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Reformas liberales: casos de éxito de ayer y de hoy

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Cuando los EEUU de Truman crecían al 15%

El 6 de septiembre de 1945, el presidente estadounidense Harry Truman lanzó lo que su gabinete bautizó como el Fair Deal. Su antecesor en el cargo, Franklin D. Roosevelt, logró con el New Deal un espectacular aumento del poder del Estado frente al mercado. Tras el final de la II Guerra Mundial, Truman propuso una reforma del "gasto social" orientada a hacerlo más eficiente y menos costoso. Pero los legisladores del Partido Republicano querían ir más allá que su líder y abogaban por reformas abiertamente liberales, orientadas no solo a reducir el peso del Estado sobre la economía sino también a retirar los obstáculos del New Deal que frenaban al sector privado.

Esa línea de reformas explica, por ejemplo, la ley de presupuestos de 1945, que suponía el primer recorte del gasto público en años, por un monto de 5.900 millones de dólares que equivalía a una rebaja del 13%. En el Impuesto sobre la Renta empezaron a reducirse las tarifas desorbitadas que se habían fijado en tiempos de guerra, con un tramo superior del 94%. Más agresivo fue el recorte en el Impuesto de Sociedades, donde el tipo superior pasó del 90% al 38%.

También se aprobaron importantes ajustes presupuestarios. En 1945, el gasto federal era de 93.000 millones de dólares, pero en 1946 ya había caído a 55.000 millones. Los grandes esquemas de gasto público que se habían creado en los años de Roosevelt fueron desapareciendo.

Reducir un 50% el gasto público

Para incidir en esta línea, los legisladores del Partido Republicano habían concurrido a las Elecciones Legislativas de 1946 con una campaña enfocada en captar a los votantes que estuviesen cansados de pagar tantos impuestos. El resultado no pudo ser mejor para la derecha, que recibió su mejor cifra de votaciones en ambas cámaras desde 1933. La propuesta central de los republicanos planteaba una reducción del gasto público del 50% y una rebaja del 20% en los impuestos vigentes. Un año después, en 1947, el gasto federal había bajado de 55.000 a 34.000 millones.

Truman no estaba del todo por la labor de aprobar estas medidas, ya que consideraba que su partido estaba exigiendo reformas demasiado radicales, pero el avance de los postulados de mercado era imparable y, en 1948, los legisladores demócratas se sumaron a los republicanos y solicitaron también un nuevo programa de rebajas fiscales. Ese año se decretaron medidas que redujeron la carga tributaria en 6.500 millones de dólares.

Pero las reformas no acabaron aquí. Truman fue retirando los controles de precios y liberalizando de nuevo los mercados. También se aprobó la Ley Taft-Hartley, que retiraba los privilegios sindicales que se habían introducido en el mercado de trabajo en los años de Roosevelt.

¿El resultado? El PIB real creció un 7% en 1946, un 14,7% en 1947, un 9,5% en 1948 y un 3,1% en 1949. Los ingresos fiscales cayeron inicialmente de 67.000 a 61.000 millones, pero volvieron a alcanzar los 67.000 millones en 1950, como consecuencia del efecto expansivo que tuvieron las reformas liberales. El desempleo se movió entre el 4% y el 6% y el presupuesto federal entró en superávit en 1947, reduciendo la deuda de 269.000 millones de dólares en 1946 a 253.000 millones en 1949.

Del nacional-socialismo de Hitler al liberalismo de Erhard

Tras tomar el poder, el régimen nacional-socialista de Adolf Hitler empezó a llevar a la economía alemana por un camino de creciente intervencionismo. Las tesis de ideológos como Werner Sombart o Hjalmar Schacht, que se convirtió en ministro de Economía en 1934, apuntaban hacia una economía cada vez más controlada.

El fuerte aumento del PIB, que se duplicó entre 1932 y 1937, y la caída del paro, cuya incidencia cayó de 6 a 1 millón de trabajadores, parecían validar estas tesis. Pero ese boom inicial no era sostenible. De hecho, la deuda aumentó hasta alcanzar los 38.000 millones de marcos y el mercado laboral empezó a enfriarse, motivando las leyes laborales de 1938 que prohibieron los despidos sin autorización de las autoridades. Un año después, en 1939, se aprobaron medidas de racionamiento y se reforzaron los controles de precios. A esto se sumaban años de subidas fiscales a las rentas medias y altas, así como distintas normas que aumentaron los impuestos cobrados a las empresas.

La derrota de Hitler dio paso a un nuevo escenario en el que Alemania estaba dividida en dos mitades. Al Oeste, las zonas administradas por las democracias aliadas de Occidente. Al Este, la nueva República Democrática Alemana, controlada por la Unión Soviética hasta la caída del Muro de Berlín, en 1989.

Ludwig Erhard, figura clave de la reconstrucción alemana

Echando la vista atrás, es imposible ignorar la figura del político democristiano Ludwig Erhard, que ocupó el ministerio de Economía entre 1949 y 1963 para después servir como canciller federal entre 1963 y 1966. Erhard defendió desde antes de su entrada en política lo que él llamaba la "economía social de libre mercado". ¿Suponía la etiqueta social una moderación de los postulados liberales tradicionales? En absoluto: según Erhard, "una economía es más social cuando es más libre".

Las principales ideas que quería incorporar Erhard al debate público pasaban por la reducción de la inflación, la libertad monetaria, la estabilidad fiscal y la apertura comercial. Sus referentes intelectuales eran filósofos y pensadores de la talla de Adam Smith, John Locke, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek o Karl Popper. De hecho, en 1950 se sumó a la Mont Pelerin Society, un selecto club intelectual liberal fundado por Mises, Hayek, Popper y otros liberales de la talla de George Stigler o Milton Friedman.

Erhard no lo tenía fácil a la hora de defender sus ideas. Por ejemplo, el líder democristiano Konrad Adenauer firmó en 1947 un manifiesto que abogaba por nacionalizar industrias y establecer un marco económico marcadamente intervencionista. Sin embargo, el prestigio de Erhard fue suficiente para tumbar estas presiones, hasta el punto de que en 1948 fue nombrado Director de Asuntos Económicos con el consenso de los tres grandes partidos: democristianos, socioliberales y socialdemócratas.

Una de sus primeras decisiones fue abolir los controles de precios y el racionamiento de alimentos. Luego, cuando Erhard se convirtió en ministro, llegaron las medidas de privatización y liberalización encaminadas a reducir el conglomerado público empresarial y a relanzar el sector privado. A esto se sumaron rebajas fiscales para las empresas y los trabajadores.

El Plan Marshall, en perspectiva

En ocasiones se desmerecen los logros de las reformas liberales de Ludwig Erhard apelando al Plan Marshall como el verdadero factor que lanzó la recuperación económica del país teutón. Sin embargo, los datos son claro. Según David R. Henderson, estas ayudas nunca llegaron a sumar 3.000 millones de dólares, por lo que su impacto total fue inferior al del PIB.

El PIB alemán fue recuperando poco a poco los niveles pre-crisis. En 1947 ascendía a 37.500 millones de marcos, pero en 1951 ya alcanzaba los 126.000 millones de dólares. Un despegue sin precedentes que terminó desplazando el consenso político hacia los postulados liberales de Erhard.

Cómo Lady Thatcher transformó Gran Bretaña

"Cuando se busca ser popular, hay que estar preparado para comprometerse con cualquier cosa, en cualquier momento. Y así no se consigue nada". Así de tajante se mostraba Margaret Thatcher cuando le preguntaban por su voluntad de llegar a grandes acuerdos políticos. Conocido es su pronunciamiento contra el "consenso", que definió como "el proceso de abandonar todas las creencias, valores y principios".

La Dama de Hierro buscaba algo muy distinto al "consenso". Lo que ella quería era un cambio radical en la economía británica, que arrastraba años de decadencia al calor de un intervencionismo estatal cada vez más hondo. Para hacerlo, se rodeó de expertos vinculados a tres think tanks liberales que siguen funcionando a pleno rendimiento en pleno siglo XXI: el Institute of Economic Affairs, el Centre for Policy Studies y el Adam Smith Institute.

Influenciada por la Escuela de Chicago y la Escuela Austriaca, su primera obsesión fue controlar la inflación, que superó en 20% en los años previos a su llegada al poder. La expansión crediticia decretada por el Banco de Inglaterra fue replegada en los años de Thatcher, dando paso a un periodo con tipos de interés más altos que permitieron frenar la escalada inflacionista.

Privatizaciones, pugna con los sindicatos y rebajas fiscales

Thatcher también plantó cara a los sindicatos, que se oponían a sus medidas de flexibilidad laboral y también a su decisión de privatizar el enorme conglomerado empresarial público. El Índice de Producción Industrial refleja cómo las medidas supusieron un cierto ajuste en la primera mitad de los años 80 pero abrieron el paso a una década de crecimiento continuado. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la producción industrial creció un 7,5% durante su mandato.

Pero el éxito de Thatcher también queda reflejado por la caída del sindicalismo radical que había atenazado a la economía británica. A comienzos de los 80, el pulso al gobierno conservador llevó a 12.000 el número de días de trabajo perdidos por las huelgas, pero la Dama de Hierro no cedió y, de hecho, el número de miembros de los sindicatos se desplomó durante su mandato, pasando de 13 a 8 millones.

Esto facilitó el proceso de privatización, que abarcaba compañías de todo tipo: aerolíneas, energía, telefonía… Cuando Thatcher llegó al poder, el Estado controlaba el 30% de la fuerza laboral debido al enorme tamaño de estas empresas públicas. British Airways, Rolls Royce, Jaguar, British Telecom, Rover… son solo algunas de las sociedades que estaban en manos del Estado pero que pasaron de nuevo a manos privadas, con el aliciente de que los trabajadores recibieron acciones de sus compañías.

En clave fiscal, conviene recordar que la economía que heredó el nuevo Ejecutivo conservador en 1979 estaba en una situación de parálisis tan aguda que en la prensa internacional se hablaba de las islas británicas como del "enfermo de Europa". La situación era tan grave que, aunque hoy resulte difícil de creer, el Fondo Monetario Internacional "rescató" al Tesoro del Reino Unido en 1968 y 1976.

Por eso, en el ámbito tributario, los presupuestos de 1979, diseñados por Geoffrey Howe, ya perseguían grandes cambios. De entrada, los tories redujeron el tipo máximo del IRPF del 90% al 60%. El tipo medio de dicho gravamen cayó del 33% al 30% y se eliminaron gravámenes y recargos que encarecían el ahorro y la inversión. En 1988, los presupuestos que perfiló Nigel Lawson recortaron el tipo máximo del IRPF del 60% al 40% y también rebajaron el tipo medio del IRPF del 30% al 25%.

Además, en la Era Thatcher hubo rebajas en el Impuesto de Sociedades, que vio caer su tipo máximo del 50% al 35% y su tipo general del 30% al 25%. Thatcher combinó estas medidas con la revisión del IVA, que pasó a estar más o menos unificado con un nuevo tramo del 15%, y con recargos en los impuestos especiales, como por ejemplo el aplicado a la gasolina.

En suma, la presión fiscal cayó del 38% al 35% del PIB entre los años 1980 y 1990. El efecto lafferiano de las rebajas fiscales de los años 80 hizo que muchas medidas tributarias encaminadas a reducir la presión fiscal acabasen arrojando mayores niveles de ingresos fiscales, como consecuencia de la expansión de la actividad económica.

Los resultados

Bajo el gobierno de Thatcher se multiplicó por cuatro el número de ciudadanos británicos que atesoraba participaciones bursátiles. He ahí la mejor medida del triunfo del "capitalismo popular" que la Dama de Hierro defendía cada vez que tenía oportunidad. Durante los años 80, el PIB per cápita aumentó un 35% y el aumento medio del PIB superó el 3% frente al 2% de los años 70.

En términos de gasto público, la etapa de Thatcher estuvo marcada por un progresivo repliegue del peso del Estado sobre el PIB, que pasó del 48% al 38%. Además, la dirigente británica también acabó con los déficits fiscales, que desaparecieron a partir de los presupuestos de 1985. En clave de endeudamiento público, la caída fue del 50% al 30% del PIB.

Capitalismo cañí: las reformas liberales de la 'era Aznar'

El paso del tiempo ha puesto en valor las reformas liberales aprobadas por los gobiernos de José María Aznar a lo largo de las dos legislaturas comprendidas entre 1996 y 2004. Los ocho años del PP en La Moncloa sirvieron para bajar los impuestos, reducir el peso del gasto público y reducir el intervencionismo de las Administraciones Públicas en diversos sectores de la economía.

La primera "prueba del algodón" para evaluar los programas de reformas de la Era Aznar es la reducción del peso del gasto público sobre el PIB. Pues bien, entre 1996 y 2004, los desembolsos totales de las Administraciones Públicas pasaron del 44,2% al 38,6% del PIB, un descenso notable.

Otro factor clave para analizar los resultados de las reformas aprobadas es el cuadro macroeconómico. Aquí también hubo un cambio a mejor: el PIB per cápita creció un 64%, la inflación se redujo del 4,3% al 2,2%, la riqueza neta de las familias se duplicó y la deuda pública cayó del 64% al 51% del PIB.

Pero el verdadero salto adelante se dio en el mercado de trabajo: el paro cayó del 22,8% al 11,5%, el empleo indefinido creció un 58%, el número de mujeres ocupadas se disparó más de un 55% y el total de trabajadores ocupados pasó de 12,6 a 17,6 millones de personas. El buen rumbo de la economía española explica que la población extranjera creciese notablemente, pasando de 500.000 a 3 millones de residentes extranjeros en apenas ocho años.

Las reformas liberales de los años de Aznar

La clasificación obtenida por España en el Índice de Libertad Económica en el Mundo mejoró notablemente entre los años 1996 y 2004. Nuestro país pasó del puesto 65 al número 29. He aquí los ingredientes centrales que hicieron posible este salto adelante.

  • Estabilidad presupuestaria. Para apuntalar la senda del rigor fiscal se aprobó una Ley de Estabilidad Presupuestaria que establecía la obligación de evitar descuadres fiscales y fijaba techos de gasto que limitaban el aumento del gasto público. De hecho, el PP concurría a las Elecciones Generales de 2004 con el compromiso de que el gasto público no volviese a superar el 40% del PIB.

