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La Ilustración Liberal

América Latina

España, Europa y la “posición común” sobre Cuba

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Los vínculos de todo tipo que desde la independencia de Cuba unen a este país con España son incomparables con los que la isla tiene con los países europeos hasta el punto que lo que algunos siguen llamando el contencioso o el problema cubano se inscribe a veces en el ámbito de la política doméstica por la intensidad y pasiones que sigue provocando en la opinión pública española.

Esto ha sido así desde que en 1959 Castro tomó el poder en La Habana y aunque obviamente durante la dictadura del general Francisco Franco las relaciones hispano-cubanas tuvieron característica diferentes de las vigentes durante la transición democrática (1977-1996), también entonces estuvieron teñidas de una emotividad incomparable con las que eran comunes en otros países europeos.

Franco fue relativamente inmune a las presiones externas para que rompiera toda relación con el régimen castrista y suspendiera cualquier contacto comercial, político o social en una prueba de afirmación nacionalista por un lado y de autonomía exterior que el propio Castro paradójicamente reconoció hace algunos años afirmando que el dictador había sido "muy decente" con su régimen.

A efectos de limitar el contenido y la extensión del presente trabajo no voy a referirme al estado y rumbo de las relaciones hispano-cubanas durante los primeros años de la transición democrática española cuando presidían los diversos gobiernos primero Adolfo Suarez (1996-1981) y Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982) y después, durante trece años Felipe González (1983-1996).

El presente análisis se inicia en los últimos meses de 1995 cuando el entonces jefe de la oposición al crepuscular gobierno de Felipe González, presentó un libro del disidente y escritor cubano Carlos Alberto Montaner titulado Cuba hoy y editado por FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), un centro de pensamiento del Partido Popular.

En aquella ocasión, José María Aznar, a quien acompañaba el novelista Mario Vargas Llosa, anunció que si su partido llegaba al gobierno se distanciaría de cualquier proyecto que ayudase al régimen cubano a mantenerse y que apoyaría con el mayor énfasis todos aquellos proyectos que ayudasen a promover el respeto a los derechos humanos y la libertades en Cuba.

En marzo de 1996 el Partido Popular (centro-derecha) ganó las elecciones legislativas y formó gobierno en lo que se consideró el primer ejemplo de alternancia en la joven democracia española. El régimen cubano no disimuló el malhumor que esta victoria electoral le provocó y los medios de comunicación lo reflejaron nítidamente. Castro supuso -y no se equivocaba- que Aznar implementaría una nueva política hacia Cuba, distinta de la que hasta entonces habían desarrollado Felipe González y el partido socialista español.

El año en que José María Aznar asumió el gobierno de España se caracterizó por el endurecimiento del régimen cubano tras el derribo (24 febrero 1996) de las avionetas de "Hermanos al rescate" en el espacio aéreo internacional. La firma por el presidente Clinton de la Ley Helms-Burton fue otro de los factores que explican el endurecimiento del régimen cubano y la desaparición de los muy tenues signos de apertura anteriores.

Tanto el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes como el presidente del gobierno, José María Aznar, explicaron a sus interlocutores cubanos en la Asamblea General de Naciones Unidas, primero, y en la VI Cumbre Iberoamericana de Chile, después, cuál era la postura española con respecto al régimen cubano. Se trataba, dijeron, de "tener relación con todos los actores de la realidad cubana" pero sin renunciar a su "compromiso a favor de la democracia y el respeto de las libertades en los países iberoamericanos".

Este compromiso implicaba recordar permanentemente al gobierno cubano la necesidad de un mayor respeto de estos derechos y libertades, la liberación de los presos de conciencia encerrados en las prisiones de la isla y el respeto a la libertad de los miembros de la disidencia interna.

El gobierno español le recordó al entonces ministro cubano de Exteriores, Roberto Robaina y directamente a Castro en Santiago de Chile estas reivindicaciones de forma bilateral y aprovechando también los foros multilaterales como Naciones Unidas y otros.

En el marco de esta política, Aznar y sus colaboradores mantuvieron contactos con los miembros de la disidencia interna como Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos recibido oficialmente por el presidente del gobierno español y el ministro de Asuntos Exteriores que también recibió a destacados miembros de la comunidad cubana en el exilio como Carlos Alberto Montaner, Jorge Mas Canosa, José Ignacio Rasco o Eloy Gutierrez Menoyo. El Canciller español mantuvo también contactos en Madrid con el cardenal de La Habana, monseñor Jaime Ortega, meses antes de la histórica visita del Papa a Cuba.

