se quiera, de esos activos. Si el dinero se invirtiese en el mercado de capitales, el sector público pasaría a controlar una parte sustancial de la economía española. Ninguna de las dos alternativas parece demasiado deseable.

En este marco, la posibilidad de introducir un modelo de pensiones basado en la capitalización se convierte en una opción realista y atractiva. Esta posición ha dejado de ser la de una minoría de ultraliberales para ganar una amplia audiencia entre los profesionales de la economía, ser una alternativa seria en un considerable número de países desarrollados y convertirse en una realidad de éxito en bastantes economías iberoamericanas. La experiencia comparada muestra que un sistema de esta naturaleza se traduce en pensiones más elevadas, en un aumento de la tasa de ahorro nacional y, con ella, del crecimiento potencial de la economía. Además, extiende la propiedad en amplios sectores de la población e impide que las pensiones acaben convertidas en un objeto de mercadeo político.

Eso sin contar factores extraeconómicos tan importantes como la devolución a los ciudadanos del derecho de organizar su futuro como mejor les parezca. Cada generación ha de cubrir sus contingencias y es injusto trasladar a las futuras la responsabilidad de satisfacer nuestras necesidades. Ese ha de ser el verdadero pacto intergeneracional y la única manera de superar los problemas planteados por los cambios demográficos. En este contexto, el sistema público ha de limitarse a ofrecer una pensión mínima a quienes por causas ajenas a su voluntad no han logrado ahorrar para la vejez.

La principal objeción a un modelo de pensiones basado en la capitalización ha sido siempre la misma: el coste del período de transición es inasumible. Esta es una falacia contable sin mucha consistencia económica. El actual régimen de reparto ya tiene contraídas una serie de obligaciones ineludibles, la ya comentada deuda implícita. El paso a un sistema de capitalización simplemente haría explícita esa deuda ya existente.

El Estado se limitaría a reconocer ese hecho mediante un bono, en el cual se reconociese a los trabajadores el derecho a percibir la cuantía de pensión a la que tuviesen derecho hasta el momento de abandonar voluntariamente el sistema público. Este título se haría líquido al llegar el momento de la jubilación. ¿Cómo se puede financiar ese coste? Con impuestos, con deuda, mediante la reducción de otros gastos gubernamentales o con una combinación de todos estos elementos. No hay otro modo. También es posible emplear un mecanismo intermedio similar al sugerido por el Círculo de Empresarios. El derecho de descuelgue del modelo de reparto podría limitarse a una parte de la población y la transición se financiaría temporalmente con una proporción de las cotizaciones sociales.

Las pensiones son y van a ser uno de los aspectos básicos de la agenda social, política y económica de los próximos años. Sería muy bueno poner remedio a la crisis antes de que la situación empeore y las reformas tengan que ser más duras y dolorosas para todos, en especial para los españoles con rentas más bajas.

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