  • Rebaja del IRPF. El IRPF fue revisado a la baja en dos ocasiones, llevando el tipo máximo del 56% al 45% y bajando tipo inferior del 20% al 15%. Esta reducción fue de la mano con una simplificación de tramos y un aumento de deducciones y mínimos exentos. De media, las retenciones cayeron un 33%.

  • Menos impuestos a las empresas. Los gobiernos de Aznar aprobaron diversas rebajas el Impuesto de Sociedades, con modificaciones de tipos e introducción de deducciones, de entre las que cabe destacar la orientada a evitar la doble imposición a los benecios obtenidos en el extranjero, una modificación clave para la internacionalización de nuestro tejido productivo. Además, se eliminó el Impuesto de Actividades Económicas para el 92% de las empresas.

  • Privatizaciones y liberalizaciones. El sector público empresarial heredado por los gobiernos de Aznar fue desnacionalizado de manera agresiva entre 1996 y 2004, con privatizaciones y liberalizaciones en ámbitos como las telecomunicaciones, la energía, el transporte… Solo entre 1997 y 1998 se dieron las OPV de Telefónica, Endesa y Repsol. A lo largo de los dos gobiernos de Aznar, el peso de las empresas públicas sobre el mercado bursátil pasó del 10% al 1%.

  • Facilidades para la internacionalización. La entrada en la Eurozona y la reducción del intervencionismo en la economía permitió que España se incorporase con más brío a las dinámicas de la globalización. La tasa de apertura, que se obtiene con la suma del peso de importaciones y exportaciones sobre el PIB, permite comprobar el salto de internacionalización que dio España en los años de Aznar. En 1996, este indicador era del 45% del PIB, mientras que en 2004 había alcanzado el 62%. Durante este periodo, la inversión extranjera directa se disparó un 370% y la inversión española en el resto del mundo se multiplicó por doce, un salto sin procedentes.

Pero el gobierno de Aznar no logró sacar adelante todo lo que se propuso. Quedaron pendientes dos reformas estructurales que el PP puso encima de la mesa pero no se atrevió a completar: la del mercado de trabajo y la de la educación. Tampoco hubo avances suficientes en el sistema de pensiones, para el que se había llegado a plantear el tránsito hacia un modelo de capitalización.

La revolución liberal de Australia y Nueva Zelanda

La economía de Australia se ha convertido en las últimas décadas en una de las más abiertas del mundo. Según el Índice de Libertad Económica en el Mundo del Wall Street Journal y la Fundación Heritage, Australia es ya el quinto país más capitalista del globo, solamente por detrás de Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda y Suiza.

La puntuación que obtiene Australia en el Índice es de 80,3 puntos sobre 100. Por subcategorías, cosecha 90 puntos en "protección de los derechos de propiedad", 80 puntos "ausencia de corrupción", 62 puntos en "peso del gasto público", 63,2 puntos en "marco fiscal", 89,4 puntos en "facilidad para hacer negocios", 77,2 puntos "flexibilidad laboral", 85,2 puntos "estabilidad monetaria", 86,4 puntos "apertura comercial", 80 puntos en "facilidad para invertir" y 90 puntos en "libertad financiera".

Según el Índice, "Australia es una vibrante economía de mercado que ha logrado acumular 25 años sin recesión alguna. Además de hacer un buen uso de sus recursos naturales, la economía australiana se beneficia también de un notable empuje emprendedor y de un marco institucional efectivo. Esto hace de Australia un destino dinámico y atractivo para la inversión".

7 reformas clave

El grueso de las reformas liberales se aprobaron bajo liderazgos de centro-izquierda. Bob Hawke, vencedor en las Elecciones Federales de 1983, 1984, 1987 y 1990, encabezó la primera oleada de cambios. Paul Keating, su hombre fuerte en el campo económico, triunfó en los comicios de 1993, dando continuidad al proyecto.

¿Qué reformas hicieron posible esta revolución liberal? En primer lugar, los gobiernos de las últimas décadas han apostado por reducir los aranceles y abrirse al comercio. A mediados de la década de 1970, se aprobó un recorte generalizado del 25% que vino seguido de nuevas rebajas en 1983. Entre 1988 y 1996 se introdujo una nueva ronda de rebajas de aranceles que terminó dejando el impuesto medio a las importaciones en el 5%. Desde entonces se han aprobado nuevos recortes, en el marco de la firma de acuerdos comerciales con espíritu liberalizador.

El segundo ámbito de reforma fue el marco monetario. En la década de 1980 se aprobó un giro en la política del Banco Central. Desde entonces, el tipo de cambio del dólar australiano lo marca el mercado y la evolución de los precios arroja una evolución claramente favorable, con un progresivo descenso de las tasas de inflación.

La tercera línea de reformas llegó en 1995, con el lanzamiento de la Política Nacional de Competencia, un acuerdo entre el gobierno nacional y las Administraciones regionales que permitió revisar el grado de libertad o intervencionismo en todos los sectores de la economía. A raíz de esta iniciativa se eliminaron 1.800 normas y leyes que restringían la competencia. Además, se reformaron o eliminaron monopolios públicos, apostando por la liberalización y la privatización.

El cuarto punto clave para el cambio en Australia fue el giro en la política de infraestructuras. Con la desregulación de mercados como el de las aerolíneas, las telecomunicaciones o el transporte por vía marítima, estos ámbitos de la economía pasaron del estancamiento al crecimiento. Hoy en día podemos ver a empresas multinacionales españolas como Ferrovial o Acciona que desarrollan nuevas infraestructuras en Australia.

También en el mercado laboral se aprobaron cambios de calado que constituyen el quinto pilar de las reformas liberales australianas. El Acuerdo de Precios e Ingresos que se desarrolló entre 1983 y 1996 redujo notablemente el peso de la "negociación colectiva" y descentralizó los acuerdos salariales. Hoy, el desempleo es de apenas un 6%.

La política fiscal constituye el sexto elemento clave de la revolución liberal australiana. Desde mediados de la década de 1990 se aprobaron medidas de racionalización del gasto y privatización de activos, con el objetivo de reducir la deuda pública. Además, se rebajaron los tributos exigidos a las personas y las empresas, llevando a Australia hacia un modelo de impuestos más bajos, con el gasto público en el entorno del 35% del PIB.

En séptimo lugar, Australia ha seguido el ejemplo chileno y ha adoptado un modelo de pensiones capitalizadas conocido como SuperAnnuation. Cada mes, los trabajadores consignan entre el 9 y el 12% de su ingreso bruto a una cuenta personal de jubilación que luego financia su pensión. Entre la década de 1980 y el presente, el peso del ahorro acumulado en estos fondos ha pasado del 20% al 100% del PIB.

¿El resultado? El PIB per cápita ha crecido espectacularmente conforme Australia ha girado hacia un modelo liberal. Si a comienzos de la década de 1980 apenas alcanzaba los 20.000 dólares, en 2014 rondaba los 40.000 dólares.

'Rogernomics' le da la vuelta a Nueva Zelanda

Si excluimos a Hong Kong y a Singapur, Nueva Zelanda es la economía más liberal de todo el mundo. Así se desprende de la edición 2016 del Índice de Liberad Económica. La nota cosechada por Nueva Zelanda es de 81,6 puntos sobre 100 y coloca a la isla oceánica por delante de Suiza, que ha quedado relegada al cuarto puesto de la lista.

Las reformas liberales en Nueva Zelanda tuvieron lugar en los años 80, coincidiendo con el auge de figuras como Ronald Reagan o Margaret Thatcher. En el caso neozelandés, fueron políticos de centro-izquierda los que impulsaron las reformas liberales. Quizá el más importante de todos fue Roger Douglas, que propuso un amplio decálogo de desregulación en 1983. Desde las filas de la izquierda no faltaron las críticas de quienes consideraban que aquello suponía un "giro a la derecha".

El caso es que Nueva Zelanda llevaba sufriendo décadas de estancamiento cuando Roger Douglas lanzó el manifiesto que inauguró la era de las Rogernomics. Si en 1950 veíamos que Nueva Zelanda ocupaba el décimo puesto en el ranking mundial de ingreso per cápita, en 1980 la cosa era muy distinta y la isla acumulaba más de treinta años creciendo un 50% por debajo de la media de la OCDE.

Los precios, los tipos de interés, los dividendos empresariales, los sueldos, los alquileres, los horarios comerciales, el sector importador y exportador… Todos los ámbitos de la economía eran controlados y regulados de manera exhaustiva. A esto se sumaba un nefasto manejo de la política monetaria: durante buena parte de los años 70, la inflación superó el 10%.

Roger Douglas empezó a criticar la línea oficialista del laborismo desde comienzos de los años 80. Apenas unos años antes, su figura era ampliamente reconocida como una de las más izquierdistas del panorama político. Sin embargo, el colapso económico que sufrían las islas sacudió la conciencia de Roger Douglas y le llevó a asumir postulados mucho más liberales que los defendidos por los políticos de centro-derecha.

Para sacar adelante los postulados que hoy se conocen como Rogernomics, Roger Douglas se rodeó de expertos que sí llevaban años instalados en tesis liberales. Su llegada al ministerio de Finanzas abrió la puerta a la implementación de reformas de mercado. También en el ministerio de Transporte, en el de Industria y en el de Empleo había dirigentes laboristas que se mostraban cada vez más alejados del intervencionismo cerril que su partido venía defendiendo.

1984, un año clave

Las recetas empezaron a aplicarse en 1984. Douglas abogó por un mayor grado de libertad monetaria como primer paso para la recuperación. Además, se empezaron a retirar los controles de precios. Una vez se asumieron estas medidas de estabilización del dólar kiwi, el gobierno laborista de Nueva Zelanda se centró en adoptar reformas estructurales: simplificación y reducción de los impuestos, firma de tratados de liberalización comercial, introducción de un mayor grado de flexibilidad laboral, reducción del gasto público…

En el plano tributario, Douglas redujo de cinco a tres los tramos del IRPF y aplicó rebajas de los tipos efectivos para todos los niveles de renta. En cuanto a los gravámenes indirectos, se sustituyó un modelo muy complejo que llegaba a imponer tasas del 50% por un IVA simplificado del 10%. El Impuesto de Sociedades también fue rebajado, de manera que el tipo general cayó del 48% al 33%. El efecto expansivo de las reformas hizo que la recaudación aumentase, pasando del 30% al 33% del PIB. El déficit, que rondaba el 7% cuando Roger Douglas asumió la cartera de Finanzas, había caído al 1% a finales de los años 80.

En el gasto público, se empezó a introducir un nuevo criterio de gestión cercano al vigente en la empresa privada. La mayoría de las subdivisiones de los distintos departamentos ministeriales quedaron bajo la dirección de ejecutivos reclutados ad hoc para tutelar las reformas. Su sueldo dependía del grado de cumplimiento de los objetivos. A cambio, se permitía un amplio nivel de libertad a la hora de reorganizar los procesos del sector público.

También hubo un giro en la gestión del gran conglomerado de empresas públicas que controlaba el gobierno. Aerolíneas, bancos, compañías de telecomunicaciones, ferrocarriles, líneas de transporte marítimo, minería, correos… En todos estos ámbitos, Roger Douglas promovió la llegada de directivos empresariales llamados a gestionar las empresas públicas de manera profesional. Tras la reconversión desarrollada entre 1984 y 1986, muchas de estas compañías fueron privatizadas a lo largo de la década siguiente. En 1987 se vendieron bancos, compañías petroleras, empresas siderúrgicas… A lo largo de los años siguientes, se decretó casi una treintena de privatizaciones.

Desde el punto de vista comercial, la firma del tratado de liberalización con Australia en 1983 tuvo especial significación. De hecho, en los años que siguieron, Nueva Zelanda siguió acordando este tipo de tratados con otros países pero también abogó por seguir el ejemplo de Chile y reducir unilateralmente muchas de las trabas a las importaciones que seguían en vigor.

En los 90, el laborismo sufrió una crisis interna como consecuencia de la falta de consenso en torno a las reformas adoptadas, lo que empujó a Douglas a fundar su propio partido, conocido como la Asociación de Consumidores y Contribuyentes.

La liberalización del sector agrícola de Nueva Zelanda

Quizá la reforma de mayor calado que adoptó Nueva Zelanda fue la del sector agrícola. La isla oceánica ha logrado algo que no ha hecho ningún otro país: abolir todos los subsidios y todas las medidas proteccionistas introducidas para "proteger" al sector primario.

Entre 1984 y 1990, las medidas supusieron un duro periodo de ajuste para las explotaciones agrícolas. Sin embargo, completada la reconversión, la situación empezó a mejorar de manera continuada. Poco a poco, el peso de la agricultura sobre el PIB volvió a crecer, en línea con una productividad que se multiplicó por cinco. Se esperaba que el 10% de las empresas del sector iba a quebrar, pero la cifra final no llegó al 1%.

De media, las ayudas públicas en los países desarrollados suponen el 30% de la producción anual del sector agrícola. En Nueva Zelanda, los programas que aún están en vigor son tan insignificantes que apenas el 1% del "PIB primario" está ligado al Estado, un porcentaje treinta veces más bajo que el registrado en el resto de países ricos.

Del cambio al progreso

El desempeño económico de Nueva Zelanda fue mejorando en los años 80 y continuó una línea ascendente en las siguientes décadas. En 1990, la llegada del centro-derecha al poder amplificó la agenda de liberalización seguida por los laboristas: se redujo el gasto público, se abolió el Impuesto de Sucesiones, se reformó el gasto sanitario…

La ministra de Finanzas, Ruth Richardson, impulsó muchas de estas medidas con éxito y también sacó adelante una versión moderada de la profunda reforma laboral que planteó tras su llegada al poder. Esta reforma redujo sustancialmente el peso de la negociación colectiva y la incidencia de la conflictividad laboral.

El PIB per cápita de Nueva Zelanda se disparó de 8.000 a 35.000 dólares entre 1980 y 2015.

A lo largo de este periodo, el gasto público ha caído de manera sistemática, pasando del 42% del PIB en 1985 al 35% del PIB en 2015. Algo similar ha ocurrido con la presión fiscal, que tocó techo en 1991, cuando se alcanzaron niveles del 42% del PIB. Desde entonces, la recaudación tributaria ha perdido peso hasta llegar al 35% del PIB registrado en 2015.