En la Declaración de Viña del Mar (VI Cumbre Iberoamericana) se consagró el compromiso de los países iberoamericanos a favor de la democracia, el estado de Derecho, el pluralismo político y el respeto de las libertades fundamentales. Castro firmó el documento aunque obviamente ni lo cumplió ni cambió su forma de gobernar.

En la Cumbre Castro y Aznar tuvieron ocasión de contrastar sus diferencias en algunos momentos de forma abrupta cuando ,por ejemplo, el dictador cubano reprochó al presidente del gobierno democrático de España que mantuviera relaciones con "terroristas de la mafia de Miami". Fue entonces cuando Aznar condicionó cualquier avance en las relaciones hispano-cubanas a un cambio democrático con una frase que tuvo cierto éxito: "si mueves ficha, yo moveré también ficha", algo que no agradó en exceso a Castro al que cualquier movimiento da vértigo .

El dictador cubano abandonó Chile convencido de que Aznar era un hueso duro de roer e inició una política de asedio y derribo que todavía hoy dura. La primera represalia del régimen cubano fue la retirada del "placet" al nuevo embajador de España en La Habana, José Coderch, que se atrevió a declarar al diario ABC nada menos que la embajada española estaría abierta "a toda la sociedad cubana".

El régimen cubano y sus unánimes medios de comunicación a su servicio intensificaron a partir de entonces una campaña de insultos, calumnias, descalificaciones y epítetos contra José María Aznar y sus colaboradores. Aznar fue agredido verbalmente por Castro en la Asamblea General de la FAO calificándolo de "caballerito insolente".

Mientras tanto, en España el lobby empresarial (formado esencialmente por empresarios hoteleros y comerciantes que hacen negocios en la isla) inició una campaña secundada adecuadamente por Izquierda Unida (coalición política liderada por el partido comunista español) acusando al gobierno de poner en peligro sus negocios en la isla y actuar en contra de los "intereses de España". El partido socialista, todavía no recuperado de la derrota electoral y a vueltas con un rosario de escándalos por corrupción, estafa y terrorismo de Estado, se unió alegremente a la campaña en el terreno parlamentario.

En diciembre de 1996 el gobierno español promovió la adopción por la UE (Unión Europea) de lo que se conoce como la "Posición Común sobre Cuba".

La adopción de este documento fue el reflejo del fracaso del proyecto de diálogo y cooperación con el régimen cubano que la UE había lanzado meses antes, en diciembre de 1995, en el Consejo Europeo celebrado precisamente en Madrid. En este mandato se sugería la continuación del diálogo y la cooperación con Cuba con vistas a la firma de una Acuerdo de Cooperación económica y comercial durante el primer semestre de 1996.

Cuba era el único país de Iberoamérica que no había firmado un Acuerdo de estas características con la UE a causa precisamente de su situación política y económica. El Vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, visitó Cuba en febrero de 1996 para constatar que el ambiente de inmovilismo y represión política reinante en el país impedían la negociación y firma de este Acuerdo. En la entrevista que Marín mantuvo con Castro al concluir su visita éste le dio a entender que no tenía el más mínimo interés en firmar aquel Acuerdo. Posteriormente le reprochó que la prensa española publicase anuncios por palabras sobre masajes y otras actividades eróticas porque eso "degradaba sobremanera la moral pública" (sic) algo que al parecer preocupa mucho al dictador caribeño.

Marin comunicó a la entonces presidenta del Consejo de ministros de la UE, Susana Agnelli que la Comisión no estaba en condiciones de cumplir el mandato encargado aunque proponía que continuara y se profundizase el diálogo y los contactos con Cuba. En junio de 1996 el Consejo Europeo de Florencia lamentó que las circunstancias política de Cuba no hubieran permitido avanzar en las relaciones con la UE y expresó su confianza de que la evolución política del país permitiese en el futuro re-emprender las negociaciones.

