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Batasuna: No hay que tener miedo a la ilegalización

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Quienes vivimos la Transición, recordamos cómo en esa época ciertos círculos intelectuales, políticos y eclesiásticos introdujeron en el pueblo español el sentimiento paralizador y castrante del miedo. Y se hizo a través del concepto de las dos Españas condenadas a enfrentarse eternamente. Ciertamente, fue tan efectivo como el concepto de las tres culturas que elaboraron Américo Castro y su escuela. Las imágenes en que se encarnó esta mentira fueron el cuadro de Goya en que dos campesinos enterrados hasta las rodillas pelean a garrotazos, el Guernica de Picasso y la fotografía del miliciano rojo de la guerra en el instante en que le mata una bala. El mensaje era claro: si no cedíamos, si no olvidábamos, si no éramos tolerantes, la guerra volvería a repetirse.

Algunos de los propagandistas de esta idea fueron gente como José María García Escudero, Pedro Calvo Hernando, José Luis Martín Descalzo, Pedro Altares y Victoria Prego (curiosamente, casi todos vinculados a sectores eclesiásticos). Su aceptación como tópico y como fuerza explicativa de la historia contemporánea de España ha superado, como suele ser habitual en los experimentos sociales, la misión para la que se creó. Así, Miguel Primo de Rivera ha titulado su reciente libro de memorias Contra las dos Españas.

Sin embargo, los historiadores serios, desde Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia, a Pío Moa, han refutado esta mentira. La de España es una historia muy similar a la de Francia e Italia, con los enfrentamientos entre laicos y católicos, con los partidos socialistas de carácter revolucionario, con el derrocamiento de sus monarquías, con sus guerras civiles en el siglo XX. Los mismos problemas con respuestas parecidas. El español no lleva la sangre de Caín y, por tanto, no necesita dosis extra de calmante. En cambio, durante los primeros años del nuevo régimen, se hizo dogma de las opiniones de que no convenía reprimir el terrorismo ni rechazar las exigencias de los nacionalistas en aras de una prudencia que parecía o cobardía o pacto entre cómplices.

Si de la mentira se dice que tiene las piernas cortas, del miedo se debe decir que tiene la lengua larga. Con motivo de la intención del Gobierno de ilegalizar Batasuna mediante la nueva Ley de Partidos Políticos, los españoles volvemos a oír los llamamientos a la concordia y la sensatez. Unos recurren a los argumentos jurídicos, como el diputado en las Cortes de 1977 Raúl Morodo Éste (El País, 17 de abril de 2002) nos recuerda el debate constitucional para acabar con una invocación a incluir y no a excluir. Frente a los ataques que sufren la unidad nacional y los derechos a la vida y la seguridad, Morodo opone valores abstractos y exhortaciones. Otros, menos retorcidos, nos dicen que la ilegalización es lo que buscan ETA y su entorno, aunque no explican por qué entonces los afectados la rechazan. Son los mismos que hace 20 años se negaban a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate contra ETA y aducían que eso provocaría la ulsterización de la región vasconavarra. Por último, los recogedores de nueces tratan de proteger a quienes sacuden el nogal. El PNV, EA e Izquierda Unida gimotean que la ilegalización acarreará la fractura social y reducirá el pluralismo político. Estas dos afirmaciones muestran el desprecio que el abertzalismo y su cómplice comunista sienten por las víctimas de ETA. ¿No es el terrorismo el que ha dividido la sociedad en ejecutados, verdugos y cómplices?, ¿no disminuyen la libertad las amenazas a quienes se sienten españoles o son concejales? Hay gente que reconoce la existencia de una enfermedad, pero se niega a aplicar cualquier tratamiento aunque el enfermo agonice; un indicio de que se sienten a gusto con el mal.

El único argumento que yo sopesaría es la extensión del desorden a toda la comunidad vasca y Navarra, a que esas provincias se convirtieran en un Hernani permanente. La posibilidad, sin embargo, es mínima. Y me baso en la experiencia. Cuando el juez Garzón cerró Egin y cuando el Supremo encarceló a la mesa de HB, los jeremías y las ménades nos advirtieron de las desgracias que la temeridad judicial, impulsada por la locura gubernamental, iban a causar. Los efectos de las huelgas generales convocadas por los batasunos se redujeron a algunos escaparates rotos y varias pintadas, un saldo inferior al de cualquier noche de kale borroka.

En Madrid se debe entender de una vez que la mayoría de los vascos (incluidos muchos abertzales) están hartos del vandalismo de los chicos de la gasolina. Como en la época de las guerras de banderizos del siglo XV, el pueblo acabará pidiendo la intervención del poder real. Que el Estado demuestre que no tiene miedo y muchos vascos y navarros empezarán a comportarse como si tampoco lo tuvieran. Pero será difícil mientras que los ertzainas y los guardias civiles lleven capuchas.

Ante las protestas que ha levantado la intención de que los delincuentes y sus cómplices no puedan ampararse en las leyes ni cobrar subvenciones, cabe pensar que detrás se esconde algo más que el oportunismo político. Quienes censuran al Partido Popular por este proyecto son los mismos que piden a Madrid un gesto para recomponer las relaciones con Marruecos o se quejan de que la derecha española pretenda arrebatar el gobierno autonómico al PNV. En la Transición hubo muchos pactos, unos convenientes y otros perjudiciales. José María Aznar ha roto varios de los últimos, como la sumisión a Marruecos, el complejo de inferioridad ante Europa, la entrega de la educación a la izquierda y el reconocimiento de la hegemonía separatista en sus solares. Ahora va a romper otro, y es la irracional tolerancia de todas las ideas políticas (emanadas del antifranquismo, por supuesto) respaldadas por votos. Esperemos que el PP cumpla su proyecto y que la persecución de los delincuentes terroristas sea el primer paso para romper otro de los tabúes de la Transición: la lenidad ante todo crimen.

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