La buena salud fiscal de Nueva Zelanda resulta envidiable. En 1985, la deuda pública se acercaba al 60% del PIB. Sin embargo, en 2008 rebasaba ligeramente la barrera del 15% del PIB. Desde entonces, el impacto de la Gran Recesión ha aumentado las obligaciones hasta el 30% del PIB, aunque está previsto que este indicador baje al 23% del PIB a lo largo de los próximos años.

Cómo Hong Kong se convirtió en la economía más liberalizada del mundo

A comienzos del siglo XIX, la Administración Imperial china trataba duramente a los comerciantes occidentales, que solamente podían operar desde el puerto de Cantón. La fiebre del opio terminó derrumbando estas barreras, a raíz de los enfrentamientos entre China y Reino Unido. El conflicto se resolvió por sorpresa, cuando el capitán británico Charles Elliot recibió de las autoridades mandarinas un acuerdo de paz que incluía la cesión de la pequeña isla de Hong Kong.

En el Hong Kong de mediados del siglo XIX vivían unos 2.000 pescadores. Londres no recibió de buen grado el pacto sellado por Elliot, que de hecho no contaba con autorización para suscribir un acuerdo así. Pero Hong Kong terminó convirtiéndose en un puerto británico que estaba sujeto a las leyes anglosajonas. El Tratado de Nanking, firmado en 1842, regularizó esta cesión territorial.

Por aquel entonces, Hong Kong era el único puerto de aguas profundas que separaba Singapur y Shanghai. En 1880 ya se había convertido en el tercer puerto más activo del Imperio Británico, solamente por detrás de Londres y Liverpool. Además, como la tecnología de finales del siglo XIX distaba mucho de ser tan ágil como la actual, Hong Kong gozaba, de facto, de un alto grado de auto-gobierno. Al fin y al cabo, la correspondencia entre la isla y Reino Unido tardaba casi un año, por lo que los gobernadores de Hong Kong podían hacer y deshacer a su antojo.

La población de Hong Kong creció de manera espectacular entre 1841 y 1941, pasando de 2.000 pescadores a 1,6 millones de habitantes. Pero aquello fue solamente el comienzo. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la isla se convirtió en el hub capitalista más importante del continente asiático, beneficiándose del atraso que indujo el comunismo en la República Popular China. Esto explica que, entre 1950 y 2010, la población de Hong Kong se disparase de 1,6 a 7,6 millones de personas.

La colonia supera a la metrópoli

A lo largo de los años, las tasas de crecimiento de Hong Kong han superado holgadamente a las de Reino Unido. Esto ha permitido que la colonia supere a la metrópoli en todos los indicadores que miden la riqueza de los habitantes de unos y otros territorios.

Por ejemplo, el crecimiento por lustro del PIB de Hong Kong ha superado a Reino Unido en todo el periodo que va de 1960 a 2005. De media, la isla ha aumentado el PIB a un ritmo del 7,2% que supera holgadamente el 2,5% registrado en Reino Unido.

En 2011, el PIB per cápita de Hong Kong ya era de 37.000 dólares frente a los 32.000 dólares de Reino Unido.

La apuesta por los impuestos bajos

El modelo de impuestos bajos desarrollado en Hong Kong tiene nombre y apellidos. Gobernadores como Alexander Grantham o Robert Black fueron los primeros en defender un marco fiscal atractivo en la isla, pero quizá el más destacado de los impulsores del Hong Kong de fiscalidad reducida fue el ministro local de Finanzas entre 1961 y 1971, John Cowperthwaite.

Se han escrito ríos de tinta sobre la tozudez de Cowperthwaite, un hombre capaz de decir que no una y otra vez a todo tipo de propuestas encaminadas a reforzar el poder de la Administración pública. Cowperthwaite llegó al extremo de negarse a desarrollar una oficina estadística moderna, bajo el temor a que una mayor recolección de datos sobre la economía de Hong Kong abriese la puerta a un mayor intervencionismo sobre el sector privado. Al final de su periodo, el gasto público apenas alcanzaba el 13% del PIB y las cuentas habían estado en superávit año tras año.

Su sucesor, Philip Haddon-Cave, mantuvo esta apuesta y marcó definitivamente el rumbo que siguieron los que llegaron detrás. Nadie se ha atrevido a tocar el modelo de impuestos bajos que Cowperthwaite defendí a capa y espada.

El marco fiscal vigente podría resumirse en los siguientes puntos:

  • Las empresas pagan un tipo único del 16,5% en el Impuesto de Sociedades.

  • Los sueldos están sujetos a un IRPF progresivo que va del 2% al 17%, aunque también se puede abandonar este sistema y pagar un tipo plano del 15%.

  • No hay IVA ni impuesto sobre las rentas del capital.

  • La propiedad sí está sujeta a diversas cargas impositivas.

El grueso de los programas de "gasto social" que también están en vigor en Europa fueron adoptados en los años 60 y 70, aunque de manera mucho más eficiente. Así, el gasto per cápita de la Administración de Hong Kong no llega a 2.500 dólares frente a los 8.000 dólares de Reino Unido.

Las pensiones están reguladas por un sistema similar al exitoso modelo de capitalización de Chile. Cada mes, el 10% del coste laboral se deposita en un fondo de ahorro ligado al trabajador. Firmas privadas de gestión financiera se encargan de invertir esos fondos de manera diversificada, siguiendo el perfil de riesgo que escoja cada ciudadano de Hong Kong.

No es de extrañar que todas estas reformas hayan hecho de Hong Kong la economía más libre del mundo, con una puntuación de 88,6 sobre 100 en el Índice de Libertad Económica en el Mundo.

La falta de democracia

Desde finales de los años 90, China vuelve a controlar Hong Kong, aunque lo hace bajo un sistema de administración regional especial que permite un alto grado de auto-gobierno. Sin embargo, Hong Kong sigue sin ser una democracia liberal.

La falta de libertad política resulta especialmente sangrante en una isla en la que el 38% se considera "ciudadano de Hong Kong" frente al 17% que se define como "ciudadano chino". De hecho, en las últimas elecciones controladas que ha celebrado Hong Kong, el triunfo del candidato respaldado por el Partido Comunista chino fue tan estrecho que la calle se ha llenado de protestas y manifestaciones desde el año 2014.

El éxito económico de Hong Kong es incontestable, por lo que la transición hacia la democracia liberal sería el paso lógico para completar una exitosa historia de desarrollo y progreso.

Cómo China redujo la pobreza del 80% al 10%

A lo largo de las últimas cuatro décadas, pocos países han experimentado una transformación tan significativa como China. El gigante asiático sufrió una dura guerra civil en la segunda mitad de la década de 1940 y entró en los años 50 con el liderazgo implacable de Mao Tse Tung, cuyo régimen totalitario de inspiración comunista llevó al país a la más absoluta miseria.

Las políticas de colectivización y planificación de la economía hicieron de China un país tremendamente pobre, con el agravante de que hablamos de una nación particularmente grande. Mao no solamente no cambió de rumbo ante el fracaso de sus medidas sino que las apuntaló con "purgas" políticas como la "revolución cultural".

Cuando Deng Xiaoping tomó las riendas del país en 1978, China empezó a plantearse un cambio de rumbo. El primer cambio significativo fue la creación de las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZES), en las que se permitía el desarrollo de un marco económico capitalista frente al sistema comunista que seguía en vigor en el resto del país.

En 1980, China contaba con ZES en Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan, Shenzhen… A la lista se sumaron casi quince ciudades costeras, que recibieron el estatus CES en 1984. A lo largo de los años siguientes, el estatus de las ZES llegó a más y más ciudades del país, generalizando poco a poco el giro hacia la economía de mercado.

Apertura comercial

En esta línea, las autoridades del Partido Comunista empezaron a perfilar un nuevo marco de relaciones comerciales con el resto del mundo que estaba marcado por la pretensión de abrirse al mundo para potenciar la llegada de inversión extranjera y el desarrollo de sectores exportadores. Poco a poco, China empezó a incorporarse al comercio mundial, beneficiándose de la globalización.

A comienzos de los años 90, el arancel medio ya había bajado hasta el 30%, aunque a mediados de la década se situaba por debajo del 20% y a comienzos del siglo XXI no llegaba al 5%. La entrada en la Organización Mundial de Comercio blindó estos avances y certificó el nacimiento de una nueva China abierta al mundo.

Libertad empresarial

Poco a poco, las autoridades chinas han ido reduciendo el peso del Estado en la economía y han apostado por facilitar la entrada de nuevos competidores así como por privatizar la gestión de los ineficientes conglomerados empresariales ligados al poder público.

Por ejemplo, en el sector industrial vemos que la producción generada por las industrias estatales ha caído del 80% al 20% como consecuencia de esta agenda de privatización y liberalización.

Espectacular desplome de la pobreza

Los datos del Banco Mundial confirman que estas reformas iniciales tuvieron un enorme éxito a la hora de reducir la pobreza. Entre 1980 y 2010, la tasa de pobreza (ajustada a inflación y poder de compra) se redujo del 80% al 10%, una caída sin precedentes en la historia. Esto significa que 500 millones de personas salieron de la pobreza a raíz del aperturismo económico del gigante asiático.

El PIB per cápita refleja ese espectacular salto de desarrollo que ha experimentado China conforme su marco económico ha abandonado el comunismo radical de la era de Mao. El PIB per cápita creció un 730% entre 1990 y 2014, mientras el PIB mundial aumentaba un 63%.

Esto redujo notablemente las diferencias entre China y el resto de países del globo. En 1990, el PIB chino era un 83% más bajo que el PIB mundial (1.500 dólares frente a 8.800 dólares), pero en 2014 este diferencial negativo se había reducido al 13% (12.600 dólares frente a 14.400 dólares).

Pero el desarrollo de China no está garantizado. Quedan pendientes reformas de nuevo cuño que permitan aumentar la competitividad, como también sigue encima de la mesa el inevitable debate sobre la falta de libertades que, lamentablemente, siguen sufriendo los ciudadanos del país asiático, sujetos a una dictadura incompatible con un marco generalizado de libertades.

El milagro chileno: del colapso al desarrollo

En 1975, Chile era un país devastado por las políticas intervencionistas de Salvador Allende. A la ruina socioeconómica se le sumaba la falta de libertades políticas. Y es que, en 1973, el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas puso punto y final a la era marxista pero instauró un régimen militar que fue encabezado por Augusto Pinochet.

La recuperación plena de la democracia no llegaría hasta 1990. Dos años antes, Pinochet sometió su permanencia en el poder a la voluntad mayoritaria de los chilenos. El "no" logró el 56% de los votos, mientras que el "sí" consiguió un 44%. Desde entonces, Chile se ha convertido en una de las democracias más estables de América Latina.

Años antes, en la segunda mitad de los años 70, Chile empezó a abrir su economía de la mano de jóvenes liberales que estaban muy influenciados por los trabajos de Milton Friedman, que recibió el Premio Nobel de Economía en 1976. Las reformas introducidas en aquellos antes no solamente no han sido retiradas con el paso del tiempo, sino que han sido profundizadas en muchos casos.

El sistema privado de pensiones, pilar de desarrollo

Quizá la más importante de estas reformas fue la del sistema de pensiones, encabezada por José Piñera. Con este cambio, Chile pasó del sistema de reparto a un modelo de capitalización en el que las cotizaciones sociales se depositan en fondos de ahorro que controlan los propios trabajadores, que tienen libertad para elegir si consignan sus aportaciones a inversiones más conservadoras o más arriesgadas.

Piñera fue entrevistado por esRadio en 2014 y por Libertad Digital TV en 2016. En su primera visita, declaró que, "las pensiones de los chilenos se iban antes al hoyo del sistema de reparto pero ahora van a una cuenta que permite beneficiarse del milagro del interés compuesto. Cada trabajador se convierte así en un propietario, en un pequeño capitalista. Esto genera pensiones más altas, pero además se traduce en incentivos muy positivos, porque el trabajador está llamado a ahorrar más, trabajar más, aportar más… Se recupera el vínculo entre esfuerzo y recompensa. Después de tres décadas, la rentabilidad media es del 9% después de la inflación y el ahorro acumulado por los trabajadores chilenos ya equivale al 70% del PIB".

El que fuera ministro de Trabajo entre 1978 y 1980 tiene claro que la reforma de las pensiones confirma "el poder de las ideas" y destaca que "la pobreza ha caído del 50% al 7,8% mientras que el PIB per cápita ha subido de 5.000 a 23.000 dólares, gracias a las políticas liberales que se han aplicado en Chile".

La de las pensiones podría ser descrita como la madre de todas las reformas introducidas en Chile, pero también se introdujeron otras medidas orientadas a expandir la libertad económica: reducción generalizada de aranceles y trabas al comercio con el resto del mundo; reforma laboral orientada a reducir el peso de los sindicatos y flexibilizar el mercado de trabajo; privatización de empresas nacionalizadas/expropiadas por Salvador Allende; reducción del gasto público y de los impuestos; control de la inflación…

Con la llegada de la democracia, la mayoría de estas reformas han sido mantenidas e incluso profundizadas. La legitimación democrática de las políticas liberales ha arrojado excelentes resultados macroeconómicos. El gasto público sigue oscilando entre el 20% y el 25% del PIB, mientras que los ingresos fiscales también se mueven dentro de dicha horquilla. La deuda pública ha pasado del entorno del 45% del PIB a niveles cercanos al 20% del PIB.

El 'Nuevo Chile'

El Nuevo Chile que nos encontramos décadas después, en 2016, ocupa el puesto número 7 en el Índice de Libertad Económica en el Mundo que elabora. En una escala de 0 a 100, Chile recibe 85 puntos en derechos de propiedad, 73 puntos en ausencia de corrupción, 83 puntos en control del gasto público, 75 puntos en sistema impositivo, 72 puntos en facilidad para hacer negocios, 64 puntos en flexibilidad laboral, 83 puntos en estabilidad monetaria, 86 puntos en apertura comercial, 85 puntos en facilidad para invertir y 70 puntos en la evaluación del sistema financiero.

Pero el progreso que garantiza el modelo liberal chileno está en peligro, principalmente por la radicalización de las fuerzas de centro-izquierda. Cierto es que la impopularidad de la antaño querida Michelle Bachelet invita a pensar que el giro izquierdista no ha gustado a la mayoría de los chilenos, pero los próximos años serán cruciales para frenar el deterioro de la libertad económica y volver a apostar por hacer de Chile un verdadero referente capitalista.