Meses más tarde España elaboró un borrador de lo que podría ser una "posición común sobre Cuba de la UE" estableciendo una línea coordinada de acción política compartida por todos los países miembros de la UE. En un plazo muy breve esta posición fue asumida por todos los países de la UE, enriquecida por aportaciones de los participantes en las reuniones previas a la aprobación del texto.

En el primer apartado de la posición común se indica que el objetivo de la UE en sus relaciones con Cuba es "favorecer un proceso de transición hacia la democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales así como una recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano" Esta transición puede ser pacífica, indica también el texto, si el régimen actual la inicia por sí sólo o hace posible dicho proceso. Y, curándose en salud, añade. "La UE no contempla provocar el cambio mediante la aplicación de medidas coercitivas que tengan por efecto incrementar las dificultades económicas del pueblo cubano", referencia según algunos analistas a la Ley Helms-Burton a la que se opinían y oponen la UE y España porque se ha revelado estéril, ha dado un pretexto a las autoridades cubanas para impedir la apertura política (la UE aprobó un "Reglamento de protección contra los efectos de la aplicación de la legislación extraterritorial adoptada por países terceros" en referencia clara a la Ley Helms-Burton que se completó con una reclamación ante la OCM).

En el segundo apartado de la "Posición común" se dice que "la Unión Europea considera que una plena cooperación con Cuba dependerá de las mejoras en el respeto a los derechos humanos y las libertades políticas, como indicó el Consejo Europeo de Florencia". Posteriormente se enumeran las medidas que la Unión desarrollará para facilitar el cambio pacífico en Cuba. Estas son:

  1. La Union Europea intensificará el diálogo actual con las autoridades cubanas y con todos los sectores de la sociedad cubana a fin de alentar el respeto a los derechos humanos así como avances concretos hacia una democracia pluralista.
  2. La Unión Europea buscará ocasiones -más activamente que hasta el momento- para recordar a las autoridades cubanas, tanto en público como en privado, las responsabilidad fundamentales respecto a los derechos humanos, en particular la libertad de expresión y asociación.
  3. La Unión Europea "alentará la reforma de la legislación nacional en lo referente a los derechos políticos y civiles, incluido el Código Penal cubano y en consecuencia la abolición de todos los delitos políticos y el cese del hostigamiento y castigo a los disidentes".
    La tal reforma del Código Penal está hoy paralizada y la situación ha empeorado considerablemente tras 1996 con la aprobación de la Ley de "reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas" aprobada por la Asamblea del poder Popular y que facilita la represión y encarcelamiento de disidentes y descontentos.
  4. La UE, se lee también en la "posición común", evaluará el desarrollo de la política interior y exterior cubana según las mismas normas que aplica en sus relaciones con otros países, en particular la ratificación y cumplimiento de los convenios internacionales sobre derechos humanos.
  5. Mientras tanto, la UE "sigue dispuesta a proporcionar ayuda humanitaria adecuada a través de los Estados miembros, supeditada a acuerdos previos sobre su distribución, mantendrá y reforzará cuando lo considere adecuado las medidas aplicables actualmente para garantizar la distribución a través de las organizaciones no gubernamentales, las iglesias y las organizaciones internacionales".
  6. La UE "se mantendrá asimismo dispuesta a través de los Estados miembros a llevar a cabo acciones específicas de cooperación económica en apoyo a la apertura económica en curso".


En su cuarto apartado la posición común establece que a medida que las autoridades cubanas progresen hacia la democracia, la Unión Europea dará su apoyo a ese proceso y examinará la utilización apropiada de los medios a su disposición incluyendo:

  • la intensificación de un diálogo político constructivo y orientado hacia resultados concretos.
  • la intensificación de la cooperación y en particular la económica.
  • la profundización del diálogo con las autoridades cubanas a través de las instancias apropiadas para seguir explorando las posibilidades de una futura negociación de un acuerdo económico y de cooperación entre Cuba y la UE sobre la base de las conclusiones pertinentes de los Consejos Europeos de Madrid y Florencia"

La "posición común" preveía también una evaluación periódico (cada seis meses) para constatar los efectos de las gestiones realizadas por la Unión Europea y los avances experimentados en la situación cubana.

El gobierno cubano acusó al español de ser el promotor y autor intelectual de la citada "posición común", algo que por cierto no se hallaba lejos de la verdad y que estaría en la línea de la política exterior española tras la instauración democrática: defensa y promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales especialmente en Iberoamérica.