Perú, el nuevo fenómeno capitalista de América Latina

En 1995, la economía peruana apenas recibía una puntuación de 56,9 sobre 100 en el Índice de Libertad Económica en el Mundo. En 2015, este ranking había revisado el resultado de Perú hasta los 67,4 puntos. Un vuelco significativo en apenas veinte años que ha conseguido colocar a Perú como una de las 50 economías más abiertas del mundo.

El primer pilar que mide el estudio es el del Estado de Derecho. Aquí es donde Perú sale peor parado: apenas alcanza los 40 puntos en la categoría de "derechos de propiedad" y solo llega a los 38 puntos en la nota asignada a la "ausencia de corrupción". En todas las demás categorías, Perú sí obtiene resultados muy satisfactorios: 86,1 puntos en "control del gasto público", 78,5 puntos en "atractivo fiscal", 67,8 puntos en "facilidades a las empresas", 62,9 en "flexibilidad laboral", 83,7 puntos en "estabilidad monetaria", 87 puntos en "apertura comercial", 70 puntos en "facilidad para invertir" y 60 puntos en "libertad financiera". De hecho, si se excluye el pilar dedicado al "Estado de Derecho", la nota que recibe Perú sería de 74,5 puntos, a la altura de Reino Unido y de Estados Unidos, que ocupan los puestos 10 y 11 de la clasificación.

La pobreza cae del 58,5% al 21,8%

El salto adelante que ha dado Perú en clave de libertad económica ha ido de la mano de un fuerte crecimiento del PIB per cápita, que ajustado a paridad de poder de compra ha pasado de 6.000 a 12.000 dólares entre los años 1995 y 2015, según los datos del Banco Mundial. Este fuerte desarrollo ha permitido una continua reducción de la pobreza, que alcanzaba el 58,5% en 2004 pero ya había caído al 30,8% en 2010. Este ritmo tan positivo se mantuvo de 2010 a 2015, hasta el punto de que la pobreza afecta ahora al 21,8% de la población, menos de la mitad que hace una década.

Perú ha logrado este importante avance evitando la explosión del gasto público que sí se ha dado en otros países latinoamericanos. Así, los ingresos fiscales siguen suponiendo alrededor del 20% del PIB y el gasto público se mueve en dimensiones similares. Además, el rigor presupuestario ha mejorado notablemente la posición de endeudamiento del sector público peruano, que en el año 2000 tenía un pasivo equivalente al 44% del PIB pero en 2015 había experimentado una fuerte reducción, hasta caer al entorno del 20% del PIB.

Apertura comercial y pensiones de capitalización

Perú ha apostado por dejar el arancel medio en el entorno del 1,5%, un claro planteamiento de "fronteras abiertas" que contrasta con el impuesto medio del 25% que se imponía a las importaciones a comienzos de la década de 1990. A esta apertura comercial unilateral hay que sumarle la firma de tratados comerciales como el de la Alianza del Pacífico, suscrito junto a México, Chile y Colombia.

Otra reforma clave para promover la libertad económica en Perú fue la introducción de un sistema de pensiones basado en el ahorro. De esta forma, el modelo de capitalización diseñado por José Piñera en el vecino Chile fue adoptado por Perú con excelentes resultados.

Comienza la era PPK

El nuevo gobierno peruano está dirigido por Pedro Pablo Kuzcynski, quien se ha comprometido a introducir nuevas reformas liberales como el proyecto de desregulación "Cero Normas Innecesarias" o la rebaja al 10% del Impuesto de Sociedades que pagan las Pymes. PPK también quiere llevar el IVA del 18% al 15% a lo largo de la legislatura.

El Plan que salvó a Brasil de la quiebra

En la década de 1930, las élites brasileñas apostaron por "industrializar" el país a golpe de gasto público. La creación de empresas públicas era la panacea con la que el poder político esperaba acelerar el desarrollo del gigante latinoamericano. Al mando estaba el presidente Getúlio Vargas, que encabezó un régimen dictatorial entre 1930 y 1945 para luego volver al poder entre 1951 y 1954, esta vez en un marco más democrático.

Algo parecido volvió a ocurrir en la década de 1950. La segunda etapa de Vargas y el consenso intervencionista que compartían los líderes políticos brasileños volvió a traducirse en una "agenda de industrialización" que, una vez más, se volcaba por el lado de la creación de empresas públicas. En estos años nació la petrolera Petrobras, la eléctrica Eletrobras, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social…

Entre los años 70 y 80 del siglo pasado, la democracia volvió a entrar en crisis y el régimen militar de Ernesto Geisel y sus sucesores volvió a traducirse en una fuerte expansión del gasto y las empresas públicas. Geisel lo justificaba hablando de sus iniciativas como el II Plan de Desarrollo Nacional, con el que aspiraba a controlar "activos estratégicos" por la vía de la promoción de las empresas públicas.

Aquel sector público empresarial fijaba precios con criterios políticos y no estaba sujeto a ninguna fórmula de competencia de mercado. El proteccionismo distorsionaba más aún el funcionamiento de estas compañías, que además recibían generosos subsidios. Todo aquello condujo al país por una senda de hiperinflación que disparó la incidencia de la pobreza y sumió a Brasil en una cuesta abajo que se veía agravada por la falta de libertades políticas.

El 'Plan Real' de Franco y Cardoso

En 1992, el presidente Itamar Franco llegó al poder tras la destitución de Fernando Collor de Mello, que tuvo que abandonar el poder por un escándalo de corrupción. Comenzó entonces el desarrollo del "Plan Real", un paquete de medidas diseñado por Fernando Henrique Cardoso, que ejercía entonces como ministro de Finanzas y acabó siendo elegido presidente en 1994.

En primer lugar, el "Plan Real" introdujo una nueva moneda, el real. Previamente, acuñó una moneda de transición, el cruzeiro real, y diseñó una "unidad de valor" que permitía comparar precios de manera similar a lo ocurrido los años previos a la adopción del euro. El Banco Central, liderado por Arminio Fraga, subió los tipos de interés y combatió la inflación con éxito, reduciendo el aumento anual de los precios del 1.000% observado en 1992 al 16% registrado en 1996. En los años siguientes, la inflación siguió bajando y Brasil se liberó al fin del monstruo de la hiperinflación que tanto había empobrecido al país.

Pero el "Plan Real" también incluía una amplia gama de medidas orientadas a reducir el peso del Estado sobre la economía. A lo largo de los años 90 se privatizaron más de 165 empresas, generando un ingreso del 8% del PIB para el sector público como consecuencia de este proceso de desnacionalizaciones.

Albert Fishlow, de la Universidad de Columbia en EEUU, ha destacado en un informe del Instituto Brookings "el salto exportador que experimentó Brasil a raíz del "Plan Real", con crecientes ventas al extranjero por parte del sector agrícola, la minería, el petróleo…". A este impulso se le sumó "el aumento de la competitividad del sector industrial, que salió reforzado de la privatización y revivió de la mano de empresas privadas".

Del 'boom' liberal… al declive

El Índice de Libertad Económica en el Mundo muestra el importante avance del capitalismo en los años de gobierno de Cardoso. En 1996, la nota cosechada por el país brasileño en el índice era de 48,1 puntos sobre 100… pero en 2002 había aumentado hasta los 61,5 puntos.

Hubo un cambio a mejor en la práctica totalidad de las categorías analizadas: la ausencia de corrupción subió de 30 a 39 puntos, el clima fiscal mejoró de 66,7 a 86,3 puntos, la facilidad para hacer negocios subió de 55 a 70 puntos, la estabilidad monetaria pasó de 0 a 79 puntos… Sin duda, un avance sólido que permitió avanzar hacia un modelo de mercado.

En los años que siguieron, Brasil mantuvo la senda de las reformas liberales. De 2002 a 2006, la nota cosechada en el Índice de Libertad Económica en el Mundo se mantuvo estable. Sin embargo, la segunda etapa de Lula da Silva y los gobiernos de la hoy destituida Dilma Rousseff siguieron la senda opuesta, llevando a Brasil del los 62 a los 56 puntos.

En un primer momento, la llegada del Partido de los Trabajadores no supuso un giro hacia políticas intervencionistas, de manera que Lula da Silva se limitó a conservar los elementos centrales de las reformas aprobadas por Cardoso. Sin embargo, entre 2006 y 2016 se ha encadenado una década de políticas populistas basada en disparar el gasto público, reforzar de nuevo el peso del sector público empresarial y distorsionar la libertad económica. El resultado ha sido una crisis política que va de la mano con años de recesión y tasas de inflación superiores al 10%.

Abandonar la ortodoxia liberal y seguir el camino intervencionista ha recuperado debates que parecían olvidados. Los brasileños vuelven a hablar de cómo relanzar el crecimiento y cómo frenar la inflación. Sin duda, una nueva muestra del nefasto resultado que tienen las políticas incompatibles con el desarrollo de la libertad económica.

El impulso laboral de Alemania

El 22 de febrero de 2002, el gobierno federal de Alemania inauguró oficialmente el trabajo de una comisión formada por quince expertos y encomendada a diseñar una reforma del mercado de trabajo a la altura de los retos del siglo XXI. El director del órgano era Peter Hartz, un polémico ejecutivo que por aquel entonces trabajaba como director de Recursos Humanos de Volkswagen.

Aunque el paro no es un problema en la Alemania de 2016, la cosa era muy distinta en 2002. La reunificación nacional, sin duda una excelente noticia desde el punto de vista sociopolítico, había generado nuevos retos económicos. No era fácil asimilar laboralmente a millones de trabajados que habían vivido durante décadas bajo un sistema económico comunista. Esto contribuyó a empujar el desempleo hasta el entorno del 9% en 2002, aunque la cifra real rozaba el 13,5% una vez se incluía a parados que estaban apuntados a cursos de formación. A esto se sumaba el vaciamiento de la "hucha de la seguridad social", que en 2002 ya solo reunía fondos para pagar cinco meses de pensiones.

El trabajo de la comisión Hartz fue intenso. En menos de medio año se había presentado el informe final y el 1 de enero de 2003 ya se había empezado a aplicar el primer paquete de reformas diseñado por el grupo de expertos. El resto de las recomendaciones entraron en vigor entre 2004 y 2006. En menos de cuatro años, el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schroeder le había dado la vuelta por completo al mercado de trabajo teutón. Las reformas se mantuvieron e incluso se profundizaron con la llegada al poder de Angela Merkel.

Palos y zanahorias

Un problema transversal que abordaron las reformas de la comisión Hartz era el de los incentivos perversos de los programas asistenciales que estaban en vigor. Bajo el marco vigente en 2002, el subsidio de paro podía cobrarse durante 32 meses y suponía casi el 70% del último sueldo cobrado por el trabajador.

A esto se sumaba una ayuda adicional que se entregaba una vez se agotaba el subsidio de paro y que suponía cerca del 60% del último sueldo, sin tope de duración.

Pero también estaban encima de la mesa otros esquemas asistenciales, como los que entregaban durante seis meses el 100% del último sueldo a quienes pedían una baja laboral. Transcurrido ese primer semestre, el pago se reducía pero seguía siendo del 80%.

Además, a todo lo anterior se sumaba un factor problemático más: el elevado coste burocrático, regulatorio y fiscal ligado a la creación de empleo. Las propuestas de la comisión Hartz también se centraron en plantear reformas capaces de atajar este problema. No se trataba, por tanto, de usar solamente el palo, sino también de ofrecer la zanahoria.

Los cuatro paquetes Hartz

El primer paquete de reformas de la comisión Hartz que fue adoptado por los legisladores incluía las siguientes reformas:

    • Exigir que los parados acepten las ofertas laborales, acotando notablemente el margen para las negativas.

    • Reorganizar los servicios públicos de empleo, con ánimo de conectar mejor a los demandantes de empleo con las empresas.

    • Ofrecer a los trabajadores un "bono de formación", para que elijan de manera directa qué tipo de cursos querían recibir para mejorar su preparación.

    • Recortar los beneficios concedidos a los desempleados, ajustándolos a contribuciones pasadas y otros factores.

    • Limitar las restricciones que impedían encadenar contratos temporales mediante la introducción de contratos más flexibles.

El segundo paquete Hartz es quizá el más conocido fuera de Alemania, pues incorporaba la aprobación de "minijobs". Este término se refiere a contratos de corta duración y de tiempo parcial que apenas acarrean impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, un punto clave para reducir las cargas fiscales del empleo. También se introdujo un mecanismo llamado "Yo, S.A." ("Ich-AG") que otorgaba una ayuda fiscal a los desempleados que pasasen a ser autónomas. Esta medida estaba pensada como fórmula para reducir el peso del "empleo sumergido".

Funcionó peor el tercer paquete Hartz, que se centraba en personalizar y mejorar el seguimiento que hacen los servicios públicos de empleo de la trayectoria de los profesionales sin trabajo. Se esperaba que varios millones de alemanes se acogiesen a este nuevo programa, pero entre 2003 y 2005 se registraron menos de 150.000 personas. En febrero de 2006 se procedió a eliminar este programa. Una vez más, los alemanes fueron pragmáticos: evaluaron el programa, intentaron sin éxito una posible vía de resolución y, ante el fiasco, evitaron insistir en el error y abolieron esta iniciativa.

Pero "Hartz III" también incluía otros cambios que sí se mantuvieron con el paso del tiempo. Por ejemplo, se introdujo un recorte automático del 30% en las prestaciones entregadas a aquellos desempleados que rechacen ofertas de empleo sin justificar el "no" bajo una serie de exigentes requisitos. Además, se aumentó el umbral mínimo para el cobro del subsidio de paro, pasando de doce meses cotizados en los dos últimos años a un año de aportaciones en el último trienio.

En línea con el programa "Hartz III", Schroeder lanzó una serie de reformas complementarias que se centraban en promover la creación de empleo mediante políticas de oferta. Las cotizaciones a la Seguridad Social a cuenta del trabajador bajaron del 19,9% al 15%, mientras que las cotizaciones para el seguro sanitario que aportan las empresas pasaron del 14,3% al 12,15% del coste laboral. También hubo rebajas tributarias en otras figuras fiscales. Por ejemplo, el Impuesto sobre la Renta fue reducido en su tramo superior del 48,5% al 42%. Además, los tipos aplicados a todos los niveles de renta también fueron reducidos, generando un ahorro fiscal de más de 22.000 millones de euros.

Finalmente, el plan "Hartz IV" concluyó la agenda de reformas del gobierno de Schroeder. El principal logro de esta batería de medidas consistía en simplificar y clarificar todos los programas de asistencia concedidos a los desempleados, evitando duplicidades con gobiernos regionales o locales y apostando también por endurecer los criterios para acceder a estas ayudas.

Menos costes fiscales y menos déficit

IESE Business School ha analizado la evolución de los costes laborales y del déficit público tras la introducción de las reformas laborales de la comisión Hartz. En ambos casos, la mejoría del empleo ha ido de la mano con un menor coste laboral y un menor desajuste de las cuentas públicas.

Pero la verdadera prueba del algodón es la evolución del paro. En 2005, cuando las medidas de la comisión Hartz empezaban a funcionar, el desempleo se movía en el entorno del 12%, por encima del 9% observado, de media, en la Unión Europea. Sin embargo, en 2015 nos encontramos con que el paro en Alemania había caído al 4%, mientras que en el conjunto de la UE llegaba al 9%.

Canadá, referente en materia de austeridad

Canadá es uno de los países más ricos del mundo. El desempleo ronda el 6,9% y el PIB per cápita ronda los 40.000 euros. A pesar de la crisis, el crecimiento se ha recuperado con una fortaleza notable, alcanzando una media del 2,5% para el último lustro.

Nada de esto parecía posible a comienzos de la década de 1990, cuando diarios como el Wall Street Journal editorializaban sobre la decadencia económica del país norteamericano. Sin embargo, en los últimos veinte años Canadá se ha desarrollado con fuerza, al hilo de una agenda de reformas liberales que fue introducida por gobiernos de izquierdas y luego fue continuada y profundizada por Ejecutivos de derechas.

El Índice de Libertad Económica en el Mundo pone de manifiesto el buen desempeño canadiense a la hora de desregular, flexibilizar y abrir su economía. De hecho, el país norteamericano ha adelantado a sus vecinos estadounidenses y ya alcanza el sexto puesto del ranking.

Menos gasto…

En la década de 1980, el gobierno de Brian Mulroney aprobó algunas medidas de ajuste que lograron contener el gasto público y redujeron el peso del sector empresarial ligado al Estado. A esto se sumaron reformas liberales como la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el cambio de política del Banco Central que logró reducir la inflación.

Sin embargo, el eje clave de las reformas llegó a partir de 1994, cuando el Ejecutivo de izquierdas de Jean Chrétien lanzó una batería de medidas de ajuste centradas en reducir el déficit, que por aquel entonces superaba el 6,5% del PIB. El hombre fuerte de su gobierno era Paul Martin, un ministro de Finanzas que se caracterizó desde el primer momento por su fuerte compromiso con la estabilidad presupuestaria.

Desde el Ejecutivo federal, Martin ordenó a los ministerios un ajuste medio del 20% que podía aplicarse de dos formas: la primera opción pasaba por aplicar recortes automáticos que redujesen un 20% el gasto en todas las partidas presupuestarias; la segunda opción dejaba las manos libres a los ministros para hacer recortes mayores en unos ámbitos y menores en otros, pero siempre exigiendo que el saldo final arrojase una caída del gasto del 20%.

Su esfuerzo tuvo éxito. Los ministros del gobierno de Chrétien cumplieron con Martin y optaron por eliminar duplicidades, instaurar medidas de ahorro, reducir los niveles de gasto… hasta asegurar una caída del 20% en el gasto público del gobierno federal.

… y menos impuestos

De 2002 a 2012, Canadá apostó por recortar progresivamente su Impuesto de Sociedades, llevando el tipo general del entorno del 40% a tasas cercanas al 25%. Esta medida impulsó la actividad empresarial hasta el punto de que la recaudación no solo no cayó sino que aumentó hasta alcanzar tasas superiores a las que se venían observando antes de las rebajas tributarias.

El Impuesto de Sociedades no ha sido el único tributo en el que se han adoptado rebajas. De hecho, a lo largo de los últimos años, el gobierno de Stephen Harper ha recortado un 12% la presión fiscal, aprobando rebajas en el IVA y el Impuesto sobre la Renta.

Las cifras del cambio

El Índice de Libertad Económica en el Mundo refleja la progresiva apertura de Canadá. En 1995, el país norteamericano recibía una puntuación de 74,1 sobre 100, pero en 2005 ya había subido hasta los 79 puntos y en 2015 alcanzaba los 81,4.

Por categorías, Canadá logra una estupenda calificación en "derechos de propiedad" (90), "ausencia de corrupción" (81), "facilidad para hacer negocios" (94,1), "flexibilidad laboral" (81,6), "estabilidad monetaria" (85,3), "apertura comercial" (86,4), "facilidad para invertir" (80) y "libertad financiera" (90). La nota para las categorías de "gasto público" (62) e "impuestos" (63,2) es más baja pero igualmente se coloca por encima de la mayoría de economías desarrolladas.

Todo esto ha mejorado notablemente la calidad de vida de los canadienses. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita era de 20.650 dólares en 1995 pero llegaba a 43.350 euros en 2015. La tasa de paro, que rondaba el 10% hace dos décadas, está hoy situada por debajo del 7%. El gasto público, que llegaba al 49% del PIB en 1995, había caído hasta el 40% del PIB en 2015. La deuda pública cayó del 100% al 65% del PIB entre 1995 y 2007, aunque el impacto de la crisis ha aumentado su peso hasta el 90% del PIB.

Israel, del estancamiento al crecimiento

Israel enfrentaba un grave problema de inflación en la primera mitad de la década de 1980. El aumento interanual de los precios llegó a rondar el 400% en 1984. No hablamos de un repunte esporádico: la inflación superó el 300% en los años 1980 y 1985 y se movió entre el 100% y el 150% en los ejercicios 1981, 1982 y 1983.

Al nefasto escenario inflacionista se le sumaban otros factores problemáticos: en 1986, la deuda pública superaba el 160% del PIB y el gasto público rondaba el 60% del PIB. Con semejante panorama, el economista Michael Bruno diseñó el Plan de Estabilización Económica de 1985, un pacto que contó con el respaldo del gobierno, el banco central, la patronal y los sindicatos. Dos años después de su implementación, el aumento de los precios ya había caído por debajo del 20%. ¿Qué medidas lo hicieron posible? A saber: reducción del gasto público, freno al aumento continuo de los salarios, fin de la monetización de deuda pública, reorientación de la política cambiaria…

Menos impuestos, menos gasto y menos deuda

La presión fiscal se ha reducido de manera continuada entre los años 2000 y 2015. Hace tres lustros alcanzaba el 44,2% del PIB, pero en 2015 había caído al 37,3% del PIB. Un año clave para reducir el peso de los impuestos fue 2003, cuando el entonces ministro de Finanzas y hoy primer ministro, Benjamin Netanyahu, redujo el Impuesto de Sociedades del 36% al 18% y bajó todos los tramos del Impuesto sobre la Renta, llevando el tramo superior del 64% al 44%.

Algo similar ha ocurrido con el peso del gasto público sobre el PIB. Hace quince años, en el 2000, los desembolsos del Estado israelí alcanzaban el 47,5% del PIB, aunque en 2002 ya habían rebasado la barrera del 50% del PIB. Sin embargo, las medidas de contención del gasto introducidas desde entonces han reducido el peso de los presupuestos públicos hasta el 40% del PIB.

La deuda pública ha evolucionado de manera positiva conforme ingresos y gastos se han ido reduciendo. El pico se alcanzó entre 2002 y 2004, cuando la deuda superó el 90% del PIB. Desde entonces, todos los años salvo el 2009 se han saldado con una caída del pasivo de las Administraciones. En 2015, la deuda suponía menos del 65% del PIB.

Crecimiento e innovación

Entre 1986 y 2008, el PIB ha experimentado tasas de aumento superiores al 2% en todos los ejercicios salvo 1989, 2001, 2002 y 2003. De hecho, la tasa de crecimiento ha sido superior al 4% en trece de los veintidós años estudiados. Desde los años 80 hasta hoy, tasa media de expansión de la economía ha sido del 4%, lo que se ha traducido en una espectacular multiplicación del PIB per cápita real, que pasó de 6.000 dólares en 1980 a 37.000 dólares en 2010.

Una de las claves del milagro económico de Israel es el dinamismo de su sector emprendedor. Como explicó Libre Mercado, "las trabas burocráticas y administrativas a los emprendedores son ridículas en comparación con las que aplicamos en España. Por eso no sorprende leer que Israel es uno de los centros de innovación más importantes en el mundo. Los datos no dejan lugar a dudas: con 8 millones de habitantes, Israel tiene más start-ups cotizadas en el Nasdaq que todos los países europeos juntos. Además, su industria de capital riesgo (venture capital) es una de las más importantes del mundo".


La rebaja fiscal que cambió la historia de Irlanda

Irlanda no se convirtió en un "paraíso fiscal" de la noche a la mañana. Ya en los años 60, 70 y 80 del siglo XX se empezaron a aprobar medidas orientadas a mejorar el tratamiento tributario recibido por las empresas que operan en las islas. Sin embargo, el verdadero salto adelante llegó en los años 90.

Los distintos partidos políticos irlandeses se pusieron de acuerdo a la hora de impulsar una batería de deducciones fiscales orientada a consolidar un modelo de impuestos empresariales reducidos. Por ejemplo, al sector industrial se le brindó una fiscalidad diferenciada que, en términos efectivos, apenas suponía una retención del 10% sobre los beneficios empresariales.

Sin embargo, el verdadero vuelco llegó en 1998, cuando el ministro de Finanzas, Charlie McCreevy, introdujo una ley que reducía el tipo general del Impuesto de Sociedades hasta dejarlo en el 12,5%, lo que suponía asumir el nivel más bajo de fiscalidad empresarial de toda la OCDE.

12,5%... y 6,25%

Las progresivas rebajas del Impuesto de Sociedades no se tradujeron en el desplome recaudatorio que anticipaban los críticos de Charlie McCreevy. Ya en la década de los 90, los ingresos obtenidos por este gravamen se dispararon del 1% al 3,5% del PIB. Tras la entrada en vigor del nuevo tipo del 12,5%, la recaudación por el Impuesto de Sociedades se ha estabilizado en el entorno del 2,5% del PIB.

Mirando hacia el futuro, Irlanda se plantea nuevas rebajas del Impuesto de Sociedades. De hecho, el ministro de Finanzas, Michael Noonan, anunció en 2015 un tipo reducido del 6,25% que se aplicará a todas aquellos ingresos empresariales derivados de patentes desarrolladas y registradas en Irlanda. De esta forma, el Tigre Celta le da una nueva vuelta de tuerca a su Impuesto de Sociedades y lo reduce un 50% más para las compañías que impulsen el I+D en la isla.

Uno de cada cinco empleos, en compañías multinacionales

El nuevo marco tributario irlandés ha atraído a cientos de empresas multinacionales que han optado por trasladar su centro de operaciones a la isla. Si solamente nos fijamos en compañías internacionales llegadas de Estados Unidos, vemos que Irlanda ha captado a más de 700 sociedades. Además, las inyecciones de inversión extranjera directa llegadas desde suelo estadounidense han supuesto la entrada de 275.000 millones de dólares a lo largo de las dos últimas décadas.

En total, uno de cada cinco trabajadores irlandeses trabaja en compañías multinacionales. Hablamos, además, de empresas de alto valor añadido: Google, HP, Apple, IBM, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pfizer, GSK, Genzyme… son solo algunas de las grandes casas empresariales que canalizan sus operaciones a través de Irlanda.

El PIB irlandés ha experimentado un fuerte crecimiento como consecuencia de esta fuerte inyección de riqueza, motivada en gran parte por el atractivo fiscal que ofrece la isla. Un buen ejemplo lo tenemos en los datos de aumento del PIB para 2015: se esperaba un crecimiento del 8%, un dato ya de por sí espectacular, pero la cifra final ha superado el 25%. Y es que, a pesar del programa de "rescate" en el que entró Irlanda tras el pinchazo de su "burbuja" económica, la salida de la crisis está siendo cada vez más pujante, al contrario de lo que vemos en Grecia o en otros países europeos.

De hecho, si comparamos el PIB per cápita de Irlanda con el de la OCDE vemos una clara historia de convergencia entre 1985 y 1995, seguida de un fuerte despegue entre 1995 y 2015 que ni siquiera quedó anulado por el duro impacto de la Gran Recesión.

Suecia, de paraíso socialista a modelo liberal

El economista Stefan Fölster ha publicado un interesante informe que evalúa la senda socioeconómica que ha seguido Suecia en las últimas décadas. De entrada, Fölster apunta que el país escandinavo "era uno de los países más pobres de Europa… hasta que las reformas económicas de corte liberal adoptadas en la segunda mitad del siglo XIX lanzaron el crecimiento de manera espectacular. Ese impulso se mantuvo hasta 1970, cuando Suecia alcanzó el cuarto lugar de la lista de países más ricos de la OCDE, según el PIB per cápita".

Desde entonces y hasta la década de 1990, Suecia siguió el camino contrario y se convirtió en el país de referencia para los socialistas de Occidente. Según Fölster, "en los años 70 y 80 del siglo XX, Suecia pasó de ser uno de los países con menos cargas fiscales a ser la nación desarrollada con más impuestos. El sector público se expandió de forma espectacular. Subió la rigidez laboral, se desarrolló todo tipo de empresas públicas e incluso se planteó que los sindicatos pasasen a controlar las empresas. El resultado es que, dos décadas después, Suecia había caído al puesto 14 del ranking de PIB per cápita de la OCDE".

Pero desde la década de 1990 hasta 2010, Suecia acumuló veinte años de reformas liberales que sirvieron para relanzar el crecimiento. Entre 1976 y 1995, el país escandinavo crecía mucho menos que la OCDE y la UE-15, pero entre 1996 y 2012 ha ocurrido todo lo contrario y el país escandinavo ha recuperado el terreno perdido.

Entre 1960 y 1990, el empleo privado apenas avanzó mientras que el empleo público se disparó hasta niveles insostenibles. Esta tendencia se empezó a invertir en la última década del siglo XX, conforme el empleo privado fue recuperándose. En los veinte últimos años, el número de trabajadores públicos se redujo en 200.000 personas mientras la ocupación en el sector privado creció en 400.000 individuos.

El crecimiento anual de la renta disponible de los hogares suecos se disparó con el lanzamiento de la agenda de reformas liberales. Entre 1976 y 1995 se movía en tasas de entre el 0,7% y el 0,8%, pero entre 1996 y 2011 subió a tasas de entre el 3% y el 3,2%.