Para evitar que la crisis planteada a finales de 1996 desembocara en una ruptura tajante de relaciones entre los dos países, el gobierno español nombró un nuevo embajador al cabo de bastantes meses y no interrumpió sus programas de cooperación con Cuba, argumentando que la vacante en la representación diplomática y la suspensión de los programas de cooperación para nada ayudaría a la evolución del régimen cubano y sólo perjudicaría al pueblo.

Los Programas de cooperación técnica y científica ("Programa de Fondo de Expertos", "Proyectos de desarrollo y apoyo al sector de la biotecnología cubana", "Rehabilitación del Acueducto Albear","Cursos de formación", etc) se mantuvieron y todavía hoy están activados. Lo mismo cabe decir de la cooperación humanitaria que consiste básicamente en el envío con periodicidad anual de ayuda alimentaria (leche en polvo) y medicamentos para su distribución entre niños y ancianos con arreglo a las peticiones que anualmente hace el gobierno cubano y en la cuantía que lo permite el presupuesto destinado a tales menesteres.

En cuanto a la cooperación cultural, la apertura de un Centro Cultural de España en La Habana constituyó todo un acontecimiento tras las trabas impuestas por el régimen en los últimos años. El Centro funciona regularmente en la actualidad aunque con las limitaciones que pueden suponerse en una dictadura para quien la cultura, cualquier cultura, siempre es sospechosa o subversiva.

En el marco del "Programa de Preservación del Patrimonio Histórico de Iberoamérica", se han llevado a cabo varios proyectos como la restauración del convento de San Francisco o el "Plan Maestro de La Habana Vieja".

Varias organizaciones no gubernamentales españolas, por su parte, trabajan regularmente en Cuba a cuenta de los fondos de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional.

En cuanto a las relaciones económicas y financieras han alcanzado una intensidad creciente en los últimos años pese a que no existe un marco legal bilateral en el ámbito económico, apenas un Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones" firmado en 1994.

La presencia empresarial española se incrementó notablemente a raiz de la caída del bloque socialista y la profunda crisis que desencadenó en la economía cubana. Tanto en el sector turístico como en el industrial existe en la actualidad una importante presencia española. Cadenas hoteleras como Sol, Tryp, Iberstar, Riu, operan varias decenas de hoteles e instalaciones turísticas en toda la isla y grandes empresas privadas o públicas como Endesa, Tabacalera, Telefónica y muy recientemente Renfe, están instaladas en lo que algunos califican como un gran "mercado de futuro".

A modo de ejemplo hay que resaltar que el 40% de las empresas mixtas (cubano-extranjeras) tienen particupación española. En cuanto a inversiones, el 30% de la inversión externa total es también española.

Un problema de importancia y preocupante para el gobierno español es el problema de la deuda cubana que supera los 150.000 millones de pesetas (unos 800 millones de dólares USA) con un fuerte componente de impagos y atrasos. Esta deuda se caracteriza por su rápido crecimiento (entre 1982 y 1997 tuvo un incremento del 350%), su falta de proporción (con una población de 11,1 millones de habitantes, Cuba tiene una deuda análoga a países como Colombia que le triplica en población) y la acumulación de atrasos e impagos. El actual gobierno de centro-derecha acusa a los sucesivos gobiernos socialistas (1983-1996) de haber dado prueba de una tolerancia dolosa en este tema.

Los operadores comerciales y financieros más optimistas aseguran que en los próximos meses se asistirá a un nuevo repunte de la actividad comercial e inversora española en Cuba. Otros analistas aseguran que los actuales niveles se mantendrán o pueden incluso reducirse, depende del rumbo político y económico del régimen castrista.

Las que están prácticamente congeladas son en cambio las relaciones políticas entre ambos países. Entre 1996 y hoy se multiplicaron las dificultades y enfrentamientos entre los dos gobiernos pese a los esfuerzos de José María Aznar por establecer un statu quo amable con el régimen cubano concretado por ejemplo, en un amago de reconciliación en octubre de 1998 cuando Castro visitó Madrid y se entrevistó con Aznar en el Palacio de la Moncloa.