Los ejes de las reformas liberales suecas

Fölster desglosa las distintas reformas liberales que se aprobaron en Suecia:

  • Control del gasto público. En 1994, la deuda pública llegaba el 80% del PIB… pero casi veinte años después, en 2012, el pasivo estatal había caído hasta el 30% del PIB. Esta fuerte reducción es inseparable de la Regla Fiscal aprobada en 1997. Dicha norma exige que, en el medio y en el largo plazo, el presupuesto registre un superávit estructural del 1% del PIB. Además, también requiere que cada ministerio que solicite más gasto en una partida apruebe recortes equivalentes en otras áreas de gobierno, asegurando que los desembolsos totales no aumentan.

  • Reforma de las pensiones. En la década de 1990 se aprobó un cambio en el sistema de pensiones. El modelo anterior estaba basado en el mismo mecanismo de reparto que está en vigor en España. Sin embargo, el nuevo paradigma combina los aportes genéricos a la caja de la Seguridad Social con el ahorro personal que cada trabajador acumula en un fondo privado. Además, se ha introducido un factor de sostenibilidad que ajusta las pensiones de manera automática, dependiendo de la buena o mala salud del sistema a medio y largo plazo.

  • Rebaja de impuestos. El tipo superior del IRPF rondaba el 80% en el momento en que se empezaron a introducir reformas liberales. Entre 1990 y 1991 se aplicó un primer cambio que aseguró que el 85% de los trabajadores pagaría menos de un 30% y que el resto no tributaría más de un 55%. Entre las empresas, se redujo el tipo general del Impuesto de Sociedades del 50% al 28%, con rebajas adicionales vía deducciones.

  • Estabilidad monetaria. El entorno inflacionista del periodo 1976-1990 fue corregido con una reorientación de la política del Banco Central, que subió notablemente los tipos de interés hasta asegurarse la contención de los precios. Poco a poco, la corona ganó en estabilidad y permitió que las subidas nominales de los sueldos se tradujesen realmente en ganancias reales de poder adquisitivo.

  • Reforma del Estado del Bienestar. Se liberalizaron los sectores más intervenidos de la economía: medios de comunicación, electricidad, transporte, telecomunicaciones, servicios postales… Además, se introdujo un modelo de "cheques" para permitir que empresas privadas compitan para prestar servicios públicos en campos como la educación, la sanidad, la búsqueda de empleo…

La visión de Nima Sanandaji

El intelectual sueco de origen kurdo Nima Sanandaji se ha convertido en una de las figuras más destacadas del movimiento liberal escandinavo. Libertad Digital hablo con él sobre el "modelo sueco" y los ingredientes de la prosperidad alcanzada en este pequeño país nórdico al que los políticos españoles aluden de manera recurrente. Estas fueron sus respuestas.

P: A menudo se habla del éxito del "modelo sueco" como argumento a favor de políticas socialdemócratas. Usted defiende que el éxito del "modelo sueco" se explica por algo muy distinto: las reformas liberales que ha desarrollado el país escandinavo a lo largo de los años.

En la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, Suecia mantenía un modelo liberal, con un gobierno poco intervencionista y con un capital social muy rico, basado en normas sociales que promovían una cultura del trabajo y del esfuerzo. Y durante todo ese periodo, Suecia era el país que más crecía en todo el mundo desarrollado y, de hecho, superó crisis como la Gran Depresión con una notable capacidad de recuperación. La riqueza de nuestro país se debe a las políticas liberales que se han aplicado a lo largo de los años. Y las fases de mayor intervencionismo han sido las de nuestra decadencia, no las de nuestro progreso.

P: Por tanto, Suecia se hizo rica antes de desarrollar el "Estado del Bienestar" al que se suele aludir cuando se habla del "modelo sueco".

He ahí la gran ventaja con la que contaban los socialdemócratas. Recibieron un país muy próspero, muy dinámico, muy homogéneo… En la era liberal, la desigualdad salarial era muy reducida, la pobreza era muy baja, la esperanza de vida no paraba de reducirse, etcétera. Y entonces empezaron a cambiar las cosas, con resultados cada vez peores.

P: ¿Fueron moderadas o radicales las medidas que se fueron introduciendo bajo ese nuevo marco socialdemócrata?

En primera instancia reinó el pragmatismo, pero en la década de 1970 la cosa ya era muy distinta, se pretendía destrozar al sector privado, endosando impuestos efectivos de más del 100% a los empresarios… En dos décadas, la socialdemocracia había dejado a Suecia en una situación lamentable. Ya no se creaba empleo privado, ya no nacían nuevas empresas y, de hecho, el gobierno llegó a plantear la adopción de un sistema mediante el cual los empresarios se iban a ver obligados a transferir hasta el 70% de las acciones de sus empresas a sindicatos y fondos controlados por el Estado.

La Suecia de aquellos tiempos era tremendamente intervencionismo. El Estado estaba metido en todo: controlaba los medios, el transporte, los supermercados, el desarrollo de viviendas, la educación, la sanidad… Su propaganda estaba en todas partes.

P: ¿Eso fue lo que generó la reacción?

En 1982 empezaron las protestas y el 4 de octubre de 1983 tuvo lugar una manifestación sin precedentes en Estocolmo. Aquello fue un antes y un después y desde entonces se han replegado muchos excesos intervencionistas. Esto ha vuelto a llevar a Suecia hacia un consenso político más pragmático, que se mueve entre liberalismo e intervencionismo pero siempre lejos del radicalismo que llegaron a defender los socialdemócratas.

P: ¿Qué reformas han marcado el giro liberal sueco?

En la década de 1990, los gobiernos de centro-derecha que dirigía Carl Bildt lograron introducir rebajas fiscales, "bonos" para la gestión privada de servicios públicos… Cuatro partidos liberal-conservadores articularon estas medidas en el marco de una coalición electoral que fue bautizada como la Alianza por Suecia y que consiguió romper el monopolio político que había alcanzado la socialdemocracia.

P: Más recientemente, el centro-derecha gobernó durante ocho años con Fredrik Reinfeldt al frente. ¿También hubo reformas liberales en este periodo más reciente?

En esta segunda etapa de gobierno se introdujeron rebajas generalizadas de ingresos, concentrados sobre todo en las rentas medias y bajas. También se aprobaron medidas de control y racionalización del "gasto social", orientadas a reducir gasto y evitar fraude. Los socialdemócratas también han aceptado estos cambios y han sido más o menos pragmáticos… aunque en los últimos años sí que han vuelto a recuperar postulados más intervencionistas que resultan preocupantes.

Reino Unido y el 'techo' al cobro de ayudas sociales

El Partido Conservador británico emprendió hace años una cruzada contra el exceso de asistencialismo en el que habían incurrido las Administraciones Públicas de las islas. Bajo el liderazgo del ya ex primer ministro David Cameron, se planteó una nueva forma de concebir el "gasto social", que iba a quedar sujeto a más condiciones y controles.

Los tories se plantearon el objetivo de lograr que cada vez haya más hogares que reciben más ingresos de su trabajo que de los subsidios, transferencias y ayudas públicas. Desde 2010, ha bajado casi un 3% el número de familias que estaban en una situación de dependencia neta.

En el año 2000, la tasa neta de dependencia suponía que el 43% de los hogares recibía más ayudas del Estado que ingresos del trabajo. Este porcentaje tocó techo en 2010, cuando se alcanzaron niveles cercanos al 54%. Ahora, la tasa ha caído al 50,8%, con sesgo a la baja.

La clave, el 'tope a los beneficios'

La herramienta más efectiva para lograr este descenso ha sido el "tope a los beneficios", un techo de gasto establecido por el gobierno británico que limita el monto total de ayudas que pueden ser concedidas, por una u otra vía, a las distintas familias. Desde entonces, una de cada cinco familias que han alcanzado el "tope a los beneficios" han salido de esta situación de la mano de una entrada efectiva en el mercado de trabajo.

Entre los hogares que han llegado al "tope a los beneficios" en los últimos años, un 19% ha acabado saliendo de la dependencia encontrando un nuevo trabajo. Entre quienes no están sujetos al techo, esta tasa es del 11%. Por este motivo, se plantea que el "tope a los beneficios" debe ir bajando año tras año.

Los resultados del "tope a los beneficios" también se pueden percibir en el mercado de trabajo. De 2011 a 2016, el paro bajó de casi un 9% a menos de un 5%. El número de desempleados ha caído en 685.000 personas entre los años 2010 y 2015, generando un aumento de ingresos para rentas medias-bajas que redujo la tasa de desigualdad de 33,7 a 32,4 puntos (Coeficiente Gini).

Una reforma exitosa

El "tope a los beneficios" contempla que una familia media que reside en Londres puede recibir hasta 23.000 libras al año. Si hablamos de una persona que vive sola, su límite es de 15.000 libras. En el resto de las islas, los techos alcanzan, respectivamente, 20.000 y 13.400 libras por ejercicio.

Cuando se introdujo el "tope a los beneficios", el nivel máximo de ayudas era de 26.000 libras para las familias residentes en Londres, con 18.200 libras para los solteros. Por tanto, no hablamos de un techo estático sino de un límite que se va ajustando a la baja.

Las encuestas de opinión publicadas a mediados de 2013, tras varios años de funcionamiento del "tope a los beneficios", apuntan a un amplio respaldo social hacia esta reforma, que cuenta con el aplauso del 73% de los británicos. Liberal-demócratas y laboristas apoyan esta medida de los conservadores, aunque el éxito a medio y largo plazo solo puede venir de seguir perfeccionando el programa, esta vez con Theresa May como primera ministra.

Estonia esquivó la crisis con ajustes del 9% del PIB

Entre los años 2000 y 2008, el PIB de Estonia crecía a un ritmo medio del 7%. Este acelerado ritmo de desarrollo elevó del 45% al 67% la convergencia del PIB per cápita con la media de la Unión Europea. Durante la primera mitad de este periodo de boom, el crecimiento era equilibrado y alto, con niveles reducidos de inflación, creación sostenida de empleo, subidas salariales en línea con la productividad creciente… Pero, en la segunda parte de este periodo, los fundamentales del desarrollo de Estonia se deterioraron, al hilo de un boom crediticio que disparó del 40% al 110% los préstamos en circulación y duplicó el empleo en el sector inmobiliario.

Las cuentas públicas de Estonia habían mantenido una posición fiscal muy responsable en los años previos a la Gran Recesión. En 2006 y 2007, el superávit fiscal superó el 2,5%. Esto había permitido reducir la deuda pública por debajo del 5% del PIB. Sin embargo, el cambio a peor de la economía mundial a partir de 2008 golpeó duramente a Estonia y transformó el superávit en un déficit cercano al 3% del PIB.

El cuadro para 2009 era desolador. La caída del PIB iba a rondar el 14% y a esto se sumaban otros factores que empeoraban el cuadro fiscal, como el aumento del gasto ligado a la subida del paro o el deterioro de la recaudación fiscal. Las proyecciones oficiales anticipaban un escenario de déficit del 10% del PIB que habría resultado insostenible para una pequeña economía como la de Estonia. Por este motivo, se introdujeron medidas de ajuste por un monto cercano al 9% del PIB. Para poner este dato en perspectiva, un ajuste la mitad de intenso permitiría eliminar el déficit público en España.

El plan de ajuste

El grueso del esfuerzo se canalizó vía recortes de gasto. Estonia hizo un hondo ejercicio de austeridad pública que incluyó las siguientes medidas:

  • Reducción del 10% en los salarios de los funcionarios.

  • Recorte del 20% en la retribución de cargos públicos y asesores.

  • Ajuste del 7-8% en el presupuesto de todos los ministerios, incluyendo Sanidad, Educación...

  • Reforma de las pensiones mediante la aplicación de un nuevo factor de sostenibilidad.

  • Congelación del gasto en nuevos proyectos de infraestructuras.

  • Cierre de empresas estatales, duplicidades administrativas, entes públicos…

  • Privatización de activos inmobiliarios controlados por el Estado.

  • Reducción significativa de las subvenciones.

Pero no todo el ajuste se volcó por la vía de la reducción del gasto. Hubo subidas fiscales como la del tipo general del IVA, que pasó del 18% al 20%. También aumentó el tipo reducido, que subió del 5% al 9%. Además, se eliminaron deducciones en el IRPF, se subieron los impuestos aplicados al consumo eléctrico y se aumentaron las retenciones a las rentas del trabajo que financian las prestaciones por desempleo.

Poco a poco, las cuentas públicas de Estonia se han ido equilibrando. Del déficit del 2,7% del PIB registrado en 2008 se pasó al superávit del 0,2% del PIB logrado dos años después, en 2010. Desde entonces, los números rojos jamás han superado el 0,3% del PIB y la proyección apunta hacia un superávit cercano al 1,5% del PIB a finales de la presente década.

Un país de impuestos bajos

La carga fiscal llegó a subir del entorno del 31% del PIB a niveles superiores al 35% del PIB, pero se ha reducido progresivamente entre 2012 y 2016, recuperando ya los niveles previos a la crisis.

En el IRPF, Estonia aplica un tipo único del 20%. Tras el desarrollo de este flat tax o impuesto plano en la década de 1990, el pequeño país báltico fue reduciendo el tipo aplicado a las rentas del trabajo, pasando del 26% al 21% entre 2004 y 2014 y adoptando el tramo del 20% en 2015. Estas rebajas se profundizaron a base de aumentar el mínimo exento, que ha pasado de 1.074 euros en 2004 a 2.040 euros en la actualidad.

El efecto expansivo que han tenido las políticas de impuestos bajos ha contribuido a aumentar la recaudación pese a la rebaja de los tipos fiscales. El IRPF recaudaba 200 millones en 1994 frente a los 600 de 2004. Una década después, en 2014, los ingresos ya se acercaban a los 1.200 millones de euros.

Con el Impuesto de Sociedades se tomó una decisión similar y se adoptó también un flat tax que ha sido reducido hasta alcanzar el 20%. No obstante, la verdadera ventaja que otorga el modelo de Estonia pasa por la forma en que se aplica este gravamen. En la inmensa mayoría de países, Sociedades es una retención aplicada sobre el beneficio de las empresas.

Sin embargo, en Estonia se permite que las compañías retengan intacto el 100% de sus beneficios, para que puedan reinvertirlos, emplearlos para reducir su endeudamiento, etc. Bajo este sistema, el Impuesto de Sociedades se aplica solamente cuando hay una distribución de beneficios que beneficie a personas físicas. Por tanto, en el reparto de dividendos sí que se aplica la tasa del 20%.

Este atractivo sistema ha atraído a empresas multinacionales que han llevado a Estonia parte de su actividad europea. Al hilo de este boom económico, la recaudación generada por este tributo ha pasado de 56,9 millones en 1996 a 199,6 millones en 2006 y 389,4 millones en 2016.

En cuanto a las cotizaciones sociales, el 16% del coste laboral se aporta a un sistema de reparto mientras que el trabajador aporta un 6% adicional en una cuenta de ahorro privado que se introdujo de manera obligatoria para todos los trabajadores nacidos después de 1983 y que también puede utilizarse de manera voluntaria en el caso de ocupados de mayor edad. Este sistema híbrido aumenta el peso de la capitalización, al calor del ejemplo marcado por la reforma de las pensiones que José Piñera impulsó en Chile y otros muchos países.

Sobre el éxodo de la población

Desde que Estonia alcanzó la independencia y se liberó del yugo soviético, miles de personas han hecho las maletas en busca de una vida mejor. Hay quienes han pretendido ligar este fenómeno a las políticas de austeridad, a pesar de que el fenómeno se venía desarrollando desde la década de 1990, mucho antes de la crisis.

De hecho, entre 2014 y 2017 se consolidó un cambio de tendencia histórico que ha resultado en que la inmigración ya está por encima de la emigración. De hecho, el 69% de las entradas de nuevos residentes se explica por el retorno de estonios que habían salido al extranjero en épocas anteriores.

La recuperación

Entre 2011 y 2015, la tasa de paro se ha reducido del 12,6% al 6,3%. Durante el mismo periodo, la tasa de privación material severa ha caído del 8,7% al 4,5%, evidenciando que lo peor de la crisis ha quedado atrás. En cuanto al PIB, los años 2011 y 2012 permitieron recuperar buena parte de la actividad perdida, con datos de crecimiento del 7,6% y del 5,2%. Desde entonces, el PIB avanza a un ritmo más moderado, con tasas del 1,6%, 2,9% y 1,1% en el periodo 2013-2016.

Letonia, el otro modelo de austeridad báltico

Aunque Letonia es una de las economías de la Eurozona que más ha visto aumentar su PIB desde los peores momentos de la crisis, lo cierto es que también fue uno de los países más golpeados por la Gran Recesión, con una caída de su PIB cercana al 25%.

Solamente entre 2009 y 2010, Letonia aplicó un programa de ajuste equivalente al 15% del PIB. Las medidas comprometidas abordaron todos los capítulos de gasto: burocracia, sanidad, educación, infraestructuras… Como el país báltico preparaba su entrada en el euro, en ningún momento se planteó devaluar el lats, por lo que no había alternativa a la "austeridad".

Al contrario de lo ocurrido en España, donde el empleo público sigue en niveles similares a los del comienzo de la crisis, Letonia adoptó una reducción de la plantilla de empleados públicos y redujo un 20% sus salarios. A esto se sumó un ajuste del 30% en los gastos corrientes de los distintos ministerios de la pequeña república del norte de Europa.

El gobierno decretó una caída automática del 10% en las transferencias sociales, reduciendo también un 70% las ayudas "complementarias" que se concedía a determinados trabajadores. Se barajó el posible retraso de la edad de jubilación, que está fijada en apenas 62 años, pero finalmente se descartó esta opción.

Numerosos ministerios se vieron obligados a trabajar bajo el principio del "presupuesto de base cero". Esto significa que, en vez de comparar el gasto del año anterior con el del presente ejercicio, cada departamento estaba llamado a diseñar cómo quería invertir el dinero asignado por el ministerio de Finanzas, cuyo poder de supervisión fue reforzado.

Ahorros en sanidad y educación

Una de las primeras medidas introducidas en el campo sanitario pasaba por reducir el personal ocupado en altas instancias burocráticas que poco o nada aportan a la prestación cotidiana de los servicios de salud. En la vecina Estonia, las altas esferas del ministerio de Salud ocupaban a unos 400 funcionarios, mientras que la cifra observada en Estonia era superior a 1.500 trabajadores. El ajuste decretado fue del 44%.

El Banco Mundial jugó un papel relevante a la hora de facilitar la reducción del gasto sanitario. Para ser precisos, sus técnicos diseñaron un plan de optimización de la red de hospitales que incluía el cierre de 35 centros. Las plantillas también se redujeron, con una caída del 8%. Sin embargo, las evaluaciones del Banco Mundial confirman que las medidas no redujeron la calidad del sistema. De hecho, los datos de desempeño sanitario se han mantenido e incluso han mejorado, ya que el grueso de los ajustes se concentró en eliminar estructuras burocráticas ineficientes.

En cuanto a la educación, se introdujo un sistema de elección que permitió a los padres elegir a qué centros querían enviar a sus hijos. El ministerio tenía claro que "la reorganización permite optimizar la educación, bajo el principio de que el dinero debe seguir al alumno. Por tanto, los fondos se asignarán a las escuelas dependiendo del número de alumnos que atraigan".

Esta estrategia permitió eliminar el 12% de los colegios y también abrió la puerta a reducir un 14% el número de funcionarios y trabajadores públicos del ministerio de Educación. Bajo el nuevo sistema, el número de alumnos por profesor subió de 7/1 a 12/1 pero los resultados académicos no solo no experimentaron un deterioro, sino que incluso mejoraron levemente.

De 90.000 a 65.000 empleados públicos

Las auditorías del gobierno llegaron a identificar 924 áreas de actuación en las que estaban interviniendo los distintos niveles de las Administraciones Públicas. Sin duda, había margen para reducir el peso del Estado y dejar un mayor ámbito de actuación al mercado.

En los peores momentos de la crisis, Letonia cerró 75 empresas públicas y redujo un 65% el total de organismos controlados por las Administraciones Públicas. Si a finales de 2008 había 90.000 trabajadores a sueldo del Estado, a mediados de 2010 esta cifra había caído por debajo de los 65.000.

Pero el gobierno letón se aseguró de ejecutar estos recortes en línea con objetivos de eficiencia. Cada plan de ajuste introducido en los distintos ministerios fue de la mano de una mejora de la política de recursos humanos que, tras las auditorías de rigor, permitió reducir plantillas sin dañar la calidad del servicio público, que de hecho ha mejorado su puntuación en los índices que miden la facilidad que brindan las Administraciones Públicas a los emprendedores.

Letonia también optó por hacer un mejor uso de aquellas partidas de gasto que no se iban a recortar. Por ejemplo, el grueso de los fondos concedidos por la Unión Europea fueron orientados hacia el desarrollo de nuevas empresas. Incluso se llegó a transformar el apoyo comunitario en un fondo de 30 millones de euros cuya gestión fue encomendada a uno de los mejores inversores privados del país. Este proyecto sirvió como lanzadera para una veintena de start ups.

Los referentes liberales del siglo XXI

Durante décadas, Estados Unidos ha sido identificado como el país de referencia a la hora de hablar de la economía de mercado. En consecuencia, las reflexiones sobre el capitalismo se han centrado a menudo en analizar el desempeño del gigante norteamericano. Sin embargo, el paso del tiempo ha puesto de manifiesto el progresivo giro de EEUU hacia un marco menos liberal y más intervencionista.

Así lo acredita el Índice de Libertad Económica en el Mundo. Esta publicación otorga a los países una puntuación de 0 a 100 según su grado de lejanía o cercanía a las tesis del laissez faire. De acuerdo con dicho estudio, la nota obtenida por EEUU ha pasado de 81 a 75 puntos, lo que ha terminado dejando al País del Tío Sam fuera de los diez primeros puestos de la clasificación.

Pero, si EEUU ya no es el principal modelo de referencia, ¿en qué países se fijan los defensores del capitalismo? El Índice de 2016 deja muy bien parados a cuatro países que, hace apenas unos años, no ocupaban puestos tan altos en la tabla. Se trata de Australia, Canadá, Reino Unido e Irlanda.

El canguro liberal

El Índice destaca que "Australia ha conseguido esquivar las recesiones económicas durante los últimos 25 años. Ha hecho un buen uso de sus recursos naturales y se ha beneficiado de un fuerte desarrollo del emprendimiento. Sus instituciones son eficientes y su Justicia funciona con agilidad. Por todo ello, Australia se ha consolidado como un destino atractivo y dinámico para la inversión, al calor de una economía en la que el gobierno apenas interviene en los mercados y la competencia ha ido a más".

Según el informe, "Australia acumula décadas de reformas liberales desde los 80. Se ha flexibilizado el mercado de trabajo, se ha desregulado el sector financiero, se ha facilitado la apertura comercial….". El panorama fiscal es atractivo: el gasto es del 35% del PIB, cifra casi idéntica al endeudamiento público.

El paro en Australia es del 6% y el PIB per cápita es de 41.067 euros. La economía ha crecido al 2,7% durante el último lustro.

Canadá adelanta a EEUU

Aunque Canadá estuvo al borde de la bancarrota hace ahora algunas décadas, el "Vecino del Norte" ha abrazado con éxito el paradigma liberal, hasta el punto de que ha terminado adelantado a EEUU en el Índice de Libertad Económica.

Su sistema financiero capeó la crisis sin "rescate" alguno. La apertura comercial es cada vez mayor: la tasa media de importación apenas alcanza el 1,5%. El mercado de trabajo es flexible, lo que ayuda a crear empleo y reducir el paro. A nivel fiscal, el gasto es del 41% del PIB y el Impuesto de Sociedades ha bajado al 15%. Destaca, además, la calidad de las instituciones: obtienen una nota de 90 en la categoría dedicada a la protección de los derechos de propiedad y una nota de 81 en el apartado que califica la ausencia de corrupción.

El paro en Canadá es del 6,9% y el PIB per cápita es de 39.661 euros. La economía ha crecido de manera estable en los cinco últimos años, con tasas que superan el 2,5%.

El Tigre Celta sigue creciendo

El modelo liberal irlandés sufrió un duro golpe con el estallido de la Gran Recesión. Sin embargo, la isla ha vuelto a sorprender, con una agenda de reformas muy distinta a la que se ha aplicado en el resto de economías europeas que se han visto afectadas por la crisis.

Como destaca el informe, "pese al rescate soberano que negoció Irlanda en 2010 con la Unión Europea y el FMI, la economía se ha recuperado de manera notable en 2013, 2014 y 2015". El documento subraya que se mantiene el Impuesto de Sociedades del 12,5%, en línea con un sistema fiscal que recauda en torno al 28% del PIB.

El paro en Irlanda es del 11,6% y el PIB per cápita es de 43.510 euros. La economía experimentó un espectacular aumento de la actividad en los años que siguieron a la crisis y, de hecho, el crecimiento en 2015 alcanzó el 26%, una cifra récord.

Reino Unido apuesta por menos impuestos

No lo tenía fácil David Cameron cuando llegó al poder. La "herencia" de la Administración Brown, con un déficit desbocado y una agenda económica marcada por el giro a la izquierda del laborismo, dejaba a Reino Unido en una posición delicada. Sin embargo, el regreso al poder de los conservadores se ha saldado con el Reino Unido dentro del "top 10" del Índice de Libertad Económica.

Los tories han apostado por bajar agresivamente el Impuesto de Sociedades, dejándolo en el 20% frente al 28% que marcó el anterior Ejecutivo. También se han dado reducciones en todos los tramos del Impuesto sobre la Renta. El gasto público y el déficit han caído, el Estado ha privatizado diversas compañías y el marco laboral ha seguido caracterizándose por la facilidad para contratar y despedir.

El paro en Reino Unido es del 6,3% y el PIB per cápita es de 34.920 euros. La economía ha crecido al 1,7% entre 2010 y 2015.

Reglas de gasto, el candado que apuntala las reformas liberales

Mucho se ha discutido sobre la reforma express del artículo 135 de la Constitución Española que dio pie a la adopción de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, lo cierto es que la adopción de este nuevo marco institucional se enmarca dentro de una tendencia generalizada hacia este tipo de reglas de gasto.

Paula Fernández-Wulff ha repasado para FEDEA otros casos de países en los que se han introducido límites constitucionales al gasto público. El primer ejemplo de referencia es Suecia, ese país al que tanto se alude a la hora de proponer un "modelo económico" alternativo. En realidad, el país escandinavo diseñó hace dos décadas una serie de reformas que recuerdan a la introducida en España hace cinco años. Al margen de Suecia, también hay otros ejemplos dignos de mención como los de Suiza y Chile.

La reforma sueca

La reforma sueca empezó en 1994, con la aprobación de "techos de gasto" que, aplicados a medio plazo, conducían a las Administraciones hacia el superávit fiscal, con un objetivo de referencia equivalente al 1% del PIB. Apenas cuatro años después, la reforma daba sus primeros frutos y el presupuesto abandonaba los números rojos. Cabe señalar que los "techos de gasto" se fijan en términos nominales y no reales, lo que exige un mayor esfuerzo de austeridad a los gobernantes.

Cada año, el ministerio de Hacienda presenta los presupuestos anuales que contemplan la evolución del "techo de gasto". A continuación, un organismo independiente evalúa estos planes y se asegura del rigor de los mismos. Una vez dicho consejo da "luz verde" a los presupuestos y certifica que no dañan la salud fiscal de las Administraciones Públicas suecas, el Parlamento toma la palabra y vota los presupuestos.

A mediados de la década de 1990, la deuda pública sueca rondaba el 70% del PIB. Sin embargo, en el año 2000 ya había caído al 51,3% y en 2015, a pesar de la crisis, había seguido cayendo hasta situarse en el 44,1%. La proyección a medio plazo es positiva y está previsto que el endeudamiento caiga al 38,9% del PIB antes de 2020.

El 'freno a la deuda' suizo

El segundo ejemplo digno de mención es el "freno a la deuda" aprobado a comienzos del siglo XXI en Suiza. La regla en cuestión permite que se incurra en escenarios de déficit presupuestario, pero solo a corto plazo. En el medio plazo, la regla exige compensar los "números rojos" en los que se haya podido incurrir, de manera que, a largo plazo, el balance final será siempre positivo en términos de control del endeudamiento.