Durante un año, Aznar hizo de tripas corazón e intentó reducir al mínimo los roces con Castro para facilitar que pudiera celebrarse sin incidentes en La Habana la Cumbre Iberoamericana, algo a lo que varios países iberoamericanos se oponían dadas las características totalitarias del país anfitrión.

Fue precisamente durante esta Cumbre cuando de nuevo estallaron las hostilidades. Aznar declaró dos días antes de iniciarse la reunión que veía poco posibles los cambios en Cuba mientras Castro estuviera en el poder.

Tanto Aznar como el Rey de España recibieron durante la Cumbre a representantes de la disidencia política, algo que hicieron también otros jefes de Estado y gobierno. Ante la ofensiva verbal desencadenada por la unánime prensa y televisión cubanas, Aznar rehusó encontrarse con Castro.

El régimen cubano molesto porque el gobierno español no accedía a que el rey realizase una visita oficial al país tras concluir la Cumbre se ocupó de que las calles de La Habana Vieja estuviesen prácticamente vacías cuando los Reyes y Aznar paseaban por ellas. Los medios de comunicación españoles interpretaron aquel gesto como un agravio inadmisible a los dirigentes de un país amigo.

La visita oficial de los Reyes a Cuba (el único país de Iberoamérica no visitado por los monarcas españoles) está en la actualidad aplazada sine die.

Pero el enfrentamiento más grave se produjo en noviembre del año pasado (2000) durante la Cumbre Iberoamericana de Panamá cuando Castro rehusó condenar el terrorismo de la organización marxista-leninista e independentista ETA que ha provocado más de un millar de muertos en España durante los últimos años alegando que se trataba de "un asunto interno". El resto de los jefes de Estado participantes apoyaron la resolución.

Durante la reunión de Panamá se produjo un agrio enfrentamiento entre el dictador cubano y el presidente democrático de El Salvador que acusó a Castro de haber entrenado a los guerrilleros marxistas de su país "para asesinar a muchos salvadoreños". La resolución, que Cuba no apoyó expresaba la "firma condena al terrorismo de todos los jefes de Estado de Iberoamérica y dejaba constancia del apoyo y solidaridad al gobierno y al pueblo de España".

Horas después, en Costa Rica, José María Aznar advirtió que la actitud cubana en un asunto tan sensible para los españoles como el terrorismo tendría consecuencias y anunció la reducción de los contactos políticos con Cuba, situación que se mantiene en la actualidad.

Durante la reciente visita de los Reyes de España a la Florida volvieron a repetirse los exabruptos del régimen cubano contra el gobierno español a quien responsabilizó de la reunión que los monarcas celebraron con miembros de la colonia cubana en el exilio entre ellos representantes de la Fundación Cubano-Americana. El periódico Granma acusó por ejemplo, a Aznar, de ser "un mafioso organizador de un plan anticubano" y el ministro de Exteriores, Pérez Roque, acusó a su homólogo español, Josep Piqué, de entrevistarse con "terroristas" en Miami haciendo alusión a la reunión mantenida por el ministro español con representantes del exilio cubano en Miami durante la visita de los Reyes.

Nada apunta a que en el futuro inmediato pueda producirse un vuelco en la situación y que las relaciones hispano-cubanas mejoren en el terreno político. Durante los últimos meses los contactos al más alto nivel se han reducido al mínimo y en un gesto sutil pero que no pasó desapercibido, el gobierno español acaba de relevar al embajador en La Habana, Eduardo Junco, cuya simpatía y admiración hacia Castro y su régimen no eran secreto para nadie.

Para sustituirle se designó un funcionario de perfil mínimo que se ocupará de despachar los asuntos corrientes. Como sucede anualmente se espera que en la próxima Cumbre Iberoamericana (otoño de este año en Lima) vuelvan a saltar chispas ante la actuación de Castro que se ha convertido en la estrella exclusiva de estas reuniones cada dia más grandielocuentes y retóricas.

De vez en cuando el gobierno español lanza una señal mínima de apaciguamiento pero de difícil interpretación. Recientemente, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué -el mismo que había sido acusado por Pérez Roque de connivencia con los terroristas del exilio- se manifestó partidario de que la UE firme acuerdos de asociación con todos los países posibles, también con Cuba porque las posibilidades de la UE de influir en el respeto a los Derechos Humanos en otros países "puede ser mayor con estos acuerdos".