El "freno a la deuda" está codificado en el artículo 126 de la Constitución. En virtud de esta norma, cualquier propuesta sobre la evolución del gasto debe ir siempre vinculada al nivel de ingresos disponible. Por tanto, no se pueden plantear nuevos programas de gasto sin proponer también los ajustes de gasto o los aumentos de la recaudación que aseguren que la posición fiscal neta no va a empeorar.

Bajo el modelo suizo, le corresponde al Parlamento la tarea de asegurar el cumplimiento del "freno a la deuda". En cada una de las dos cámaras legislativas se constituyen distintos comités de legisladores encargados de hacer el seguimiento correspondiente. Cada año, se realizan dos cálculos de salud fiscal: uno con la aprobación de los presupuestos y otro con la ejecución de los mismos.

En el año 2002, la deuda pública suiza rondaba el 60% del PIB. Sin embargo, en 2015 ya se había reducido al 45% y en 2020 previsto que se reduzca cinco puntos más, hasta ubicarse en el entorno del 40% del PIB. Desde la entrada en vigor del "freno a la deuda", todos los años fiscales se han saldado con una reducción más o menos grande de la deuda pública.

Libertad económica en la Europa del 'Brexit'

La red europea de think tanks EPiCENTER publicó a mediados de 2016 un informe del economista sueco Alexander Fritz Englund que evalúa la relación entre la pertenencia a la Unión Europea y la evolución grado de libertad económica de los 28 países miembros.

Según el estudio de EPiCENTER, "un análisis econométrico de la evolución de los países miembros en el Índice de Libertad Económica apunta que formar parte de la UE va de la mano con un aumento de la libertad económica". Los resultados están controlados, para aislar posibles distorsiones (crecimiento del PIB, grado de democratización…), y arrojan conclusiones que el autor define como estadísticamente significativas.

Fritz Englund explica que "por un lado, el Mercado Único y la firma de acuerdos comerciales con otras áreas económicas aumentan la libertad económica", aunque otros elementos como la Política Agraria Común o determinadas regulaciones comunitarias tienen el efecto contrario.Por tanto, se trata de extraer conclusiones tras evaluar lo positivo y lo negativo.

Pues bien, como muestra la siguiente gráfica, tanto los países que entraron en la UE antes de 2004 (línea roja) como los que lo hicieron después (línea azul) han mejorado su posición en el Índice de Libertad Económica. La convergencia del segundo grupo de países con el primero fue acelerada, a raíz del impulso liberal que experimentaron las antiguas repúblicas soviéticas a lo largo de los años 90 y de comienzos del siglo XXI. Sin embargo, tanto el primer como el segundo grupo de países han sufrido un repliegue de su libertad económica entre 2005 y 2015, principalmente a raíz de los efectos de la crisis.

En las dos gráficas que siguen podemos ver una barra central que divide en dos etapas la nota obtenida en el Índice de Libertad Económica. A la izquierda se ve la calificación recibida en los años previos y a la derecha la obtenida después de la adhesión. En ambos casos podemos ver que la entrada en la UE va de la mano con un aumento de la libertad económica que, de hecho, se empieza a desarrollar en los años previos, conforme los países van ajustando su economía para cumplir con los criterios de convergencia, que exigen menos déficit, menos deuda, menos inflación, menos proteccionismo, etc.

Según el estudio de EPiCENTER, la entrada en la UE acarrea un aumento de 0,7 puntos en el Índice de Libertad Económica, cuya escala de evaluaciones va del 1 al 10. La mejoría es de 0,5 puntos en cuanto al tamaño del Estado (gastos e ingresos), 0,2 en cuanto a las instituciones del Estado de Derecho (Justicia y derechos de propiedad), 1,4 en cuanto a la estabilidad monetaria, 1 en cuanto a la apertura comercial y 0,6 en cuanto a la regulación.

El documento añade que "esto no significa que Reino Unido vaya a perder libertad económica por salir de la UE: dependerá de las decisiones que tomen sus legisladores. De igual modo, en clave europea puede aumentar la libertad económica en la medida en que los países miembros eliminen barreras comerciales, levanten el "mínimo obligatorio" del 15% en el IVA, etc.".

Liberalizar y no morir (políticamente) en el intento

¿Qué panorama electoral enfrentan los gobiernos que se comprometen con una agenda reformista basada en reducir el intervencionismo y liberalizar los mercados? ¿Es compatible la adopción de grandes cambios y ajustes con la reelección política que asegura la continuidad de las reformas?

Jean-Claude Juncker lideró el gobierno de Luxemburgo entre 1995 y 2013, ocupando además la cartera de Finanzas de su pequeño país entre 1989 y 2009. En 2014 se convirtió en presidente de la Comisión Europea. Hablamos, por tanto, de un político que ha demostrado capacidad de liderazgo a lo largo de los años. Sin embargo, Juncker ha reconocido públicamente que adoptar grandes reformas resulta complicado por los incentivos que introduce la dinámica política. De hecho, en el año 2011, Juncker declaró en plena crisis de la Eurozona que "todos sabemos lo que hay que hacer para salir de la crisis, pero lo que no sabemos es cómo salir reelegidos después…".

¿Qué hay que hacer, entonces, para que las grandes reformas estructurales tengan éxito y salgan adelante con el suficiente respaldo social? Aunque la respuesta no está claro, hay una incipiente literatura sobre el impacto de las reformas liberales en las perspectivas electorales de los gobiernos.

William Tompson ha respondido a esta pregunta analizando veinte casos de grandes reformas adoptadas en economías de la OCDE. Su conclusión es que las grandes reformas exigen liderazgo político, buenas estrategias de comunicación, estudios que respalden los cambios propuestos y, por encima de todo, una narrativa que vincule una y otra vez la adopción de las reformas al mandato recibido en las urnas por parte de los votantes.

Por su parte, Marco Buti, Alessandro Turrini, Paul Van den Noord y Pietro Biroli han estudiado esta cuestión refiriéndose a más de veinte países desarrollados. Su conclusión también es razonablemente optimista: el miedo de los políticos a tomar medidas de gran calado no está respaldado por la evidencia. Según Buti, Turrini, Van den Noord y Biroli, los electores no castigan a los gobernantes que se atreven a introducir grandes cambios, sobre todo si lo hacen en situaciones de crisis.

La izquierda que liberaliza sale reforzada

De especial interés resultan los trabajos de Stefan Fölster y Nima Sanandaji sobre la introducción de reformas liberales en la OCDE a lo largo del periodo comprendido entre finales de la década de 1990 y 2012. Entre los gobiernos de izquierda estudiados por Fölster y Sanandaji, las probabilidades de reelección crecen cuando las reformas son más profundas. Parece que el electorado premia a aquellos políticos de izquierda que son pragmáticos y apuestan por más libertad económica como palanca para generar la riqueza que permite financiar políticas de sello socialdemócrata. Por otro lado, para los partidos de derecha, Fölster y Sanandaji concluyen que lo más recomendable es aprobar reformas graduales. Parece que un vuelco demasiado brusco en el grado de libertad económica del país arroja en la mayoría de los casos analizados una menor probabilidad de reelección.

El investigador Paolo Mauro, uno de los académicos más citados del mundo en el campo de los estudios fiscales, sostiene que las reformas liberales no resultan necesariamente perjudiciales desde el punto de vista político. Algo similar explica Alberto Alesina, otra eminencia en este campo. Según sus trabajos, casi el 65% de los grandes programas de ajuste resultan en reelección. Eso sí: Alesina advierte que las reformas y ajustes tienen buen resultado político (y económico) cuando se vuelcan por el lado de la reducción del gasto, mientras que otorgar un peso mayor al aumento de los ingresos arroja efectos negativos.

Libertad económica en España: retos pendientes1

Tras dos décadas de crecimiento, la crisis financiera de 2008 golpeó a España con dureza. Salieron a la luz las debilidades institucionales y las distorsiones estructurales de una economía que había relajado su agenda reformista tras un fuerte impulso que había estado ligado a la entrada a la Unión Europea y la Eurozona.

Al igual que en Estados Unidos y otros países, el boom crediticio observado a principios de la década del 2000 alimentó una burbuja inmobiliaria que estimuló la demanda, el empleo y los ingresos públicos. Sin embargo, una vez estalló la Gran Recesión, ese insostenible modelo de desarrollo se cayó como un castillo de naipes. Desde entonces, los precios de la vivienda han vuelto lentamente a niveles más razonables, con una caída del 45 por ciento en términos reales.

Entre tanto, el desempleo ha llegado a niveles insostenibles, alcanzando un pico por encima del 25 por ciento en 2012-2013. Además, la deuda pública creció del 40 al 100% del PIB, al calor de unos ingresos fiscales menguantes, un déficit público excesivo y una total falta de disciplina presupuestaria en el sector público.

El rescate al sistema financiero, que llegó a contar con ayuda del resto de socios europeos, reveló la debilidad de las entidades controladas por los políticos. Así, mientras la banca privada demostró cierta resistencia en un contexto de notable estrés, las cajas de ahorro se desmoronaron, pasando de alrededor de 50 a menos de 10 entidades.

En los últimos cuatro años, diversos ajustes estructurales han reforzado las perspectivas para la recuperación. La libertad económica, sin embargo, permanece estancada en niveles inferiores a los observados antes de la crisis. Son necesarios, por tanto, más esfuerzos encaminados a liberalizar la economía y estimular su competitividad y dinamismo.

Un Estado demasiado grande

Cuando el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista (PSOE) inauguraron la legislatura que arrancó en 2008, la agenda gubernamental ante la crisis consistía en negarla, a pesar de que todos los indicadores macroeconómicos alertaban del fuerte deterioro de la economía. Finalmente, el Ejecutivo pasó a la acción, pero en lugar de afrontar la compleja situación fiscal del país con recortes de gasto, recurrió a medidas de estímulo que no hicieron más que empeorar la situación.Finalmente, en 2010 se introdujeron algunas tímidas medidas de austeridad (incluían un recorte del 5 por ciento a los salarios de los funcionarios o una congelación de las pensiones) pero el grueso del ajuste recayó sobre los hombros de los contribuyentes, a través de aumentos en IRPF, IVA, Sociedades...

A finales de 2011, la llegada al gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular (PP) supuso la puesta en marcha de un plan de reducción del déficit más agresivo, si bien los recortes en el gasto fueron inferiores a las subidas de impuestos. De hecho, entre 2012 y 2013, el Ejecutivo popular aprobó una treintena de alzas fiscales.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, el impacto de todas las subidas tributarias aprobadas desde que empezó la crisis asciende a más de 50.000 millones de euros, un 5% del PIB. Esta importante subida del esfuerzo fiscal supone un importante freno para el crecimiento. También es importante destacar que numerosos gobiernos regionales siguieron una agenda muy parecida, aumentando impuestos y tasas en 120 ocasiones diferentes. Además, los Ayuntamientos aprobaron incrementos significativos de los tributos municipales, lo que condujo a un aumento del 40 por ciento en los ingresos recaudados por IBI y tasas.

Las reformas fiscales acometidas entre 2014 y 2016 por el gobierno popular han empezado a corregir esta situación. Sin embargo, los impuestos siguen consumiendo el 38 por ciento de la renta nacional y recaen, además, sobre una base fiscal más reducida (debido al elevado desempleo y al peso de la economía sumergida). Mientras tanto, el sector público sigue gastando alrededor del 44 por ciento del PIB.

Con un déficit presupuestario cercano al 6 por ciento del PIB en 2014 y al 5 por ciento del PIB en 2015, queda claro que es necesaria una nueva ronda de consolidación presupuestaria. Además, la deuda pública se sitúa cerca del 100 por ciento del PIB y supone una factura de 60.000 euros por ocupado. Por tanto, cuanto antes ponga fin España a su déficit público, mejor. De especial importancia para este reto es controlar el gasto de los gobiernos regionales.

La amenaza del populismo a los derechos de propiedad

En general, los derechos de propiedad están razonablemente bien protegidos en España. Sin embargo, en los últimos años, algunos políticos han respaldado abiertamente la expropiación de las propiedades de los bancos. Y lo que es más preocupante, los derechos de propiedad están amenazados por el ascenso de Podemos, un partido populista y comunista que consiguió el 22% de los votos en las Elecciones Generales de diciembre de 2015.

De hecho, el programa de Podemos hace un llamamiento a la expropiación de determinados activos de los bancos y también plantea la posible nacionalización de ciertos sectores.Mientras tanto, los escándalos de corrupción siguen menoscabando el respeto por el Estado de Derecho.

Los partidos políticos son vistos por la opinión pública como las instituciones más afectadas por la corrupción, siendo la financiación de las campañas el principal punto de desconfianza. Esto ha perjudicado el resultado electoral de PP y PSOE. Además, líderes de Podemos se han visto envueltos en escándalos relacionados con dinero proveniente de los chavistas venezolanos.

Mantener y mejorar la reforma laboral

La principal razón para que la tasa de desempleo haya superado el 20 por ciento en diversos momentos de las tres últimas décadas es la excesiva rigidez de la ley laboral española. Esta legislación ha fomentado un sistema desigual, ya que protegía a algunos puestos de trabajo a tiempo completo a costa de un escenario mucho más desfavorable para los trabajadores a tiempo parcial.

A esto sumamos otros dos problemas: la flexibilidad salarial ha estado muy limitada por el excesivo peso de la negociación colectiva y los costes de despido se han situado históricamente entre los más altos de Europa. Los jóvenes fueron los que más han sufrido las consecuencias de este sistema, con tasas de paro que superan el 50 por ciento.

La reforma laboral de 2012 introdujo más flexibilidad en el mercado laboral. Ha bajado notablemente el alcance de la negociación colectiva, lo que facilita los ajustes salariales y ayuda a mantener el empleo sin despidos. Además, el abaratamiento del despido anima la contratación indefinida y, de hecho, en los dos últimos años se ha creado un millón de nuevos empleos. España ha mejorado su posición en el índice Doing Business del Banco Mundial, pasando del puesto 39 al 33 entre 2007 y 2015.

Todo lo anterior debe empujar al próximo gobierno a mejorar y ampliar la reforma laboral. Pero también queda mucho por hacer en otros campos. Por ejemplo, la Ley de Unidad de Mercado es crucial para reducir la burocracia y facilitar el desarrollo empresarial. Además, el modelo fiscal de regiones como Madrid, donde las rebajas de impuestos están a la orden del día, debe ser emulado por el resto de territorios para generar un clima más favorable para empresas y trabajadores.


1 He escrito este epígrafe en colaboración con James Roberts, investigador de la Fundación Heritage.

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