Piqué añadió, sin embargo, a continuación que era partidario de que "la cláusula de derechos humanos" (que limita la firma de cualquier acuerdo al respeto de estos derechos por parte del país con quien la UE trata) se cumpla en la medida de lo posible.

Cuba, recordaron analistas europeos, rechazó el acuerdo de comercio y cooperación que le ofreció la Unión Europea precisamente porque desde 1992 todos los acuerdos con terceros países incluyen una cláusula de derechos humanos.

Lo cierto es que las relaciones hispano-cubanas se deslizan en una especie de paranoia permanente. Políticamente son mediocres por no decir malas. Pero económicamente no lo son tanto y progresan en algunos capítulos espectacularmente.

El gobierno conservador del presidente José María Aznar tiene, desde luego en cuenta la presencia económica, financiera y comercial de España en Cuba. Y si no fuera así, el compacto lobby de empresarios y comerciantes se lo recordaría por via parlamentaria cada semana echando mano del tópico "defensa de los intereses españoles" sin explicar si esos intereses los definen los exportadores de abrelatas, los importadores de tabaco o los operadores turísticos.

Esto explicaría que pese a la inexistencia de contactos políticos de lato nivel entre los gobiernos de La Habana y Madrid todas las semanas visiten Cuba presidentes o consejeros de las Autonomías españolas, dirigentes académicos, científicos, organizaciones empresariales y dirigentes políticos, algunos de ellos militantes precisamente del partido de José María Aznar.

La complejidad y contradicción de estas actividades con loa política exterior emanada del gobierno central español, salta a la vista.

En cuanto a los empresarios, pocos creen que el mito de los fantásticos negocios futuros en un país "virgen" y donde el arbitrio del gobierno facilita las posiciones de ventaja gracias a la planificación central y demás zarandajas, en su gran mayoría consideran que el "filón cubano" no es tal filón y se cuenta con los dedos de una mano las operaciones verdaderamente rentables en un mercado que sigue siendo también una incógnita. Las consideraciones morales (existencia de un mercado de trabajo "esclavo", falta de libertades sindicales y políticas, corrupción rampante, etc) no parecen afectarles demasiado a estos hombres de negocio.

En las relaciones entre Cuba y la UE, el pesimismo es también de rigor en cuanto a la posibilidad de que en el futuro llegue a firmarse un Acuerdo de Cooperación que facilitaría las relaciones comerciales del país con Europa. El gobierno cubano ha rechazado por activa y por pasiva este acuerdo y por parte europea se constata cada seis meses que el régimen cubano no hace el más mínimo esfuerzo para mejorar el respeto a los derechos humanos y las libertades ciudadanas: al contrario, la represión y todo el aparato legal que la sustenta son cada día más feroces.

Castro y sus "amistades particulares" con países tales como Libia, Corea del Norte, Sudán, Argelia, China y otras dictaduras sigue siendo un individuo poco presentable y menos frecuentable en la comunidad internacional, Europa incluida, salvo para la izquierda marginal o institucional, nostálgica de la aventura equinoccial de los guerrilleros en el poder y de una perdida juventud que se intenta reciclar. .

El ingreso de Cuba en los países ACP (Acuerdo de Lomé), casi todos excolonias británicas o francesas no parece haber acercado tampoco al país hacia la UE ni ha constituido como aseguraba pánfilamente el secretario de Estado para Asuntos Europeos español, Ramón de Miguel "la gran palanca para introducir dentro de la sociedad cubana los cambios hacia el pluralismo democrático, el respeto a los derechos del hombre y el buen gobierno".

Dos países europeos, Francia y Suecia (que actualmente preside el Consejo Europeo) se muestran relativamente favorables a una negociación "bajo mínimos" con Cuba para ofrecerle una Acuerdo de Cooperación. Pero el resto de los países de la UE, encabezados por el Reino Unido, España e Italia (sobre todo desde la llegada al poder de Silvio Berlusconi) se oponen a cualquier tipo de concesiones que pueda anular o convertir en papel mojado la "posición común". Por ahora y mientras no haya un cambio espectacular en la isla este documento sigue siendo el único instrumento de la UE para ordenar sus relaciones con Cuba dentro de la llamada PESC (Política Exterior y de Seguridad Común).

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